España

Cinco años de cárcel para un independentista que agredió a un mosso en un boicot contra Jusapol

Manifestación de policías en Barcelona. I.A.S

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años de cárcel a un manifestante independentista por participar en un boicot contra el sindicato policial Jusapol en septiembre de 2018, en una causa en la que la Generalitat mantuvo su acusación por un delito de atentado a la autoridad.

En su sentencia, la sección 21 de la Audiencia Provincial considera a Marcel Vivet culpable de un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a agente de la autoridad y un tercero leve de lesiones por haber «roto» con su actuación «las costuras de los derechos fundamentales de reunión y manifestación».

Los hechos se remontan al 29 de septiembre de 2018, cuando el procesado -que formaba parte de Guanyem Badalona en Comú, la lista de la candidata de la CUP el 14F, Dolors Sabater- acudió a una contramanifestación convocada por varias organizaciones independentistas en protesta por una concentración de Jusapol que se celebraba paralelamente y con la que pretendían imitar la fiesta india ‘holi’, en la que se arrojan polvos de colores.

La sala ha dado por probado que Vivet, al que le impone el pago de un multa de 600 euros, acudió a la primera línea de la contramanifestación ondeando una bandera de La Forja -organización vinculada a la CUP a la que pertenece-, «sujeta con un palo de unos dos metros de largo y unos centímetros de grosor».

En un momento dado, los integrantes del grupo con el que se encontraba, comenzaron a lanzar polvos de color y pintura acrílica a los agentes que integraban del cordón policial «con el fin de dificultar su visión».

Con el objetivo de «menoscabar su integridad física», también les tiraron «botes, botellas y otros objetos contundentes a pesar de que se les advertía por megafonía de que depusieran su actitud».

En ese momento -continúa la sentencia-, Vivet se valió de «la cobertura y sensación de impunidad que le ofrecía el resto del grupo» para golpear con el palo de la bandera en el brazo a un agente, al que tendrá que indemnizar con 1.512 euros.

Para la Audiencia, «la actuación del señor Vivet y buena parte de las personas que le acompañaron rompió las costuras de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que de ninguna forma amparan la comisión de hechos como los descritos en el relato fáctico».

La sala da también por válidas las declaraciones de los policías que testificaron en el juicio, que se celebró el pasado febrero, según los cuales la manifestación en la que participó el condenado «estuvo marcada por la violencia verbal y material» con «insultos y amenazas», a diferencia de lo alegado por el procesado que, remarcan los magistrados, «no se compadece ni de lejos con la situación real que se infiere de la prueba practicada».

Vivet adujo que la manifestación de Jusapol «defendía y justificaba la violencia policial» del 1-O «en un ambiente oscuro de violencia, fanatismo y absoluta crispación que contrastaba con el que se respiraba en la contramanifestación en la que participó, presidida por un talante absolutamente pacífico, donde los colores, los bailes y cantos eran los protagonistas».

En cambio, para la Audiencia, «la proyección de pintura acrílica y polvos de colores no fue casual, sino más propia de las técnicas de guerrilla urbana» puesto que consigue la «triple finalidad» de dificultar la visión de los agentes, entorpecer su respiración y que queden con el rostro descubierto una vez se quitan la visera, tal como afirmaron los Mossos d’Esquadra.

El caso de Vivet levantó polémica porque la Generalitat decidió mantener sus cargos a pesar de que en noviembre el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, había anunciado que ultimaba un acuerdo para que la administración catalana dejara de ejercer la acusación por delitos de atentado a la autoridad contra los detenidos en manifestaciones violentas, un compromiso que todavía no se ha concretado.

De hecho, la decisión del ejecutivo de forzar la suspensión del juicio, inicialmente marcado para el pasado diciembre y aplazado hasta después de las elecciones catalanas del 14F, generó controversia, puesto que la defensa lo interpretó como una «maniobra» para no «comprometer» al Govern de JxCat y ERC de cara a los comicios, que han llevado a un nuevo gobierno independentista, esta vez liderado por los republicanos.

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