España | Tribunales VOTACIÓN EN ESTRASBURGO

"Nos jugamos una deslegitimación de España a muy alto nivel"

Más de 400 catedráticos de Derecho y profesores universitarios tratan de impedir que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa apruebe un informe que reclama el indulto para los líderes del 'procés' comprando el relato del independentismo catalán

Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, en el Parlament.

Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, en el Parlament. EFE

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatirá el próximo lunes si respalda un informe que pide el indulto y excarcelación de los políticos independentistas catalanes, contradice al Tribunal Supremo considerando que juzgó a los políticos presos por declaraciones en ejercicio de su mandato político e insta a España a no continuar reclamando la entrega de Carles Puigdmemont para juzgarle por su responsabilidad en el procés.

Autoría del socialista letón Boriss Cilevics, que se pasó un año y medio en España para elaborarlo y compra el relato independentista, cuenta ya con el respaldo del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Ante las altas probabilidades de que obtenga el visto bueno la próxima semana en la votación de Estrasburgo, más de 400 catedráticos y profesores de Derecho y de otras disciplinas respaldan un documento en el que se advierte de que aprobar dicho informe, aunque no tenga consecuencias jurídicas, implicaría «legitimar la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de poderes públicos al margen de la ley. Se trata de un proyecto de resolución cuya aprobación supondría un ataque directo a los principios que caracterizan la democracia liberal y de los que el Consejo de Europa ha sido firme defensor desde su creación», se puede leer en el documento la plataforma Foro de Profesores que respaldan expertos como los catedráticos Francisco Sosa Wagner, Francesc de Carreras, Araceli Mangas o el profesor de Filosofía del Derecho Pablo de Lora, entre muchos otros.

Los firmantes tratan de frenar el respaldo al documento que consideran «peligroso» no sólo para el mantenimiento del Estado de Derecho español, sino del sentido de las democracias europeas. En éste quieren dejar claro que el referéndum del 1 de octubre de 2017 «se realizó pese a las reiteradas prohibiciones judiciales, con el apoyo de la administración autonómica quien, de esta forma, ponía el poder público al servicio de un ilegal».

El Independiente conversa con Rafael Arenas García, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Autónoma de Barcelona que lo firma junto con la profesora Helena Torroja Mateu de la misma universidad.

Pregunta: ¿Qué les llevó a redactar este documento?

Respuesta: Teníamos noticias de que se estaba elaborando este documento desde hacía tiempo, pero fue el 3 de junio, cuando se publicó la aprobación del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos cuando pudimos tener acceso. Lo leímos y vimos que era inadmisible. Previamente, habíamos visto la nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores que no daba cuenta de su gravedad, porque decía que España no estaba de acuerdo con el planteamiento pero consideraba que en éste también se afirmaba que la actuación de España en los hechos de 2017 fue legítima.

P: ¿Creen que la Asamblea Parlamentaria lo respaldará?

R: Lo más probable es que sí, porque las propuestas de resolución que vienen aprobadas por un Comité pasan sin demasiados problemas. Lo que queríamos era que se debatiera en el plenario y que los diputados que tienen que votar, tanto los españoles como los de otros países, se dieran cuenta de que estaban ante una resolución que tiene unas consecuencias importantes para que antes de votarla por rutina se miraran el informe que preparamos y votaran con conciencia.

P: ¿Cómo llegaron hasta los parlamentarios?

R: Hemos contactado a los españoles que están en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o con personas que les conocen. Tal como está la situación, entendemos que sólo se podrá hacer algo si esto se toma como un asunto relevante por los responsables de los partidos políticos en Europa.

P: ¿Qué consecuencias tendría para España su aprobación?

