España

El Constitucional admite a trámite los recursos de PP y Vox contra la 'ley Celaá'

Ambos partidos consideran que la reforma de la ley de Educación del Gobierno socialista vulnera derechos fundamentales en la enseñanza de religión, la lengua vehicular o la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. EFE

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados por el Grupo Parlamentario del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Vox contra la ley de Educación del Gobierno socialista, conocida como ley Celaá por la ministra de Educación Isabel Celaá.

Ambos partidos de la oposición consideran que la reforma legal vulnera derechos fundamentales en aspectos como la enseñanza de la religión, la limitación del castellano como lengua vehicular y de los recursos económicos para la enseñanza concertada o la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.

Los magistrados tendrán que analizar ahora los puntos de la ley en los que PP y Vox consideran que se ha incumplido la Constitución Española y decidir si ha sido así. La lentitud en las resoluciones (que se hacen esperar durante años, en algunas ocasiones) es una constante en el Alto Tribunal.

El Partido Popular, en el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 29 de marzo, expuso que el propio TC, en la sentencia 6/1982, dijo que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, pues el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 de la CE) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos».

También consideró que una de las enmiendas introducidas a la ley por PSOE y Unidas Podemos «asfixia» económicamente a la educación concertada. Dicha enmienda, que se refería a las garantías de gratuidad, introdujo a la norma el siguiente texto: «Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos».

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