Jupol gastó en representación el año del confinamiento 130.000 euros, el 10% del presupuesto

Los gastos de desplazamiento y representación contabilizados por el sindicato Justicia Policial (Jupol) durante el año del confinamiento ascendieron a casi 130.000 euros, cifra que representa el 10 % del presupuesto. Se trata de la tercera más gravosa tras las relativas al pago a abogados y a la contratación del seguro de cobertura para los afiliados.

De acuerdo con el cuadro contable que difunde en el portal de transparencia de su web, Jupol tuvo en 2020 unos gastos totales de 1.300.540,32 euros, lo que arroja una media de casi 110.000 euros al mes. No se detallan los ingresos obtenidos durante el ejercicio, como sí hizo en 2019 (1.322.687,72 euros). Entonces el dato que no proporcionó a los asociados fue a cuánto ascendieron los gastos, de los que sólo dio porcentajes.

Con ocho de los 14 vocales que integran el Consejo de Policía, Justicia Policial es la organización mayoritaria en el Cuerpo Nacional desde hace dos años y, en consecuencia, a la que le corresponde el mayor número de liberaciones para el ejercicio de la actividad sindical (12 representantes con exención total del servicio por cada consejero). Las cuotas de sus afiliados y las subvenciones que recibe del Ministerio del Interior son sus dos principales vías de financiación, como ocurre en el resto de sindicatos.

Desglosados los gastos de Jupol, el concepto de mayor cuantía el pasado año fue el correspondiente a la iguala que mantiene con abogados para la defensa y representación de sus intereses en los procedimientos judiciales que ha promovido -como las querellas interpuestas contra el director general, Francisco Paro Piqueras, por falta de medios contra la covid-19 y por las heridas sufridas por antidisturbios durante los altercados registrados en Barcelona tras la sentencia del procés- y con otros profesionales (no detallados). Con 548.109,26 euros, esta partida representó el 42,14 % del gasto, diez puntos y medio más que en 2019 (31,48 %).

La segunda con mayor importe fue la relativa al seguro de cobertura de afiliados: 408.829,15 euros. En este caso, el peso sobre el total fue del 31,44 %, nueve puntos menos de lo que supuso un año antes (40,45 %). Según los datos oficiales de la Dirección General de la Policía, Jupol tenía en mayo 23.789 socios, cifra que el sindicato eleva a 25.826 en su portal de internet.

Por su parte, a gastos de desplazamiento y representación destinó el sindicato el pasado año un montante de 128.716,89 euros (unos 10.726 al mes), cifra que engloba los viajes, dietas, comidas… de todo el organigrama del sindicato (comité ejecutivo nacional y estructuras provinciales). Con 98 días de confinamiento para contener la propagación del virus, esta partida representó el 9,90 %, casi cinco puntos menos que en 2019 (14,79 %). El sindicato ofreció entonces cifras relativas y no números absolutos.

La comisión transitoria que gestiona el sindicato desde principios de mayo ha dado publicidad a estos datos económicos antes de que la afiliación, en el curso de una asamblea extraordinaria celebrada en Madrid, acordara la destitución de José María García como secretario general y la convocatoria de elecciones anticipadas -aún sin fecha oficial, si bien se baraja que puedan celebrarse en septiembre- para elegir al nuevo líder.

Entre los motivos que sustentan la decisión de descabalgar a García figuran precisamente los "gastos no justificados" que aquél imputó al presupuesto de la organización, como pagos en farmacia, compra de ropa y zapatos, entradas de cine y haber cargado la tasa de la ITV de su autocaravana... Fuentes de Jupol dicen que esos cargos no encajan con la exigencia ética del sindicato, si bien admiten que no han puesto el caso en manos de la Justicia al tratarse de un importe no excesivamente elevado.

Jupol recibió el pasado año subvenciones del Ministerio del Interior por 153.242 euros, cifra equivalente a casi el 12% de sus gastos

Quien sí ha acudido a los tribunales ha sido un afiliado destinado en Móstoles (Madrid), quien el pasado 17 de mayo presentó una denuncia ante los juzgados contra José María García y Jupol al entender que aquél ha utilizado presuntamente dinero de la organización para "fines personales". Se trata de la misma persona, Alejandro León (conocido en el Cuerpo como 'Jandro Lion'), que ya interpuso una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y al líder ya destronado a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados desde 2019, tras haber intentado sin éxito que le facilitaran la información contable.

El desglose de los gastos que ocasionó a Jupol el desarrollo de su actividad sindical el pasado año se completa con 89.175,90 euros en material de oficina y compra de equipos informáticos (6,86 %), 79.447,85 euros en marketing y material publicitario (6,11 %), 30.087,14 euros por sanciones disciplinarias a afiliados y otras coberturas (2,31 %), 8.736,03 euros en gastos web y redes sociales (0,67 %) y 7.438,10 euros en consultas de psicólogos y psiquiatras (0,57 %).

Junto con la cuota que aportan sus afiliados, Justicia Policial se financia también con las subvenciones que reparte semestralmente el Ministerio del Interior entre las organizaciones en proporción a su representatividad en el Consejo de Policía. Según se detalla en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el sindicato recibió el pasado año 153.242,24 euros, una cantidad equivalente al 11,78 % de sus gastos totales.

A la espera de que se convoquen elecciones para la designación del nuevo secretario general tras la destitución de José María García, la atención se centra en la decisión que adopte la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tras la demanda interpuesta por el ya ex líder y el presidente del Comité de Garantías, Derechos y Finanzas por vulneración del derecho a la libertad sindical. Tras admitirla a trámite, la vista se ha fijado para el próximo jueves.

"Golpe de estado"

Los denunciantes no reconocen la legitimidad de la comisión gestora, lo que incluye todas las decisiones que ha adoptado desde que cinco de los seis integrantes del comité ejecutivo nacional -todos menos García- registraron un escrito para forzar la celebración de una asamblea extraordinaria en la que se votara el cese del secretario general. Fue después de que éste, de forma unilateral y sin contar tampoco con el apoyo de Jusapol, intentara relegar al secretario de Organización y crear varias secretarías provinciales sin aparente justificación para garantizarse el control de la dirección.

En un comunicado difundido a los afiliados antes de la citada asamblea, José María García calificó de "golpe de estado" la decisión de sus compañeros de ejecutiva y advirtió que ello sólo busca provocar "una enorme inseguridad sindical y una desestabilización orgánica" que beneficiaría a los "enemigos" de la organización.