R: No tendría consecuencias directas porque la recomendación de la Asamblea Parlamentaria no obliga al Estado a seguirlas. Es soft law, no hard law o norma imperativa. Pero esto no quiere decir que se deba dejar pasar. Es importante que la imagen que se transmita de España sea la correcta. Da bastante pena que siendo España un país con un nivel altísimo de democracia como se demuestra en los ránkings internacionales y uno de los países del Consejo de Europa que tiene menos condenas del Tribunal de Estrasburgo, la imagen que se pueda transmitir de él sea la de un país -que es lo que se deriva de este informe- en el que se puede acabar en la cárcel por declaraciones políticas, en el que se penaliza la realización de manifestaciones políticas y tener que soportar que el Consejo de Europa le diga que hay que indultar a quienes han sido condenados y que hay que retirar las órdenes de extradición abiertas, así como poner fin a las investigaciones que están en curso.

La aprobación del informe sería una victoria del populismo frente al estado de Derecho y sería dramático que eso pase en el Consejo de Europa

Me preocupa mucho también la perspectiva europea. El Consejo de Europa es la institución más importante en la defensa de los principios democráticos tal como se entendieron desde el final de la II Guerra Mundial: respeto al estado de Derecho, respeto a los derechos fundamentales y, por supuesto, democracia en el sentido de elecciones libres. Si se aprueba esta resolución, el plenario de la Asamblea Parlamentaria deslegitimaría la respuesta del estado frente a la quiebra del Estado de Derecho. Una decisión que tendría consecuencias más allá de Europa. Supondría trasladar el mensaje de que es posible que se coaccione a las comisiones judiciales, se desobedezca a las autoridades y no se pueda actuar frente a eso. Supondría asumir que el Consejo de Europa ha dicho que cuando se reclame la secesión de una parte del territorio, está justificado desobedecer a las autoridades y llamar a la gente a la calle para impedir las resoluciones judiciales. Sería una victoria del populismo frente al estado de Derecho y sería dramático que eso pase en el Consejo de Europa.

En España no hemos sido capaces de explicar qué paso en Cataluña en 2017, hay muchas personas en el resto de Europa y del mundo que no lo entienden

P: ¿Qué motivaciones políticas pudieron llevar a Cilevics a redactarlo?

R: En España no hemos sido capaces de explicar qué paso en Cataluña en 2017, hay muchas personas en el resto de Europa y del mundo que no lo entienden. Lo que no se ve fuera de España es que en Cataluña el problema que tenemos es un poder público, un Gobierno regional, que controla policía, prisiones, escuela, sanidad, medios de comunicación…que actúa al margen de la ley. Ese es el auténtico problema. No es que haya ciudadanos que se enfrenten al poder público para conseguir la independencia, sino que es un poder público que vulnera los derechos de los ciudadanos y actúa al margen de la ley para conseguir un fin contrario a la Constitución de la que emanan sus poderes. No es una rebelión de los ciduadanos contra el poder público, sino que éste decide actuar al margen de la ley. No hemos sido capaces como país de transmitirlo. Ni siquiera dentro de España el problema se ve así, a juzgar por las declaraciones de algunos miembros del Gobierno central. ¿Nos sorprende que Cilevics si quien era vicepresidente de España hasta nada decía que los líderes del procés eran presos políticos? ¿Cómo vamos a exigir que un parlamentario letón tenga más conocimiento del ordenamiento jurídico español que el vicepresidente?

No he percibido en el Partido Socialista la misma preocupación por este informe que en otros partidos

P: ¿Sospechan que el Gobierno ha movido hilos para que se apruebe?

R: Se me escapa, no conozco cuáles han sido los tiras y aflojas de las últimas semanas en Europa. Pero lo cierto es que no he percibido en el Partido Socialista la misma preocupación por este informe que en otros partidos, y eso me preocupa. Quien tendría que impulsar la indignación contra este tema y moverse para que no se apruebe debería ser el PSOE. El informe pide los indultos de quienes fueron condenados y en ese punto coincide con lo que está planteando el Gobierno, por lo que no es absurdo pensar que el Gobierno pueda imaginar que la resolución le legitime a la hora de conceder los indultos. Pero por esa puerta entran cosas que no son los indultos. Entra que nos jugamos una deslegitimación de España como democracia de muy alto nivel.

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