Los partidos políticos Vox y Ciudadanos han recurrido este jueves ante el Tribunal Supremo los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes independentistas condenados en la sentencia del procés, solicitando como medida cautelar que vuelvan a prisión hasta que haya una decisión.

En la plaza de la Villa de París, delante del Tribunal donde fueron juzgados los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, el presidente de Vox Santiago Abascal ha anunciado que su partido ha presentado los recursos.

Acompañado del secretario general de la formación Javier Ortega Smith, de los diputados Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Ignacio Garriga (Parlamento catalán) y Rocío Monasterio (Asamblea de Madrid), Abascal ha reivindicado el papel de Vox como acusación en el juicio del procés: «No hay una petición de perdón por parte de los condenados pero sí una voluntad declarada de volver a hacer lo que hicieron. Nosotros también lo volveremos a hacer, volveremos a sentarles en el banquillo y acabarán en prisión si atacan la legalidad constitucional», ha dicho aplaudido por decenas de simpatizantes que han acudido a la convocatoria.

«Sánchez compra voluntades de los partidos golpistas para mantenerse en el poder», ha afirmado Abascal, que ha considerado que los indultos son «un acto de traición y corrupción». «La decisión de aprobarlos es un espaldarazo a los separatistas y una puñalada por la espalda a los españoles, a los jueces y al rey», ha afirmado Abascal.

Nueve escritos en nombre de los diputados

Por su parte, Ciudadanos ha registrado ante la Sala Contencioso-Administrativo del alto tribunal nueve escritos que se dirigen contra cada uno de los Reales-Decretos del Gobierno con los que se concedió la medida de gracia a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

En nombre de Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra, se presentan los recursos contra unos indultos «contrarios a derecho» y «lesivos» contra los intereses» de los miembros del partido naranja, según se puede leer en el texto. Ahora habrá que ver si la Sala Tercera les considera legitimados para recurrir la medida acordada por el Gobierno.

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Piden suspender la ejecución

Las iniciativas registradas este jueves son el primer paso del procedimiento por la vía contencioso-administrativa. Una vez admitidas a trámite (en el caso de Cs han comunicado que ya se ha hecho) el Tribunal pedirá el expediente de los indultos y los partidos formalizarán las demandas una vez conozcan la justificación del Ejecutivo para indultar y poder rebatirla con las razones por las que consideran que es arbitraria.

En los escritos, el partido naranja también solicita «que se suspenda ya la ejecución de los indultos» como medida cautelar. Argumentan que «además de las razones políticas que a juicio de Cs hacen inmorales y gravísimos estos indultos, existen motivos que justifican un peligro para el interés general si los condenados y ahora indultados y en libertad reinciden. En ese sentido, las amenazas y proclamas de ayer mismo, así como las que se vienen haciendo de forma reiterada, son concluyentes. Confiamos en que el Tribunal Supremo atienda esta petición de suspensión».

Creen que sí tienen legitimación

La formación de Arrimadas ha argumentado en un comunicado que recurre la decisión porque la considera arbitraria: «Ciudadanos considera los indultos un atropello al Estado de Derecho, pero la arbitrariedad de la medida de gracia la ha manifestado también el propio Tribunal Supremo, sentenciador en este caso, negando en su informe preceptivo cualquier razón de equidad, justicia o utilidad pública para esta concesión», exponen.

En cuanto a la dudosa legitimación de los partidos políticos para recurrir, consideran que «contra lo que han manifestado otros actores políticos, no es un partido quien alega la legitimación activa, sino las personas cuyos derechos se ven afectados por un proceso judicial o la sentencia que le pone fin. Este recurso lo presentan tres diputados de Ciudadanos en el Parlament presentes en los hechos de 2017: Inés Arrimadas, presidenta de Cs, José María Espejo y Carlos Carrizosa. Cuando se aprobaron las dos leyes más importantes de la sedición, las denominadas leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica, los tres diputados vieron atropellados sus derechos, como así lo estimó el Tribunal Constitucional en sendos recursos de amparo. Por lo tanto, tienen legitimidad, sin duda, desde el momento en que la sedición fue posible gracias al atropello de sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos en el Parlament de Cataluña. La sentencia del TS es clara: esa sedición no habría sido posible sin las ilegales leyes aprobadas en el Parlamento que usó el gobierno catalán para violentar derechos».