España

Afiliados de Jupol no reconocen a la gestora y defienden la autoridad del líder apartado

Siete comités regionales y ocho provinciales confirman la fractura interna en el sindicato al posicionarse a favor de José María García en vísperas de que se celebre la asamblea que debe decidir si se le destituye y se convocan elecciones anticipadas

Concentración en apoyo al líder de Jupol celebrada el pasado 14 de abril por los expedientes abiertos por la Policía.

Concentración en apoyo al líder de Jupol celebrada el pasado 14 de abril por los expedientes abiertos por la Policía. EP

Siete comités regionales y ocho provinciales de Justicia Policial (Jupol) no reconocen a la gestora que dirige el sindicato desde principios de mes al entender que se ha constituido «ilegalmente» y proclaman la autoridad de José María García como secretario general, cargo del que ha sido apartado hasta que las bases decidan si es removido del puesto y se convocan elecciones anticipadas. La imputación de gastos «no justificados» por parte del líder ha desencadenado la ruptura.

Como viene informando este diario, cinco de los seis integrantes del comité ejecutivo nacional -todos excepto García- firmaron el pasado 5 de mayo un escrito en el que pedían la celebración de una asamblea extraordinaria para llevar a cabo la reprobación y cese del líder y, de salir adelante, se convocaran elecciones para elegir a la nueva dirección. Desde esa fecha, es una comisión transitoria integrada por los cinco dirigentes ‘díscolos’ la que gestiona el día a día del sindicato.

La idea de apartar al secretario general no cuenta con el respaldo de los comités regionales de Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra, País Vasco, Cataluña y La Rioja, firmantes de un comunicado en el que expresan su total desacuerdo con dicha medida. También se han desmarcado públicamente el secretario de Andalucía Occidental y los comités provinciales de Algeciras (Cádiz), Almería, Ávila, Córdoba, Granada y Jaén, si bien algunos afiliados se están quejando en las redes sociales de que algunas de las adhesiones a José María García -caso de la de Almería- se han formalizado sin consultar previamente a los socios.

Los firmantes aseguran que, tras realizar consultas a «gabinetes jurídicos», no le conceden validez a ninguna de las decisiones que la «autoproclamada» comisión transitoria ha adoptado en las últimas dos semanas al haberse constituido «ilegalmente». En este sentido, esta corriente dice que se ha producido un «incumplimiento» de los estatutos, por lo que amenazan con iniciar acciones legales.

También exigen que se haga público el dictamen en el que el Comité de Garantías, Derechos y Finanzas defiende que se debe «reconocer y reintegrar plenamente» a García en su puesto de secretario general. «No comprendemos las motivaciones que llevan a los miembros de la ‘Gestora’ a ‘secuestrar’ ese dictamen del Comité de Garantías a los 27.000 afiliados de Jupol en toda España», expone.

Decisión «arbitraria y subjetiva»

La comisión transitoria ya informó el pasado 12 de mayo que el presidente del Comité de Garantías -«en una decisión arbitraria y subjetiva»- había pedido la restitución del hasta ahora líder y que se le devolvieran las llaves del vehículo del que disfrutaba y el acceso a las cuentas del sindicato. «Una decisión que no hace más que mostrar que los únicos intereses del hasta ahora secretario general son mantener los privilegios que se atribuyó y los gastos que venía realizando como dirigente del sindicato y que se han detectado recientemente por el resto de miembros de la junta directiva, y que por responsabilidad han precipitado estas actuaciones», reprochaba.

El comunicado firmado este miércoles por 15 comités evidencia la fractura interna que existe en Jupol -mayoritaria en el Consejo de Policía desde las elecciones celebradas en junio de 2018- en vísperas de que se celebre la asamblea en la que se someterá a votación de la afiliación si se descabalga a García y se convocan elecciones o si el secretario general es ratificado y queda desautorizada no sólo la comisión transitoria sino también de la dirección de Jusapol, que abiertamente ha respaldado el proceder de los cinco integrantes del comité ejecutivo de su sindicato en la Policía.

Fractura interna en Jupol: 15 comités se posicionan a favor del hasta ahora líder en vísperas de que la asamblea vote su cese

Las causas de la rebelión contra el secretario general son su modo de gestión personalista y el hallazgo de «gastos no justificados», alejados -según la comisión transitoria- del «espíritu de eficiencia, transparencia y responsabilidad que ha caracterizado al resto de los miembros de la junta directiva de esta organización sindical». En un comunicado enviado a los afiliados, García ha negado que haya cargado a la organización gastos en farmacia, la ITV de su autocaravana y la compra de ropa y entradas de cine, como se le afea.

Esa acusación posiblemente se sustanciará en un procedimiento penal. El pasado lunes, un afiliado presentó una denuncia ante los juzgados de Móstoles contra José María García y Jupol al entender que aquél ha utilizado presuntamente dinero de la organización para «fines personales». El denunciante dio este paso después de que un representante provincial del sindicato le asegurara telefónicamente que el comité ejecutivo nacional había revisado los gastos del secretario general y habían descubierto pagos «no autorizados».

Se trata del mismo afiliado que ya interpuso una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y al ahora suspendido secretario general a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados desde 2019. El sindicato sigue sin dar a conocer lo resultados de la auditoría externa bimestral, a la que le obliga su código ético.

El demandante acudía a los tribunales después de pedir sin éxito la documentación económica al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol, órgano éste que le respondió que no había observado «ninguna incidencia» que justificara su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas -como «dispendios en viajes y comidas», alquiler de un coche de alta gama y compra de cuentas bots para «silenciar las críticas y quejas de los afiliados»- al no aportarse ningún indicio que demostrara los hechos relatados.

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