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La Fiscalía pide desbloquear el préstamo público de 34 millones a Plus Ultra

El Ministerio Público no pasa por alto el perjuicio que sufrirían clientes y proveedores si la aerolínea se queda sin liquidez / La juez suspendió el desembolso hasta que la compañía acreditara la necesidad de recibir el dinero

Un avión de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

Un avión de la aerolínea venezolana Plus Ultra. WIKIMEDIA CREATIVE COMMONS

La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez que investiga las ayudas a la aerolínea Plus Ultra que desbloquee el desembolso pendiente de los 34 millones de euros concedido por el Gobierno el pasado mes de marzo y que se había suspendido a la espera de que la compañía justificara la necesidad de recibir el dinero. 

En un escrito fechado este jueves, la fiscal María Luis Llop no ve motivos para que no se abone el préstamo participativo otorgado por el Ejecutivo con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que debería haberse desembolsado este miércoles. La titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid lo paralizó cautelarmente mientras Plus Ultra justificaba de forma detallada por qué necesitaba esos recursos.

En la posición del Ministerio Público ha sido fundamental el informe pericial aportado por la aerolínea, en el que detalla que una eventual situación de iliquidez haría que los principales perjudicados fueran tanto los clientes como los proveedores comerciales. Y esos 34 millones son indispensables para que la compañía pueda seguir operando.

Como adelantó El Independiente, Plus Ultra tenía cobrados por adelantado 22,13 millones de euros en pasajes hasta el pasado 30 de junio. Ello supone más del 40 % de la deuda que acumula la empresa, cifrada en casi 50 millones de euros. La otra partida más importante del pasivo es lo que adeuda a sus proveedores, que importa otro 40 %.

«No está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna», expone la fiscal.

El pasado mes de marzo, el Gobierno otorgó una ayuda financiera de 53 millones a Plus Ultra Líneas Aéreas SA, en delicada situación económica por el impacto que ha tenido en sus cuentas la pandemia. Uno era un préstamo ordinario de 19 millones -ya abonado- y otro participativo de 34 millones, cuyo desembolso se había fijado para el 28 de julio. 

La fiscal no pasa por alto el perjuicio a clientes y acreedores si la aerolínea se queda sin liquidez

El Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que existen «mecanismos importantes de control» para conocer que el dinero que pone a disposición de la aerolínea se destina a los fines previstos -cubrir parcialmente sus necesidades de circulante- y que sólo si se incumpliera la obligación de la devolución se produciría «un daño real y efectivo». Por ello, no aprecia razones para que se paralice el desembolso.

En este sentido, la fiscal explica que la gestión económica del fondo a través del consejo gestor «estará anualmente fiscalizada», al tiempo que recuerda que a principios de mes la Intervención General de la Administración del Estado ya concluyó que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra «no supone un quebranto patrimonial para el Fondo». «Existen asimismo garantías adicionales para la restitución de los préstamos debidamente pormenorizadas en el plan de viabilidad aportado por la compañía», agrega.

El acuerdo incluye una cláusula por la que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) -entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública que gestiona, a través de un consejo gestor, el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas- se reserva la posibilidad de acordar el vencimiento anticipado de la financiación en caso de incumplimiento de las condiciones firmadas, reclamando en ese caso el «reembolso inmediato» de los importes. Ese reintegro se garantiza mediante un derecho de prenda constituido en favor de la Administración sobre las acciones de Plus Ultra. «De modo que, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, la SEPI puede apropiarse de forma inmediata no solo del control, sino de la propiedad de la compañía», enfatiza.

Igualmente, el Ministerio Público hace alusión en su escrito a la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de no investigar si hubo desvío de fondos públicos en la asignación de la ayuda pública de 53 millones a la compañía. Recuerda la Fiscalía que el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas consideró que se había respetado el procedimiento administrativo en la concesión de la ayuda, resuelta por el consejo gestor después de contar con la autorización del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 9 de marzo.

La titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, Esperanza Collazos, debe decidir ahora si mantiene suspendido el desembolso de los 34 millones o autoriza su abono. En su informe, el asesor financiero de Plus Ultra (DC Advisory) ha advertido de que, en caso de que la aerolínea no reciba la ayuda estatal, no podría atender sus obligaciones operativas y tendría graves dificultades para seguir operando.

Según DC Advisory, el cese de la actividad de Plus Ultra generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta a 2.700. En términos de facturación, el impacto económico sería de 365 millones de euros.

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