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Crisis en el sindicato de Policía: el líder intenta relegar a su 'número dos' con la oposición de Jusapol

José María García trata de evitar que el actual Secretario de Organización sea su sucesor cuando se materialice la sanción de 14 meses y medio que le va a imponer la Dirección de la Policía / Jusapol también rechaza la creación de nuevas secretarías

El secretario general de Jupol, José María García, en una concentración.

El secretario general de Jupol, José María García, en una concentración organizada por el sindicato. EP

El secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), José María García, intenta imponer una nueva dirección relegando a su actual número dos y creando nuevas secretarías en vísperas de que la Dirección General de la Policía confirme la sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo que le ha propuesto por la comisión de sendas faltas. El plan es rechazado de plano por Jusapol, la asociación constituida en 2017 para exigir la equiparación salarial y de la que ha nacido el sindicato.

Según ha podido conocer El Independiente, José María García quiere remover a Aarón Rivero de la Secretaría de Organización y colocar en su lugar a otro integrante del comité ejecutivo nacional de su máxima confianza. Sobre el papel, esta persona sería la encargada de sucederle si, como todo hace indicar, la Dirección de la Policía materializa en los próximos días la doble sanción.

Lejos de respaldar la propuesta, Jusapol no autoriza la modificación de la estructura de dirección de su sindicato en el Cuerpo Nacional al no considerar necesario en este momento ni cambiar de responsabilidad a Aarón Rivero ni crear nuevas secretarías. En las conversaciones que vienen manteniendo en las últimas semanas ya le han transmitido a García que esa medida sólo contaría con su aprobación si las bases o los comités provinciales se pronuncian de manera mayoritaria a favor de reforzar el organigrama para fortalecer el trabajo que realiza la organización.

Jusapol rechaza el plan del secretario general de su sindicato y le insta a que convoque una asamblea extraordinaria

Las fuentes han indicado que Jusapol le ha pedido al secretario general de Jupol que convoque una asamblea extraordinaria para que pueda explicar la situación en la que se encuentra por las dos propuestas de sanción que tiene sobre la mesa e informe tanto de las cuentas del sindicato como del estado en que se encuentra la auditoría externa que el código ético obliga a realizar cada dos años. La intención es que en esa reunión se apruebe la celebración de elecciones anticipadas -ordinariamente no correspondería hasta febrero de 2024- para elegir a una nueva dirección debido a la situación sobrevenida por la suspensión del actual líder.

El pasado 14 de abril, la Comisión de Personal y Proyectos Normativos analizó las dos propuestas de sanción que el instructor ha planteado para el subinspector José María García, con plaza en la Jefatura Superior de Asturias pero liberado para tareas sindicales. El castigo está tan sólo a la espera de que firme la resolución la Dirección de la Policía.

Uno de los expedientes sancionadores tiene que ver con la condición de administrador único de Excavaciones y Asfaltos Avilés SL que el hoy secretario general de Jupol mantuvo desde noviembre de 2015 -fecha en que esta empresa asturiana dedicada a la construcción y reparación de carreteras inició sus operaciones- hasta finales de abril de 2018, semanas después de la constitución del sindicato y su nombramiento como secretario general.

García compaginó su trabajo como funcionario policial con dicha responsabilidad mercantil sin que previamente lo hubiera autorizado el Ministerio del Interior, como es preceptivo. El instructor considera este hecho como una falta «muy grave» y ha propuesto que se le sancione con un año de suspensión de funciones.

«Nos informaron mal»

«[La] abrí con mi primo cuando falleció mi padre y a los cuatro meses mi tío, que era hermano de mi madre. El hombre me pidió el favor, miramos en su momento el tema de la incompatibilidad y nos informaron mal. Yo me puse como administrador único. Esa empresa que nunca dio beneficios», ha justificado García. Éste justifica los expedientes como reacción por las querellas interpuestas contra el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

El segundo expediente ha sido por una falta grave, derivada de una «desconsideración» hacia un superior. El episodio tuvo lugar el pasado 16 de septiembre a las puertas del Congreso de los Diputados, donde Jusapol desarrolló una concentración con ataúdes simulados para denunciar la falta de un protocolo antisuicidios mientras el presidente del Gobierno lamentaba profundamente la muerte del preso de ETA Igor González.

«[El secretario general de Jupol] se dirigió a los asistentes, micrófono en mano, haciendo comentarios contra el jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) al mando, por no dejar pasar un camión, del tenor literal siguiente: ‘(…) No tiene usted ni ética, ni honor, ni dignidad ninguna’, volviendo a repetir más tarde ‘No tiene ni ética ni moral’, comenzando los manifestantes a gritar ‘Fuera, fuera, fuera…’. La grabación de estos hechos ha sido publicitada en Youtube y otras redes sociales», describe la propuesta de sanción, de dos meses y 15 días de suspensión de funciones.

No es el único frente que tiene abierto en este momento José María García. Como informó este diario, un afiliado de Jupol ha interpuesto una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y a su secretario general a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados por él desde 2019.

«Dispendio en viajes y comidas»

El demandante acude a los tribunales después de pedir sin éxito la documentación económica al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol, órgano éste que le respondió que no había observado «ninguna incidencia» que justificara su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas -como «dispendios en viajes y comidas» y compra de cuentas bots para «silenciar las críticas y quejas de los afiliados»- al no aportarse ningún indicio que demostrara los hechos relatados.

En el recurso se acusa a José María García de propiciar un cambio de los estatutos para «suprimir los controles económicos y financieros» de la organización y tomar el control de las funciones atribuidas hasta ese momento a la Secretaría de Finanzas. «Desde ese momento es el único que tiene las claves de las cuentas, dispone de los fondos y autoriza los pagos y gastos del sindicato», expone.

A la espera de que se conozcan los resultados de la auditoría que Jupol asegura estar ya realizando, el último ejercicio sobre el que el sindicato ha ofrecido datos económicos es el correspondiente a 2019. Entonces los «gastos de desplazamiento y representación» fueron la tercera partida más gravosa de la organización al suponer el 14,79 % del total (sólo superado por la contratación del seguro de cobertura para sus afiliados y el coste en abogados y asesoría). El sindicato no detalló entonces a cuánto ascendieron sus gastos, tan sólo sus ingresos: 1.322.687,72 euros.

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