Le han atormentado desde niño. Una y otra vez, una noche tras otras. Son sólo imágenes, apenas un puñado, todas duras, que han crecido con él. Entre ellas no figura ni el recuerdo del rostro de su padre, ni su olor, ni su voz. Nada. Se emociona al contar cómo su madre le recordaba que con sólo tres años lo recibía todos los días con las zapatillas a la puerta de casa al regresar del trabajo. Desde entonces han transcurrido 35 años y la hemeroteca de su memoria no ha dejado de azotarle con recuerdos amargos. El de su madre en un pequeño piso de San Sebastián, a comienzos de los años 80, secando los uniformes de su padre en un cordel colgado en el interior del salón de casa -hacerlo en la ventana era jugarse la vida-; el de su cara de angustia cuando entre sollozos intentaba borrar la pintada del ascensor “Aquí vive un policía” a golpe de saliva y brazo; la temerosa insistencia en que aquel niño que apenas hablaba no contara a nadie que su padre era policía…

Aún no había cumplido los cuatro años cuando a José Miguel Cedillo ETA decidió arrebatarle a su padre y dejar herida para siempre su alma y su corazón. También los de su joven madre, una chica de 24 años venida de Sevilla “al norte”. En aquella pequeña memoria se incorporaron nuevas imágenes; el féretro que casi a escondidas los devolvió en un Hércules a Sevilla tras un apresurado funeral el mismo día del atentado; el suicidio de un compañero de su padre en plena capilla ardiente ante los cuatro féretros de sus compañeros asesinados, la ‘muerte en vida’ que les sobrevino…

José Miguel reclama a Zoido un cambio legal para recoger casos como el suyo, una incapacidad fruto del asesinato de su padre, «no de una enfermedad común»

Años después descubriría que no murió en un atraco, que fueron unos terroristas y que lo hicieron de modo cruel. Que a su padre y sus compañeros estuvieron días esperándoles ocultos para matarlos en una emboscada. Sucedió el 14 de septiembre de 1982, en el Alto de Perurena (Rentería), cuando dos coches de Policías Nacionales regresaba de almorzar en un caserío. Tres agentes, Jesús Ordóñez, Juan Seronero y Alfonso López fallecieron en el acto. El padre de José Miguel, Antonio Cedillo Toscano (29 años), logró sobrevivir tras repeler con su pistola a los terroristas. Malherido, cosido a balazos, se arrastró por la carretera para pedir ayuda. Un hombre logró subirlo a un camión para llevarlo al hospital pero los etarras hacía años que habían agotado su piedad, le esperaban más adelante para rematarlo. Detuvieron el camión y le dispararon a quemarropa.

El próximo 14 de septiembre se cumplirán siete lustros de aquel atentado y del inicio de su drama personal. Su hijo no quiere que sea un aniversario más. Además de rendir el que dice que será el primer homenaje a la memoria de su padre, José Miguel se plantará ante el Ministerio del Interior en Madrid para pedir que se cambie la ley para que no deje a su suerte a hijos de víctimas que como él han visto cómo su vida ha quedado gravemente marcada por las secuelas del atentado etarra hasta prácticamente arruinarla.

Un ‘bálsamo’ para una herida abierta

Así al menos lo relata él. Pese a que sólo era un niño de tres años y medio cuando ETA asesinó a su padre, asegura que las secuelas le han incapacitado absolutamente desde entonces. Hoy, a sus 38 años, siguen haciéndolo (ansiedad depresión, agorafobia, patología autoinmune, hipertensión…). El día que conversa con ‘El Independiente’ José Miguel ha recibido un nuevo zarpazo. El cáncer que padece su madre, María Dolores, ha empeorado. Ella ha sido en gran medida en pilar sobre el que se ha mantenido desde que ETA la convirtió en viuda con sólo 24 años.

Según la ley 29/2011 de22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo las víctimas directas de ETA, como su madre, tienen derecho a una pensión de viudedad de por vida. Sin embargo, los hijos de las víctimas perciben una pensión sólo hasta los 24 años, además de beneficiarse de medidas como los estudios gratuitos y otros beneficios.

