El lunes fue otro día gris. Otra jornada difícil, con molestias y dolores, como tantas otras antes. Había llevado a sus dos niños a la escuela y de vuelta en casa se recuperaba tumbado en el sofá. Eran alrededor de las 10.00 y sonó el teléfono, una llamada desconocida, de Madrid, “publicidad seguramente”, pensó. Se equivocaba: “¿Señor Cedillo?, le paso con el señor ministro”. Al otro lado del auricular, Fernando Grande-Marlaska, el flamante nuevo titular de Interior, el juez que luchó contra ETA y que con aquella simple llamada, aquel gesto, acababa de cerrar años de sinsabores.

Por fin, después de décadas  de lucha, un alto cargo del Gobierno de España les escuchaba, se interesaba por su caso, por él y su madre. Por su padre. El policía al que ETA asesinó el 14 de septiembre de 1982 en el Alto de Perurena, en Rentería (Guipúzcoa), en una emboscada que un comando de la banda llevó a cabo contra dos coches de la Policía Nacional. Junto a su padre, Antonio Cedillo (29 años), tres agentes más fallecieron en el acto -Jesús Ordóñez, Juan Seronero y Alfonso López-.

José Miguel tenía apenas tres año y medio cuando eso ocurrió, cuando al padre al que esperaba a diario a la puerta de casa con las zapatillas preparadas al regreso del trabajo lo cosieron a balazos en una carretera solitaria de los montes guipuzcoanos. Un niño al que le ocultaron y el evitó saber durante años que pese a lograr repeler el ataque, malherido, su padre pudo arrastrarse por la carretera para pedir ayuda y lograr que un camionero lo rescatara. De nada sirvió, ETA se ensañó parando el camión que lo llevaba al hospital para rematarlo a sangre fría.

Grande Marlaska se comprometió a dar una respuesta a su demanda, desoída por sus antecesores Zoido y Fernández

Hoy tiene 39 años y dos hijos. Las últimas décadas han sido un infierno personal para él y para su madre, María Dolores García. Lola, la joven viuda de 24 año que tuvo que seguir “al norte” a su marido. La misma que años después abandonó San Sebastián casi a escondidas, tras velar a su esposo en un velatorio trágico en el que otro de los agentes, ante la imagen de cuatro féretros, no pudo más y se quitó la vida de un disparo. Hoy Lola lucha contra un cáncer que se resiste a abandonarla, que ha reaparecido.

Cuando este lunes su hijo la llamó para contarle, aún incrédulo, lo que acababa de suceder, no daba crédito, sólo lloraba. “Se hartó de llorar”. Ella y él, madre e hijo, viuda y huérfano, llevan años intentando que Interior les escuche. Acamparon ante el ministerio para ser recibidos por los ministros Jorge Fernández, primero, y Juan Ignacio Zoido, después. El pasado 21 de mayo vieron cómo a la salida de la reunión de los altos cargos con las asociaciones de víctimas del terrorismo ni siquiera se les miraba. Estaban en la acera de enfrente. José Miguel y Lola reclaman un cambio de la ley para que los hijos de las víctimas del terrorismo que padezcan graves secuelas que hayan condicionado de modo severo su vida también sean reconocidas como víctimas. Actualmente sólo las viudas y las víctimas directas tienen ese reconocimiento que conlleva una pensión de por vida. Sus hijos sólo la perciben hasta los 24 años.

“No soy un desahuciado sino una víctima”

Juan Miguel padece graves trastornos y patologías –ansiedad, depresión patología autoinmune, hipertensión, agorafobia, etc-. Un cuadro médico avalado por informes médicos y que le impiden, aún hoy, 35 años después del asesinato de su padre, hacer una vida normal. Hasta ahora todo lo que ha logrado es que se le ofrezca una discapacidad por enfermedad, pero se niega. “No voy a permitir que me pongan la etiqueta de desahuciado, yo soy una víctima del terrorismo”. Insiste en que lo que a él le sucede no está motivado por una “enfermedad común” sino por el atentado terrorista que le dejó huérfano y alteró para siempre y de modo crónico su vida. En octubre de 2016 solicitó que le fuera concedida la pensión extraordinaria por terrorismo pero en agosto del año pasado le fue denegada.

