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El Govern se compromete a investigar la penetración de la ultraderecha en los Mossos

El defensor del pueblo catalán impulsa la investigación en mossos y policías locales, y pide extenderla al resto de los cuerpos policiales españoles y las Fuerzas Armadas

El Departamento de Interior de la Generalitat se ha comprometido a investigar la penetración de la extrema derecha en el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Lo hace a requerimiento del Síndic de Greuges -defensor del pueblo- Rafael Ribó, que apela también a realizar un estudio similar en la Guardia Urbana de Barcelona y en el resto de las policías locales catalanas. El argumento, los chats de militares retirados o las investigaciones de la Guardia Civil sobre los CDR que Ribó señala como «episodios preocupantes».

La iniciativa parte de Ribó, que tomando como ejemplo el estudio realizado por el Ministerio de Interior alemán sobre la infiltración de grupos neonazis en las policías germanas, propone realizar un estudio sistémico de posibles derivas ultraderechistas tanto en los cuerpos policiales como en las Fuerzas Armadas. Por ello, el síndic ha trasladado además su propuesta al Defensor del Pueblo y a los defensores del País Vasco y Navarra, las comunidades con policías propias, para reproducir esas investigaciones.

Respuesta positiva

«Hemos recibido respuestas positivas tanto del Departamento de Interior como del Ayuntamiento de Barcelona» asegura la Sindicatura. El departamento que dirige Miquel Sàmper ha trasladado a Ribó «su voluntad de elaborar un estudio similar al alemán, que deberá evaluar las 217 organizaciones policiales existentes en Cataluña» aseguran desde la Sindictura.

Los primeros, los mossos, cuyo informe Sàmper se compromete a transmitir al próximo responsable de Interior. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, se ha comprometido a coordinarse con el Departamento de Interior de la Generalitat para poner en marcha este estudio.

«Más que investigar la presencia de la extrema derecha en los Cuerpos Policiales y las Fuerzas Armadas, cosa difícilmente compatible con el marco legal» reconoce Ribó, «habría que analizar hasta qué punto se está cumpliendo con la obligación de mantener la neutralidad política». Especialmente, añade, «si estas actividades pueden ser constitutivas de delitos como los que a
menudo comete la extrema derecha» entre los que señala los delitos de odio, o la incitación a un golpe de estado.

El espejo alemán

En su resolución, Ribó argumenta la necesidad de investigar de forma «sistémica y global» la presencia de la ultraderecha remitiéndose al informe realizado en 2020 por el Ministerio del Interior alemán, que señala 1.400 casos en los que militares y policías aparecen como «sospechosos de cometer acciones extremistas».

El síndic reconoce que no se puede realizar una investigación similar porque la legislación alemana ampara la persecución de actividades neonazis. Pero señala que la legislación española obliga a policías y militares a actuar con «absoluta neutralidad política», la vía que a su juicio podría amparar la revisión de los comportamientos policiales.

Militares y procés

Ribó señala además «casos preocupantes» en España en los últimos años que justificarían el informe, entre los que destaca, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el chat de exmilitares en el que se especulaba sobre un golpe de estado. Señala también las cartas de militares en la reserva dirigidas al Rey o el Parlamento Europeo en contra del gobierno «social comunista» de Pedro Sánchez, o el vídeo de soldados del Cuartel de Paracuellos bailando la versión neonazi de una canción de la División Azul.

«El proceso soberanista catalán y la formación de un gobierno de izquierdas parece haber abierto la caja de pandora» lamenta Ribó en su resolución.

Ribó destaca además como actuaciones cuestionables, en el ámbito de la policía, «los gritos de ‘a por ellos’ en octubre de 2017», en referencia a las dotaciones policiales trasladadas a Cataluña para evitar la celebración del referéndum ilegal.

A la Guardia Civil le afea el discurso del Director General del cuerpo, Félix Vicente Azón, en el cuartel de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) cuando en 2019 aseguró que la resolución aprobada por el Parlament que pedía la retirada de sus efectivos de Cataluña “no tenga trascendencia alguna” tras felicitarse por las detenciones de los miembros de CDR Adrià y Tamara Carrasco.

La investigación sobre los dos miembros delos CDR, finalmente absueltos por la justicia, o el caso de Alsasua, son ejemplos de actuaciones polémicas, añade Ribó. Aunque admite que «estos casos podrían atribuirse a una determinada visión especialmente punitiva del ordenamiento jurídico y no a una ideología concreta ni a una actuación presuntamente delictiva».

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