Los hijos de las víctimas perciben una pensión sólo hasta los 24 años. José Miguel tiene 38, multitud de patologías y una madre cuyo cáncer se complica

Hace catorce años que José Miguel dejó atrás los 24 pero sus secuelas siguen con él. En el Ministerio recientemente le comunicaron que tras revisar su caso no se puede acreditar que sus dolencias incapacitantes están directamente vinculadas al atentado en el que ETA mató a su padre. La solución que le ofrecieron fue una pensión por enfermedad, “pero por dignidad les he dicho que no la voy a coger porque lo que me ocurre no es fruto de una enfermedad común”, asegura. El reclamó el 25 de octubre de 2016 que le fuera concedida la pensión extraordinaria por terrorismo y el pasado día 18 recibió la notificación de que le había sido denegada por la Seguridad Social. El insistirá en su petición convencido de que sus patologías son «crónicas», se agravan con el tiempo y vienen producidas a consecuencia del asesinato de su padre.

Para lograr que la ley reconozca ese derecho a víctimas en una situación como la suya, “que no son pocas”, está dispuesto incluso a acampar ante el Ministerio del Interior, si es necesario, hasta que el ministro Juan Ignacio Zoido o algún representante de Interior le reciba: “No entiendo que en la ley no haya un hueco para casos como el mío”. Afirma que en su entorno de Sevilla conoce varios casos similares al suyo, incluso de alguno de los hijos de policías asesinados en el mismo atentado que el de su padre, en los que las secuelas han condicionado absolutamente su vida y ahora no tienen derecho ya a ninguna ayuda. El afirma que si ETA no hubiese asesinado a ETA su vida y su situación sería radicalmente diferentes. Añade que todos los médicos que ha visitado han concluido que su situación mental y física es fruto del atentado, “pero ellos dicen que no se puede acreditar relación, me han mareado con informes y demás pero me siento engañado”: “A mí el Gobierno me está haciendo más daño que los terroristas”, llega a afirmar, “sólo pido un bálsamo para la herida que sigue abierta”.

‘Castas’ entre las víctimas del terrorismo

Insiste en que muchos hijos de víctimas de ETA atraviesan por situaciones personales muy duras, arrastran patologías severas y se encuentran en una situación muy delicada sin que reciban ayuda por parte de las autoridades: “¿Cuál es mi final, que con 46 años se me cruce un cable y me suicide? Me niego a ello”. En su relato cita varios casos de hijos de víctimas que han terminado tomando esa decisión tan drástica de acabar con su vida. “Hay algunos que están muy mal. Los hay que les ha dado por las drogas, por el alcohol, por intentos de suicidio. No hacen ruido, es cierto. Yo en cambio he optado por hacerlo para que la ley también contemple estos supuestos”: “A mí me dijeron que por ley se me pagó lo que se me tenía que dar. Me dieron 6 millones de pesetas, lo acordado en el juicio. Me parece increíble que el Ministerio con mi caso saque la calculadora y me deje tirado”. Lamenta que etarras como Bolinaga se “salten la ley” y esgriman razones “humanitarias” para excarcelarlo y en cambio no se contemplen ayudas para situaciones como la suya.

Por ahora la batalla la libra solo. No cuenta con el respaldo de asociaciones de víctimas. Afirma que no le respaldan porque cuestiona al Gobierno y al PP y la ley, “entre las víctimas también hay castas, existe una desigualdad enorme y claro, los que mejor están no son conscientes de esa diferencia”.

Sospecha que el temor que pesa sobre ellas es que se abra la puerta a una cascada de reclamaciones de pensiones. “Ahora ya no interesamos, el foco está en otro lugar”. Covite fue una de las asociaciones con las que contactó para intentar que le dieran una salida. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco le trasladaron que su demanda no prosperaría porque no está recogida en la ley. Añaden que es imposible que le reconozcan la condición de víctima “directa” del terrorismo, algo reservado a los fallecidos y heridos.

