España

Un afiliado pide al juez que obligue al líder de Jupol a detallar sus gastos sindicales

El demandante intenta sin éxito desde febrero que le faciliten los gastos realizados con las tarjetas de crédito de la organización por José María García, al que acusa de forzar una modificación estatutaria para "suprimir los controles económicos y financieros"

El secretario general de Jupol, José María García, en una concentración convocada por el sindicato.

El secretario general de Jupol, José María García, en una concentración convocada por el sindicato. EP

Un afiliado de Justicia Policial (Jupol) ha interpuesto una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y a su secretario general, José María García, a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados por su máximo responsable desde 2019.

El demandante acude a los tribunales después de pedir sin éxito la documentación económica al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol, órgano éste que le respondió que no había observado «ninguna incidencia» que justificara su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas -como «dispendios en viajes y comidas» y compra de cuentas bots para «silenciar las críticas y quejas de los afiliados»- al no aportarse ningún indicio que demostrara los hechos relatados.

En la demanda, presentada este martes ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid y a la que ha tenido acceso este diario, se acusa a García de propiciar un cambio de los estatutos para «suprimir los controles económicos y financieros» de la organización y tomar el control de las funciones atribuidas hasta ese momento a la Secretaría de Finanzas. «Desde ese momento es el único que tiene las claves de las cuentas, dispone de los fondos y autoriza los pagos y gastos del sindicato», señala.

En concreto, la reclamación en la jurisdicción civil persigue el acceso a la memoria de las acciones sindicales llevadas a cabo el pasado año, el plan de actuación para 2021, los extractos bancarios de las tarjetas de Jupol que utiliza José María García desde 2019, los contratos firmados por el secretario general en los dos últimos años, los acuerdos por los que se fijaron las dietas y su cuantificación, las transferencias realizadas a las secretarías provinciales, así como el número e identificación de las secretarías del Comité Ejecutivo y la asignación y justificación de los gastos ocasionados por cada una de ellas. Se trata de la misma información que este afiliado venía reclamando desde el pasado 12 de febrero en diversos escritos enviados a la dirección de la organización.

Incumplimiento «flagrante» de transparencia

El demandante considera que el deber de los representantes de Jupol de garantizar la transparencia de su acción sindical ha sido incumplido «de forma flagrante» por la acción «directa y expresa» de su secretario general, al que acusa de haber «patrimonializado» la gestión económica de la organización y haber monopolizado «el acceso a las cuentas y los documentos contables».

«Desde la aparición del movimiento por la equiparación salarial liderado por Jusapol, esta exigencia de transparencia se ha constituido en fundamento de su acción, incorporando en su código ético obligaciones concretas y específicas para su garantía, entre las que, sin duda, está su traslado a los documentos constituyentes del sindicato Jupol, a quien se otorgó su apoyo expreso por esta asunción de obligación de transparencia», expone.

En este sentido, la demanda recuerda que en la web de la organización «no se publica ninguno de los documentos requeridos» para su consulta por parte de la afiliación, por lo que entiende que la dirección de Jupol está desobedeciendo tanto sus estatutos como el código ético que incorporó a su régimen normativo interno. Brazo de la plataforma Jusapol, es la organización con mayor representación en el Consejo de Policía desde las elecciones celebradas en junio de 2019.

El demandante acusa al líder de Jupol de forzar un cambio en los estatutos para «suprimir el control económico»

El punto VI de dicho código ético establece la obligación de desarrollar un portal de transparencia en el que la afiliación pueda consultar «todos los ingresos y gastos de la organización», así como la realización de una auditoría externa «cada dos años». El pasado 9 de abril se cumplieron tres años desde la inscripción del sindicato y aún no se han presentado los resultados de dicho trabajo de comprobación contable.

Como informó El Independiente el pasado 23 de marzo, el portavoz de Jupol aseguró que una compañía externa trabajaba desde hacía «varios meses» en la elaboración de un informe de auditoría y que los resultados se darían a conocer en el momento en que lo recibiera la dirección, al tiempo que dio por seguro que el trabajo pondrá de manifiesto que no se ha incurrido en «gastos superfluos».

Fuentes de Jusapol han reconocido a este diario que también pretenden encargar un informe de auditoría en paralelo al de Jupol -a realizar por otra firma diferente- que alcance también tanto a su sindicato en la Policía como a la asociación profesional en la Guardia Civil (Jucil) a fin de «dar mayor transparencia» a su gestión y «acallar la rumorología». «No tenemos ninguna duda, pero queremos estar vigilantes en el sentido de que se estén haciendo bien las cosas», indicaron.

Gastos de desplazamiento y representación

El último ejercicio sobre el que Jupol ha ofrecido datos económicos es el correspondiente a 2019, cuando los «gastos de desplazamiento y representación» fueron la tercera partida más gravosa del sindicato al suponer el 14,79 % del total (sólo superado por la contratación del seguro de cobertura para sus afiliados y el coste en abogados y asesoría). El sindicato no detalló entonces a cuánto ascendieron sus gastos, tan sólo sus ingresos: 1.322.687,72 euros, cuatro veces más que en 2018 (344.245 euros) al haber empezado a contabilizar las subvenciones que concede el Ministerio del Interior para financiar la actividad sindical y la asistencia a reuniones.

«[José María García] es la única persona que conoce y dispone de los fondos del sindicato. No existe en el organigrama órgano o responsable ajeno e independiente al secretario general que vise, supervise o conforme la firma o disposición de los gastos, desarrollándose desde entonces, por el secretario general, una presentación de cuentas en la Asamblea por partidas generales, sin desglose, ni estudio contable o informe de cuentas», llama la atención el demandante.

La interposición del procedimiento civil tiene lugar en vísperas de que la Dirección General de la Policía resuelva el doble expediente disciplinario instruido a José María García, que, de consumarse en los términos propuestos, estaría suspendido de funciones y sueldo durante 14 años meses y medio. La dirección del sindicato interpreta esta medida como una reacción por las querellas presentadas contra el máximo responsable de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

El expediente que comportaría mayor castigo -un año exactamente- está motivado por el hecho de que el hoy secretario general de Jupol ejerció como socio y administrador único de una empresa familiar -Excavaciones y Asfaltos Avilés SL- durante dos años y medio sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad. El otro es por la presunta comisión de una falta grave derivada de una «desconsideración» hacia un superior, al que, micrófono en mano durante una concentración, acusó de no tener «ni ética, ni honor, ni dignidad ninguna».

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