La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión de la jueza que rechazó retirar de los espacios públicos el cartel electoral de Vox en el que comparaba el gasto público en pensiones de ancianos con el de los menores extranjeros no acompañados (menas).

Para el Ministerio Público, que ha presentado un recurso de apelación contra el auto que denegó la medida cautelar, dicho cartel en el que se comparaba que el gasto en «un mena» es de «4.700 euros al mes» mientras el de «tu abuela» es de «426 euros pensión/mes», según se podía leer en este, constituye una «estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo de los menores extranjeros no acompañados.

En el recurso, la Fiscalía considera que la representación que se hace del joven «radicalizado, de piel oscura con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo» genera «la hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización y constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo, lo que se ha hecho de manera pública al colocar el cartel en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte». Por eso, la Fiscalía ve que el cartel traspasa la libertad de expresión del anunciante.

La jueza descartó que el cartel en sí mismo supusiera un hecho delictivo y perseguible. Consideró que no supone una incitación a actuar contra el grupo al que se refiere. Por contra, la Fiscalía sostiene que el mensaje difundido tiene como objetivo «ahondar en la idea del coste social que supone un MENA, enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, trasladando una imagen totalmente prejuiciosa de un menor extranjero y delincuente, dado que la imagen de una persona joven de piel oscura embozado y encapuchado es un concepto social común y estereotipado». Añade incluso que la imagen utilizada en el cartel no es «baladí», puesto que resulta «evidente que lo buscado es la obtención de la predisposición social negativa hacia este colectivo, su deshumanización, basada en la idea prejuiciosa del carácter delincuencial de estos menores que a su vez impide la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, formando esta idea parte del discurso mantenido por algunos grupos sociales».

Insiste en la retirada

El escrito vuelve a pedir a la juez que se adopte como medida cautelar la retirada del cartel denunciado, «así como todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocados por el anunciante denunciado».  Incide en que el carácter «básico» y «sustancial» del derecho a la libertad de expresión «no tiene un carácter absoluto cuando entra en liza con bienes jurídicos igualmente protegidos constitucionalmente».

La Fiscalía subraya que si se retiran los carteles la «dignidad» y «seguridad» del colectivo vulnerable de los menores no nacionales quedaría protegida sin vulnerar el derecho del Partido Político VOX de realizar propaganda electoral, puesto que «el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña».