El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha presentado este miércoles al presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, su abstención para los recursos presentados por la causa del procés seguidos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Con dicha abstención Conde-Pumpido se aparta de los recursos presentados por los políticos condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista de 2017 en Cataluña después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont, al que aún no se ha podido juzgar por estos hechos por estar fugado de la Justicia, recusara al magistrado por pérdida de apariencia de imparcialidad.

La defensa de Puigdemont alega falta de apariencia de imparcialidad por manifestaciones públicas de Conde-Pumpido contra el proceso independentista hechas en el ámbito académico tres semanas después del referéndum del 1 de octubre. En su recurso, la defensa de Puigdemont también se refirió a la «amistad» del magistrado con el fiscal de Sala del Tribunal Supremo que participó en el juicio del procés, Javier Zaragoza, con el que afirma que está «alineado» en sus tesis contra el independentismo.

Hace dos meses, el magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez también presentó al presidente González Rivas su abstención para los mismos asuntos después de recusarle varios líderes independentistas en prisión por unas manifestaciones que realizó en 2017 durante una conferencia titulada El problema catalán, perspectiva constitucional, en la que habló de los sucesos en Cataluña en términos de «golpe de Estado encubierto».

el magistrado Narváez declinó las ponencias de los recursos de amparo que le habían correspondido, los de la ex consejera Dolors Bassa y el de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, antes de que el Pleno tuviera que decidir si apartarle o no. Con la renuncia de los dos magistrados, el Constitucional se queda con 9 miembros para tramitar los asuntos del procés.

Después del precedente sentado por Narváez, Conde-Pumpido ha seguido sus pasos para no poner en riesgo la sentencia del procés de cara a futuros recursos presentados por los independentistas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).