El sindicato Justicia Policial (Jupol) propondrá a sus afiliados a finales de mes una modificación de sus estatutos que, de ser aprobada, permitirá a las personas que ocupen cargos en la organización no tener que renunciar si son imputados -como ocurre en la actualidad- sino cuando resulten condenados por la comisión de un delito derivado de su función sindical.
La organización mayoritaria en la Policía Nacional ha convocado una asamblea nacional extraordinaria el próximo 31 de mayo en Madrid en la que, entre otros puntos, la actual dirección expondrá la situación económica y someterá a aprobación las cuentas correspondientes a los ejercicios económicos 2020 y 2021. El otro punto relevante en el orden del día es el cambio de la normativa reglamentaria y organizativa.
La modificación estatutaria que se someterá a discusión afecta a varios artículos de la versión actual, que vino a suavizar algunas de las restricciones incluidas inicialmente en su código ético. Ese cambio se aprobó en enero de 2020, cuando Jupol hacía siete meses que se había convertido en el principal sindicato representativo en el Cuerpo Nacional tras obtener 8 de los 14 vocales en liza en las elecciones celebradas a mediados de junio de 2019.
A 13 meses de los comicios en los que la organización aspirará a seguir siendo primera fuerza, la afiliación de Jupol debe decidir ahora si da el visto bueno a otro retoque de su normativa interna, consensuado de forma casi unánime por los secretarios provinciales en una reunión celebrada semanas atrás en las instalaciones policiales de Carabanchel (Madrid) y que se ha plasmado en el borrador que se someterá a discusión en la asamblea que se desarrollará dentro de dos semanas.
Uno de los puntos que se pretende cambiar gira en torno al momento procesal en que un cargo del sindicato debe renunciar a sus responsabilidades. De acuerdo con la redacción del artículo actualmente vigente, la dimisión debe formalizarse "en caso de ser investigado por delitos que estén relacionados con su función policial sindical". Si sale adelante la modificación propuesta, como es más que previsible, la marcha se producirá no si un juez formula una imputación. Ni siquiera si se dicta auto de procesamiento una vez terminada la instrucción, sino en una etapa posterior: "en caso de ser condenado por delitos que estén relacionados con su función sindical".
Lo que dicen los estatutos actuales...
...y lo que plantea la modificación propuesta
El 17 de mayo de 2021, el afiliado de Jupol Alejandro León -conocido en el Cuerpo con el seudónimo de ‘Jandro Lion’- interpuso una denuncia ante los juzgados de Móstoles (Madrid) tanto contra el ya ex secretario general José María García como con Jupol al entender que aquél había utilizado presuntamente dinero de la organización para "fines personales". De hecho, la dirección del sindicato achacó al descubrimiento de "gastos no justificados" del antiguo líder uno de los motivos por los que los integrantes del comité ejecutivo nacional forzaron la celebración de una asamblea extraordinaria para votar el cese de García, como así ocurrió. No ha trascendido cuál ha sido el avance de estas actuaciones judiciales en este tiempo.
Jupol someterá a aprobación las cuentas de 2020 y 2021, con un superávit conjunto de casi 880.000 euros
De igual forma, al actual artículo 18 -numerado como 17 en el borrador de nuevos estatutos- se le añade un párrafo para prohibir de forma expresa la doble afiliación en caso de que el socio "ostente cargo orgánico en Jupol u otro sindicato policial". Si no concurre tal condición, el afiliado puede pertenecer a más de una organización simultáneamente.
Este cambio se produce en vísperas de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso interpuesto por varios afiliados -entre ellos Natán Espinosa, ex presidente de la asociación Jusapol, la plataforma creada en 2017 para reivindicar la equiparación salarial y de la que salieron Jupol (Policía Nacional) y Jucil (Guardia Civil)- por posible vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical en las elecciones en las que salió elegido secretario general de Jupol Aarón Rivero el pasado mes de octubre. Los recurrentes acusan a la dirección de quebrar los principios de igualdad y objetividad por exigir unos requisitos para poder concurrir -reunir al menos un 2 % de avales en cada provincia- que carecían de "garantía jurídica". De momento, aunque sin unanimidad, la Audiencia Nacional ha avalado la legalidad del proceso.
Condiciones para la doble afiliación
En caso de que el alto tribunal estimara el recurso, el cambio estatutario impediría teóricamente a Espinosa optar a un puesto orgánico en Jupol por cuanto es el actual secretario general de Eya, un sindicato registrado a finales del pasado mes de enero con el "espíritu fundacional de Jusapol" y que aspira a tener representación en el Consejo de Policía cuando se celebren elecciones en junio de 2023.
A preguntas de El Independiente, el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, ha indicado que la modificación de los estatutos responde al cumplimiento de una promesa formulada por Aarón Rivero "en las elecciones", al tiempo que ha subrayado que el borrador que se someterá a discusión de la asamblea ha sido votado "punto por punto" por todos los secretarios provinciales y aprobado "en un noventa y tantos por ciento".
La otra cuestión relevante en el orden del día será la aprobación de las cuentas correspondientes a los dos últimos ejercicios. En 2020, el sindicato cerró con un superávit de 554.717 euros, al ingresar 1.856.062,55 euros (1.702.820 en cuotas de afiliados y 153.242 en subvenciones del Ministerio del Interior) e incurrir en unos gastos de 1.301.345,55 euros.
La partida de gasto más cuantiosa volvió a ser la relativa al pago de honorarios de abogados y otros profesionales, que ascendió a 548.444,26 euros (el 42,14 % del total). A ésta le siguió el coste del seguro de cobertura de los afiliados (408.829,15 euros, el 31,42 %) y el de desplazamientos y representación sindical: 139.713,45 euros (el 10,74 %). Esta última cantidad es ligeramente superior a la que difundió Jupol en su web el pasado año. Entonces la cifró en 128.716,89 euros (un 8,5 % menos), como informó este diario.
El portavoz del sindicato ha achacado esta tardanza en la aprobación de las cuentas de 2020 a la necesidad de elaborar una auditoría externa y a la crisis registrada con el anterior secretario general, destituido del cargo hace casi un año. Pablo Pérez ha indicado que, con motivo de la asamblea extraordinaria, los afiliados tendrán acceso a las auditorías de los dos últimos años para que puedan conocer la situación económica real de la organización.
En cuanto a 2021, el sindicato mayoritario de la Policía lo saldó con un resultado positivo de 324.514,32 euros tras aumentar más los ingresos (2.009.750 euros) que los gastos (1.685.236 euros). Abogados y profesionales (647.328 euros, el 38,41 %), seguro de cobertura (440.586 euros, el 26,14 %) y gastos de representación sindical (220.483 euros, el 13,08 %) fueron los principales costes. Esta última partida se incrementó en 80.770,02 euros (un 57,8 % más), a una media de 6.730 euros al mes.
Otro de los capítulos que experimenta un notable aumento es el referido al marketing y material de Jupol, que pasa de 66.481,34 euros en 2020 -año del confinamiento por la pandemia- a 111.212,10 euros en 2021 (casi un 33 % más). Ya es la cuarta partida más cuantiosa, por delante de la que engloba los gastos de oficina, mobiliario y equipos informáticos (99.793 euros).
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