España

228.000 firmas para que la ley reconozca a los huérfanos de ETA con secuelas de por vida

José Miguel Cedillo, a cuyo padre ETA asesinó en 1982, reprocha al ministro Grande Marlaska no haber cumplido el compromiso al que se comprometió hace tres años tras reunirse con él para reconocer a estas víctimas con patologías crónicas.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto a José Miguel Cedillo, en la reunión celebrada en el ministerio.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto a José Miguel Cedillo, en la reunión celebrada en el ministerio.

Hace tres años que el ministro del Interior les recibió en su despacho. Aquello supuso un cambio esperanzador. Los dos ministros anteriores, los populares Jorge Fernández y Juan Ignacio Zoido, habían desoído las peticiones de José Miguel Cedillo y su madre, María Dolores, para entrevistarse. Cuando ETA mató a su padre, a su marido, Antonio Cedillo Toscano, el 14 de septiembre de 1982 sus vidas cambiaron para siempre. Casi cuatro décadas después las secuelas de aquel asesinato aún persisten. José Miguel lleva años intentando que la ley reconozca como víctimas del terrorismo a los huérfanos que dejó ETA que siguen sin poder vivir con normalidad. Las secuelas psicológicas se lo impiden. Po ello, reclama que la ley les reconozca una pensión. Hoy, entregará más de 228.000 firmas de apoyo al cambio legal que reclama.

Han pasado casi tres años desde el encuentro con el ministro Grande Marlaska en octubre de 2018. En este tiempo a la familia Cedillo García les han ocurrido episodios de todo tipo. La esperanza de aquella reunión en Interior, el cierre parcial de la herida de dolor gracias al homenaje a su padre en el lugar donde fue asesinado y la decepción final por el paso del tiempo sin cambios en la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo que acumulan.

La recogida de firmas a través de la plataforma change.org ha sido exitosa y Cedillo confía en que pueda ser un elemento más para alcanzar su objetivo. Reclama que huérfanos o víctimas como él, que pese al paso de los años siguen padeciendo secuelas graves por el atentado terrorista vivido, sean reconocidas. Actualmente la ley reconoce a los hijos de una víctima provocada por una acción terrorista pero sólo hasta que cumple los 24 años. A partir de esa edad no tienen derecho a ayudas ni beneficios. Sólo la viuda tiene reconocida una pensión de por vida. Ahora José Miguel tiene 42 años y sigue con secuelas psicológicas. Recuerda que están reconocidas y que su origen está en el impacto que durante toda su vida supuso el asesinato de su padre.

Secuelas permanentes

A Antonio Cedillo ETA lo asesinó en una emboscada protagonizada por el comando al que pertenecía Jesús María Zabarte, el ‘Carnicero de Mondragón’, el único condenado por este asesinato. En aquel atentado la banda asesinó a cuatro policías nacionales en el Alto de Perurena, en Errenteria (Gipuzkoa). Tras salir de comer del restaurante al que acudían con frecuencia a los cuatro agentes les tirotearon varios terroristas que les esperaban ocultos. Tres de ellos, Juan Seronero, Jesús Ordóñez y Alfonso López, murieron en el acto. Antonio Cadillo, malherido, pudo ser rescatado por un hombre que lo trasladó en su camión. A pocos metros de allí, los terroristas lo pararon y remataron a Cedillo. Aquel atentado sumó poco después otro elemento traumático, el suicidio de otro compañero durante el velatorio de los agentes.

Cuando ocurrieron los hechos José Miguel sólo tenía tres años pero la vida de su familia, de su madre –hoy enferma-, quedó herida para siempre. Además de tener que regresar desde San Sebastián a Sevilla para rehacer su vida, el impacto psicológico siempre ha condicionado su vida. Ahora reclama que casos como el suyo, en el que las secuelas de lo vivido perduran mucho más allá de la edad prevista en la ley, no queden fuera de la protección del Estado. Interior llegó a ofrecerle la posibilidad de acceder a una “pensión por enfermedad” que él rechazó al considerar que lo que a él le sucede no es fruto de ninguna enfermedad sino de una acción terrorista y como tal debería ser recogida por la ley.

Para este mediodía ha anunciado que acudirá al Ministerio del Interior no sólo con el propósito de entregar las firmas recogidas sino de ser recibido por Marlaska. La familia Cedillo se siente dolida con el ministro- En los tres años transcurridos desde su encuentro no han visto avance alguno en su reclamación que Marlaska les prometió atender: “Los huérfanos de ETA seguimos siendo los grandes olvidados. Para nosotros no hay solución ni perspectiva ni esperanza ni futuro. Toca joderse y callarse. Mientras, los terroristas condenados han visto mejoradas sus condiciones”, asegura en una carta remitida a Marlaska.

«No ha habido interés»

En septiembre de 2018 José Miguel y su madre participaron en un acto en el Alto de Perurena, en el lugar en el que fueron asesinados su padre y los otros tres compañeros de la Policía. Allí, gracias al apoyo del entonces alcalde de Rentería, de EH Bildu, Josu Mendoza, y las instituciones vascas, se organizó un acto de recuerdo a su padre. Allí está plantado el olivo traído del pueblo de sus padres, Olivares (Sevilla). “Junto al olivo andaluz que plantamos recordé la deuda pendiente que el Estado tiene con los huérfanos de ETA y la esperanza en que con usted como ministro quedara saldada”, recuerda en la misiva. Añade que aquella fue una oportunidad para “cerrar en firme mi dolor” y hacerle el homenaje que nadie le había hecho durante 36 años.

Ahora lamenta que las promesas de Marlaska no se hayan cumplido. “Nos anunció cita varias veces coincidiendo con sus visitas a Andalucía. Nunca llegaron a producirse”: “No ha habido interés en que seamos recibidos. Hace tres años le pedí que no fallara. Ya no le hablo de esperanza sino de dignidad”. Por ello, anuncia que este mediodía se presentará ante el Ministerio “con mi pancarta» y accederá por la puerta, «por mi cuenta y sin cita para esperarle”. Cedillo confía en que evite que el «bochornoso espectáculo» de tener que obligar a los policías del acceso al Ministerio a tener que «reducir a un huérfano de ETA».          

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