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Euskadi reducirá en 17,6 millones el Cupo que paga al Estado tras asumir prisiones

La rebaja en el abono corresponde al coste de gestión de las tres cárceles vascas que, entre octubre y diciembre, asumirán las arcas vascas tras recibir la competencia. El 'modelo vasco' de gestión penitenciaria apostará por la reinserción y la rehabilitación.

El presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu durante uno de sus encuentros en La Moncloa.

El presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu durante uno de sus encuentros en La Moncloa. Europa Press

Euskadi reducirá este año el pago anual del Cupo que abona al Estado. Lo hará con un recorte total de 17,63 millones de euros, correspondientes al cote de la gestión de las cárceles vascas desde octubre a diciembre. La asunción de la gestión de las cárceles vascas se descuenta por tanto del importe total del Cupo vasco, -que se había cuantificado par este año en 1298 millones de euros-, y con el que Euskadi financia la parte que le corresponde de las competencias no transferidas y que ejerce el Estado en el País Vasco.

No será hasta el 1 de octubre cuando el Gobierno vasco asuma la competencia cuyo traspaso se firmó el pasado 10 de mayo. La revisión a la baja del Cupo no supone en principio ningún ahorro para las arcas vascas, ya que a partir de ahora será la Administración vasca la que se hará cargo del coste de esta materia que hasta ahora venía asumiendo Instituciones Penitenciarias.

Desde ahora, serán los presupuestos vascos los que deberán incluir las partidas presupuestarias correspondientes para financiar el mantenimiento y coste de gestión de los tres centros penitenciarios vascos: Basauri (Bizkaia), Zaballa (Alava) y Martutene (Gipuzkoa). También será la administración vasca la encargada de la aplicación de la política penitenciaria.

Lo hará sufragando con sus propios ingresos en las Haciendas vascas. El único ahorro podría llegar en el caso de que un cambio en el modelo de gestión pudiera suponer una reducción de costes en el mantenimiento de las tres cárceles y un importe inferior al que hasta ahora se venía reflejando en el Cupo anual que se paga al Estado.

Pagar con lo recaudado

La cuantía se ha calculado para los tres últimos meses del año, del 1 de octubre al 31 de diciembre próximo, a razón de 5,8 millones de euros al mes. De cara al ejercicio 2022 la reducción en el pago del Cupo se estima que será muy superior, al afectar a todo el ejercicio anual. Con esta decisión, cada una de las tres haciendas vascas deberán llevar a cabo una aportación específica suplementaria para cubrir el coste de la nueva transferencia para los tres últimos meses del año.

La competencia de prisiones es la principal transferencia que la Administración vasca ha logrado en la lista de acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de uno de los traspasos a los que el Gobierno de Urkullu más relevancia ha dado en la lista de algo más de una treintena de materias incluidas en el cronograma de cumplimiento del Estatuto de Gernika acordado. Un pacto contra el que tanto el Ejecutivo de Vitoria como el PNV se han referido en los últimos días para reprochar el Gobierno la demora en la ejecución del calendario acordado.

Por el momento la asunción de la competencia penitenciaria no es efectiva y es Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, la que continúa ejerciendo la gestión y costeando su mantenimiento. A partir de octubre corresponderá a la consejería de Justicia del Gobierno vasco hacerse cargo de las tres prisiones y su funcionamiento, así como de la aplicación de la política penitenciaria que seguirá en manos del Estado.

1.300 internos

Además del cambio en la titularidad y en el mantenimiento económico de los centros carcelarios, uno de los mayores cambios que se prevé para el último trimestre del año será el modelo penitenciario que ya se ultima. El Gobierno vasco quiere cambiar la política de gestión que rige sobre los algo más de 1.300 internos que cumplen condena en las prisiones vascas.

Se aplicará sobre tres ejes esenciales que pasan por potenciar las penas en un medio abierto, favoreciendo medidas como los regímenes abiertos de semilibertad en las últimas fases de la condena, así como el apoyo institucional en los procesos de reinserción de los internos. La tercera de las vías que definirá desde otoño el ‘modelo vasco’ de prisiones será una adaptación de los periodos de internamiento hacia la reinserción social.   

Respecto a la asunción del personal de los centros, cerca de 700, por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo sobre el modo en el que se podría llevar a cabo la integración dentro de la Administración vasca. El plan de trabajo del Gobierno vasco pasa por cerrar en una primera fase un “acuerdo transitorio” que permita iniciar la nueva etapa y dejar para el 2022 la negociación definitiva de las condiciones.

Tras el verano, en el mes de septiembre, está previsto retomar los contactos entre la representación sindical de los funcionarios de prisiones y la Consejería de Justicia. Para más adelante se dejarán las cuestiones más complicadas como la relación de puestos de trabajo, la negociación de las jornadas y horarios, la elaboración de una bolsa de trabajo o aspectos como la valoración del riesgo en el ámbito penitenciario.    

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