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Euskadi fomentará la reinserción de presos como vía de "pacificación social"

El Gobierno vasco quiere implicar a empresarios y ONG, además del conjunto de instituciones, para facilitar vías de reinserción del colectivo de internos en las cárceles vascas, entre ellos, 60 presos de ETA.

El lehendakari Iñigo Urkullu accede al Parlamento Vasco.

El lehendakari Iñigo Urkullu accede al Parlamento Vasco.

En menos de dos meses Euskadi será titular de la gestión de las tres cárceles vascas. Lo hará al entrar en vigor la transferencia de la competencia firmada en mayo y que se activará a partir del próximo 1 de octubre. Desde ese día será la Administración vasca la única responsable de gestionar las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene, en las que están internos alrededor de 1.300 presos y a las que en las últimas semanas se ha acelerado el traslado de presos de ETA una ven desactivada la política de dispersión iniciada en 1989. Actualmente cerca de 60 presos de la banda terrorista cumplen condena en algún centro penitenciario vasco.

En estos días la consejería de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales ultima la puesta en marcha del ‘modelo vasco’ que aplicará en las prisiones. En la batería de casi un centenar de medidas que ha previsto destaca su apuesta por la reinserción de los presos con programas que implicarán a todas las instituciones vascas. En este sistema que priorizará ‘socializar’ a los reclusos a su salida de la cárcel se aspira a implicar también al tejido empresarial vasco con el que se quiere contar para que facilite el acceso al trabajo de los internos. Esos procesos estarán dirigidos a todo tipo de reclusos, incluidos los de ETA, a los que se tratará del mismo modo que al conjunto de la población penitenciaria. El Gobierno de Urkullu se ha comprometido a no conceder ningún tipo de trato diferenciado.

La ‘red’ de apoyo y el programa que se activará implicará a las áreas de Vivienda, Sanidad, Educación, Trabajo y Servicios Sociales de los ayuntamientos, diputaciones y del Gobierno vasco. Se establecerá un plan de actuación a “largo plazo” orientado a facilitar la integración de cada preso teniendo en cuenta su situación y condiciones personales.

El proceso comenzará durante su primera etapa de privación de libertad y continuará en fases posteriores en régimen abierto. Incluso seguirá con un acompañamiento una vez fuera de prisión. Con ello, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pretende contribuir a alcanzar objetivos que sí están relacionados con la presencia de presos de ETA en las prisiones del País Vasco. Así, asegura que uno de los objetivos de su política penitenciaria será contribuir a “la pacificación social” en Euskadi fomentando la inserción de los presos y a una “reparación de las víctimas”.

Infundir ‘comprensión social’

Se establece que se debe trabajar la situación de cada preso y su disposición a dar pasos pero también que se tendrá que trabajar un cambio en la actitud de la sociedad vasca hacia este colectivo. Así, se plantea “infundir en la sociedad la comprensión de que las personas presas son ciudadanas como el resto”. Una de las fórmulas con las que se aspira a lograrlo es acreditando “empíricamente” que lograr una reinserción real de los presos permite “vivir con seguridad”.

El plan interdepartamental e interinstitucional de apoyo estará coordinado por el departamento de Justicia, y bajo el cual actuarán las áreas de Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Empleo. Se recuerda que el regreso a la sociedad de los presos en las mejores condiciones “es responsabilidad de todos”.

Para ello se configurará una “Red de Reinserción Vasca”. Se emplearán los mismos recursos ya existentes en la Administración para el conjunto de la población, ya que se intentará evitar crear recursos específicos y separados para el colectivo de presos. El apoyo de las instituciones en las distintas áreas se requerirá tanto durante el cumplimiento de la condena dentro de la cárcel como “una vez obtenida la libertad definitiva”. Para ello, se quiere que los distintos servicios públicos de la red contemplen “a la población penitenciaria” en sus actuaciones con el fin de atenderla y darle apoyo.

En esta labor Euskadi quiere implicar a los empresarios que lo deseen, junto al tejido de organizaciones no gubernamentales y sociales. Uno de los caminos que se primará será la reserva de plazas municipales de los consistorios para dedicarlos a puestos de trabajo “en beneficio de la comunidad” y que llevarían a cabo los presos en la última fase de su condena. Las organizaciones sociales cumplirían una función de apoyo formativo mediante talleres dentro de las cárceles y una vez que abandonen el centro penitenciario. Jugarían un papel importante en los programas de alfabetización, recualificación, capacitación social y competencial. Es ahí también donde se quiere contar con la colaboración del empresariado vasco.

Condenas en ‘semilibertad’

En el aspecto formativo se llegará a acuerdos con la UNED y la Universidad del País Vasco y, en su caso, con otras universidades vascas para facilitar la formación académica de los presos. Una preparación orientada a mejorar sus posibilidades de empleabilidad. Durante años fue precisamente este aspecto uno de los más polémicos en los centros penitenciarios por el trato preferente que parte del profesorado de la UPV concedió a los presos de ETA en sus procesos de formación universitaria.

Euskadi quiere implantar un seguimiento individualizado de cada interno y adaptado a sus circunstancias. Les reclamará que se “autorresponsabilicen” y se comprometan personalmente en su camino de resocialización. A lo largo de su estancia en la cárcel se irían elaborando informes de reinserción para ir adaptando a ellos el modo de cumplimiento de la pena, así como las progresiones de grado o el acceso a la semilibertad. Uno de los aspectos que se pondrá en marcha es evitar la privación de libertad plena a quienes cumplan condenas por debajo de 5 años de prisión. En estos casos se les clasificará automáticamente en tercer grado y accederían a un régimen abierto. También se contempla iniciar una labor pedagógica y de difusión de esta vía en el ámbito de la judicatura, la fiscalía y la abogacía.

La perspectiva de género se concibe como un elemento trasversal de todo el programa en aras a reducir la discriminación que en mayor intensidad padecen las mujeres presas. Un abordaje que abarcaría tanto la fase de cumplimiento en la cárcel como a su salida en libertad. De igual modo, se incluye en el modelo vasco de prisión un trato prioritario en favor de los internos que padezcan enfermedades graves o incurables y a los mayores de 70 años, en favor de cumplimientos de condena en régimen de semilibertad.

La aplicación de este modelo penitenciario que el País Vasco quieren llevar adelante a partir de octubre requerirá de la participación de los funcionarios de prisiones, que pasarán a depender de la Administración vasca. Los cerca de 700 trabajadores que ahora suman las tres cárceles vascas también verán cómo se modifica su situación. Además de concederles un papel directo en los procesos de reinserción como “agentes terapéuticos”, se anuncia una revisión del ratio de trabajadores por interno y una convocatoria para cubrir plazas vacantes. Junto a ello, el departamento de Justicia quiere mejorar los niveles de conocimiento de euskera entre el personal de las prisiones para lo que se facilitará su acceso a cursos de aprendizaje.

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