Covite afirma que en algunos casos hay quien sólo pretende una pensión por incapacidad más ventajosa, el doble que una normal y exenta de tributar; casi 5.000 euros

Actualmente la incapacidad que se le reconoce a una víctima del terrorismo le da derecho a percibir una pensión que dobla el importe de la que recibe alguien sin ese reconocimiento y además libre de impuestos. La pensión podría rondar los 5.000 euros. Fuentes de Covite apuntan que reconocerle a José Miguel una pensión en condición de víctima supondría hacer lo propio con todos los hijos de víctimas que tengan secuelas acreditadas. Señalan que muchas víctimas tienen graves secuelas pero que no necesariamente tiene que estar provocadas por el atentado, “en una familia las consecuencias entre sus distintos miembros son diferentes, y nunca un juez va a reconocer que esa situación está provocada por el atentado”, señalan.

Para Covite la batalla ahora se debería librar en otro campo que creen mucho más injusto; la diferencia en las indemnizaciones que se conceden a víctimas con autores condenados y las que no. Actualmente una víctima percibe 250.000 euros como indemnización si no se ha determinado en un juicio la autoría del asesinato de su familiar y 500.000 sí está acreditada judicialmente.

Un terrorista huido localizado por Facebook

José Miguel subraya que su vida ha sido muy dura. Tras el atentado su madre estuvo “muerta en vida”, recuerda, y él paso gran parte de su adolescencia sin salir de casa y en la cama víctimas de depresiones, “fue como en letargo”. Y los últimos años, en los que la salida de miembros de ETA de la cárcel y los homenajes desde la izquierda abertzale proliferan, “me pongo malo, me afecta mucho”. Describe el “despertar de mi letargo” tras leer el libro ‘Vidas Rotas’ de Florencio Domínguez, Marcos García Rey y Rogelio Alonso, editado en 2010 y que relata los casos de todas las víctimas de ETA. Fue en él cuando por primera vez conoció los detalles del atentado de su padre: “Hasta entonces no había tenido la valentía de averiguar y conocer qué había pasado realmente, cómo había sucedido”.

Desde entonces ha rastreado las circunstancias en la que murió su padre, “pero no hay ni un triste papel. A mi padre lo retiraron de allí rápido. Ahora se muere un perro en la calle y le hacen más papeles. Tengo muchas dudas que necesito resolver sobre cómo ocurrió todo. Por ahora sólo sé que lo cosieron a balazos y porque me lo contó un compañero suyo que tuvo que reconocer el cuerpo. De la autopsia no hay nada de nada…”, lamenta.

Jose Miguel intenta reabrir el caso de su padre, ya prescrito para juzgar a un etarra que entonces estaba huido. El lo localizó por Internet.

El caso de su padre está prescrito desde hace más de una década. José Miguel se resiste a que uno de los presuntos autores del asesinato quede impune. En el juicio celebrado en 1985 contra los supuestos integrantes del comando sólo fue condenado Jesús María Zabarte, el ‘Carnicero de Mondragón’, “pero como miembro de banda armada y no por la autoría, cuando es claro que sí participó”, puntualiza. Llegó a denunciar a Zabarte por jactarse en una entrevista en ‘El Mundo’ por sus crímenes a los que se refirió como “ejecuciones”. Fue archivada.

Los otros integrantes del comando de aquella emboscada en Rentería no asistieron al juicio. Manuel Urionabarrenetxea y José Antnio Oyarbide había muerto años antes en un enfrentamiento con la Guardia Civil y Félix Manzano fue declarado en rebeldía. “Dijeron que no sabían dónde se encontraba. En 2003 mi madre escribió al entonces Fiscal General, Eduardo Fungairiño. Nos dijeron que no sabían dónde estaba. Yo, con una sencilla búsqueda por Internet lo localicé en Cabo Verde. Ahora está en Portugal, pero como el caso ha prescrito…”. José Miguel ha iniciado una batalla en los tribunales con la esperanza de que el caso pueda reabrirse y Manzano sea juzgado por el asesinato de su padre. “Por Facebook se le puede contactar fácilmente”.