La condena a los líderes del 1-O que deriva de la sentencia del procés es «desproporcionada» y «podría vulnerar los derechos constitucionales» de los condenados, según un informe del Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- Rafael Ribó. Por ello, Ribó ha reclamado hoy «poner en marcha los insturmentos legales para poner en libertad condenados».

Unos instrumentos que para el Síndic son el indulto del Gobierno, la amnistía o una derogación del delito de sedición pro reo, de manera que pueda aplicarse de forma retroactiva. Todo ello para dejar en libertad a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, condenados a penas de prisión por la organización del referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia.

El informe que sustenta esta exigencia ha sido presentado hoy en el Parlament, y será «elevado» al Govern, el Gobierno e instancias europeas, ha anunciado el Síndic.

Sentencia amenazante

Ribó ha denunciado especialmente la «aplicación extensiva» del delito de sedición, que a su juicio supone una limitación de derechos fundamentales como el de libertad de reunión y manifestación. «Esta sentencia tiene un efecto de amenaza o prevención autoritaria de ejercicio de derechos» ha denunciado el Síndic, «que culmina un largo proceso de injerencias en el Parlament, afectando su inviolabilidad».

El defensor del pueblo catalán, muy criticado por su habitual toma de partido en favor del gobierno independentista -además de por sus lazos con la trama del 3%– ha ironizado además con la instrucción del proceso y la incidencia en las repetidos desacatos de las autoridades catalanas a advertencias del Tribunal Constitucional.

«Parece que lo más grave es la desobediencia al poder judicial, y eso combinado merece 9 años» apunta Ribó, añadiendo que la decisión de agravar las consecuencias penales de esa desobediencia aplicando «un delito de origen militar» como la sedición solo pretendía ampliar las penas.

La sentencia del procés, ha concluido el Síndic, «culmina un largo proceso de interferencias del poder judicial en Parlament a instancias del gobierno». Por ello, ha recomendado como conclusión de su informe: «derogar el delito de sedición o reformarlo, poner en marcha insturmentos legales para poner en libertad condenados», en referencia a la amnistía o el indulto, e «iniciar un diálogo político constructivo, que tiene que incluir una consulta» para «resolver un problema que es político».