Los niños y adolescentes son las principales víctimas de los procesos de separación, divorcio o rupturas de parejas estables. En los conflictos judicializados, su situación es la más vulnerable. El enfrentamiento entre los progenitores les lleva en ocasiones a desarrollar una serie de patologías que afectan al desarrollo de su personalidad y de su relación con los demás.

Conscientes de la especial protección a la que deben estar sujetos y preocupados por su situación, los distintos profesionales de los procedimientos de Familia han participado este jueves y viernes en el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia desarrollado en Madrid y organizado por el Colegio de Abogados de la capital.

Todos han reivindicado que se dote de mayores medios a los Juzgados para avanzar en la especialización con el objetivo de que se llegue a los 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España, con un fiscal y un equipo técnico adscrito, con acceso a mediadores, médicos forenses, y demás recursos técnicos y personales necesarios para reducir la espera en la resolución de asuntos y garantizar la igualdad de acceso a la jurisdicción de todo ciudadano español (reconocida en el artírculo 14 de la Constitución Española), con independencia de su lugar de residencia.

«Ningún niño quiere que sus padres se separen»

Una de las figuras más importantes en los procesos de divorcio aunque quizá poco conocidos fuera del ámbito jurídico son los coordinadores parentales. No dependen directamente de los Juzgados pero éstos les reclaman cuando ven que su papel es necesario para salvaguardar el interés del menor. Intervienen en las situaciones de alto nivel de conflicto. Es decir, entre los padres que se demandan continuamente perjudicando a los niños con su enfrentamiento.

En ocasiones, su labor no va dirigida únicamente a los progenitores, sino también a otros miembros de la familia, como abuelos o tíos. Formados en Derecho, Psicología o Trabajo Social, su intervención usa las técnicas de la mediación pero va más allá de ésta. Su objetivo es que los implicados ejerzan la paternidad con responsabilidad a pesar de estar en polos opuestos.

Marilén Villalonga, coordinadora parental con experiencia en Madrid y Mallorca, cuenta a este diario que en su trabajo se ha encontrado «con niños sometidos a muchísimo sufrimiento por unos padres que continuamente les llevan al tirón de cada una de las partes y les sitúan en un conflicto de falta de lealtad».

Desarrollan alergias, problemas digestivos, dolores de cabeza, vómitos o náuseas. Cuando tienen que cambiar de casa de progenitor se ponen muy nerviosos, incluso llegan a tener fiebre

«Se preguntan: ‘¿Mis padres realmente me quieren?’, ‘¿Quién es mejor de los dos?’ y todo esto les deja emocionalmente muy afectados. Tienen problemas de relaciones con sus iguales, somatizan un montón. Desarrollan alergias, problemas digestivos, dolores de cabeza, vómitos o náuseas. Cuando tienen que cambiar de casa de progenitor se ponen muy nerviosos, incluso llegan a tener fiebre. En el caso de los adolescentes, bajan su rendimiento académico, tienen más riesgo de consumo, de adicción a las redes sociales o juegos para aislarse. Necesitan terapia psicológica y mucha ayuda para salir de esa situación», explica la especialista en conversación con El Independiente.

En otras ocasiones, relata en base a los casos que ha conocido, «también te puedes encontrar con niños muy empoderados, que se convierten en grandes egoístas aprovechando la coyuntura y van a lo que les de papá o mamá».

Unas situaciones que se agravan a medida que el conflicto se alarga. De ahí que Villalonga vea necesaria la especialización en los juzgados y la reducción de los retrasos en los procesos, que «generan un daño irreparable en los niños porque la situación distorsionada se mantiene en el tiempo». «En mis 13 años de profesión no he visto a ningún niño que quiera que sus padres se separen. Incluso en casos de maltrato, los pobres creen que pueden arreglarse».

Entre 8 y 10 meses para la primera resolución

Ángela Cerrillos, abogada de Familia y presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Madrid, repara en que actualmente, desde que se presenta una demanda de divorcio, «pueden pasar hasta ocho o diez meses en obtener un auto de medidas provisionales». «Los más damnificados por la lentitud de la Justicia siempre son los más débiles. En estos casos, los niños», explica a este diario la letrada, que pone como ejemplo aquellos casos en los que un progenitor está obligado a abonar unas cantidades de mantenimiento para sus hijos y no cumple, generándose una deuda que no se le reclamará hasta meses más adelante y que, mientras tanto, a quien más perjudica es a los menores, pudiendo encontrarse en una situación de precariedad.

Precisamente esta semana el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que establece que el impago de las pensiones alimenticias es una forma de «violencia económica». Cerrillos se muestra satisfecha con el fallo que «viene a reconocer una antigua reivindicación de las asociaciones de mujeres, desde donde denunciamos que era una forma de violencia porque los impagos provocan incertidumbre, desasosiego y desequilibrio en ellas, además de privar de recursos necesarios a los hijos que están bajo su custodia».

La abogada y organizadora del Congreso de Infancia y Adolescencia también reivindica medios para la especialización, para que se garantice que «se cubre la necesidad constitucional de la igualdad en el acceso a los tribunales. A los niños una Justicia más digna les hace una vida más digna», considera.