El paso dado ahora por el ministro de Grande-Marlaska ha abierto una ventana al optimismo. “Me ha demostrado ya muchísimo más que los dos ministros anteriores”, asegura a El Independiente. “Es un hombre sensible que sabe de lo que hablamos. Me ha dicho que va a pelear por mi caso y sólo eso ya es increíble”, añade. José Miguel lo había vuelto a intentar, como en todos estos años. Esta vez aprovechando el relevo en el ministerio. A través de las redes sociales escribió una carta relatando su caso. Un testimonio que llegó hasta oídos de Grande-Marlaska y que ya constaba en la dirección de víctimas del terrorismo del ministerio que ahora preside. “Ahora quiero mantener una reunión con él, conocerle y darle un abrazo”, asegura.

Cedillo reclama que los hijos de asesinados por ETA que padezcan graves secuelas sean reconocidas como víctimas pasados los 24 años

Cedillo apunta que casos como el suyo, en los que las consecuencias de un atentado provocan efectos gravemente incapacitantes, no están recogidos en la ley que establece la condición de víctimas del terrorismo. Por ello solicita que la ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo sea modificada. “Según los datos aportados por el propio ministerio del Interior ellos tienen constancia de alrededor de siete casos como el mío”. Lamenta que en todos estos años, cuando ha expuesto su demanda, se ha encontrado con que “los ministros sacaban la calculadora para saber cuánto les iba a costar hacer justicia”.

Sigue dolido con Zoido. En anterior ministro del Interior, de Sevilla, como él, “es un insensible”, dice, “no ha llamado a mi madre, no nos ha dicho nada y eso me duele”. Insiste en que su madre, enferma, ha estado casi tres semanas esperando a las puertas del ministerio para que la recibiera “y ni siquiera a pestañeado”.

Necesidad de “descansar”

Los apenas diez minutos de conversación con Grande-Marlaska han sido un soplo de esperanza. Ahora Cedillo sólo espera que se pueda concretar, que se puedan producir cambios en la ley y reconocer casos como el suyo, en el que su elevado grado de incapacidad apenas le permite trabajar. “Ahora voy diez horas a la semana a trabajar pero muchas veces ni siquiera puedo ir por no encontrarme bien. Mi madre y yo tenemos la necesidad de cerrar esta historia, de descansar y sentir que se hace justicia”.

José Miguel y su madre, Lola, llevan años reclamando un cambio de la ley. Lo han reclamado acampando ante el ministerio

No es el único de los hijos de los cuatro agentes asesinados en aquel monte de Rentería el 14 de septiembre de 1982 que no se ha recuperado. José Miguel sabe que otros de los hijos de los agentes muertos, que como él son ya adultos, se encuentran en una situación tan delicada como la suya. “Espero que si logro algo también se puedan beneficiar otras personas. Por ahora, esta batalla la libro yo solo”, señala.

Hoy sus dos hijos tienen prácticamente la misma edad que él cuando mataron a su padre. “Los veo ahora y se me ponen los pelos de punta sólo de pensar que les pueda suceder algo como lo que me ocurrió a mí. Yo no hablé de mi padre hasta que me hice mayor. Nunca pregunté, nunca hablé. No era capaz de asimilar, de integrar lo que me había sucedido”.

No fue fácil comprender las imágenes que le tocó presenciar. La Euskadi de los años 80, la de los años duros de ETA en la que su madre, en un pequeño piso de San Sebastian, intentaba normalizar lo extraordinario y humillante. Los uniformes de su padre secándose en un cordel colgado en el interior del salón de casa. Tampoco olvida la cara de angustia de su madre cuando entre sollozos intentaba borrar la pintada del ascensor; “Aquí vive un policía” a golpe de saliva y brazo o el féretro que casi a escondidas les devolvió en un Hércules a Sevilla tras un apresurado funeral el mismo día del atentado, el suicidio de un compañero de su padre en plena capilla ardiente ante los cuatro féretros de sus compañeros asesinados…