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La Guardia Civil insiste en que los CDR eran "grupo terrorista" y buscaron datos de Casado

Pancarta de los CDR.

La Guardia Civil ha entregado un informe al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que insiste en que los nueve miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) detenidos el 26 de septiembre de 2019 eran un «grupo terrorista» con el «componente motivacional compartido por sus miembros» de la conseguir independencia de Cataluña «empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España».

El informe que la Guardia Civil ha entregado al juez Manuel García-Castellón, al que ha tenido acceso El Independiente, destaca que uno de los detenidos buscó información del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, consideran que para «la posible realización de una acción». La misma intención que consideran que tuvo haciendo un «reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de San Andreu de la Barca» (Barcelona).

El detenido Jordi Ros Solá «ha realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra», se puede leer en el informe. Éste destaca a otras personas de las que Ros habría buscado también información, como el concejal del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls o el exsecretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas o un intendente de los antidisturbios de los Mossos.

El informe parte de una serie de conclusiones a las que llegaron los agentes tras practicar las entradas y registros en los domicilios de los miembros de los Comités constituidos en 2017 paralelamente al procés. En las casas de los detenidos, algunos jubilados o parados dedicados a tareas agrícolas rurales, se encontraron sustancias caseras que los investigadores consideraron podían servir como «precursores de explosivos».

En el nuevo informe aportado al juzgado, los agentes recogen algunas de las citadas conclusiones obtenidas tras la detención como que «los militantes más comprometidos del CDR llegaron a la conclusión, alineados con las directrices de otros actores independentistas, de que era necesario incrementar el nivel de presión para conseguir sus propósitos secesionistas» o que «dirigidos por un colectivo clandestino denominado CNI Catalán comenzaron a planificar una acción que atrajera la atención mundial, consistente en el asalto, ocupación y defensa del Parlamento de Cataluña». También que «cualquier grupo terrorista de la historia ha comenzado cometiendo un primer atentado. La abundante experiencia que la Guardia Civil acumula con relación a la génesis, evolución y desaparición de organizaciones terroristas aconseja la proactividad para evitar males irreparables».

El juez les dejó en libertad

En enero de 2020, tras tomar declaración a Jordi Ros y Germinal Tomás Abueso, los dos miembros de los CDR contra los que la Guardia Civil cargó la mayor parte de responsabilidad en sus informes y que se mantuvieron en prisión preventiva, el juez Manuel García-Castellón les dejó en libertad bajo fianza de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente, por su «arraigo» a un domicilio, una familia y una red social en Cataluña, como pidieron sus defensas.

Los dos comparecieron como investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos. La Fiscalía, que comenzó pidiendo prisión incondicional para ellos tras su detención, pasó después a informar a favor de que se les excarcelara.

El instructor de la causa y la Sala de lo Penal dieron un valor distinto a los indicios expuestos en los informes de la Guardia Civil que sostienen la causa. Mientras García-Castellón afirmó en el auto con el que acordó la libertad de Tomás Germinal que «la ausencia de una previa organización terrorista así declarada judicialmente no impide que los hechos llevados a cabo por los miembros de la organización puedan tener la consideración de terrorismo», la Sala de lo Penal se declaró «incapaz de emitir un juicio definitivo y suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos».

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