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Decenas de funcionarios de prisiones de Zaballa viven en un internado escolar de una orden religiosa

El cierre de los alojamientos en el que residía la mayoría de sus 330 funcionarios durante los periodos laborales ha complicado la búsqueda de piso a estos trabajadores de la cárcel que en octubre pasarán a ser funcionarios del Gobierno vasco.

Durante décadas vivieron casi en el anonimato, semiocultos y vigilando cada uno de sus pasos. La amenaza terrorista que se cernía sobre ellos, como sobre otros colectivos, obligaba a ello. En Euskadi pocos querían ese trabajo: funcionario de prisiones. Es lo que explica que la inmensa mayoría de los cerca de 700 que trabajan en el País Vasco procedan de fuera. Aún hoy, casi una década después de que ETA anunciara el cese de sus acciones criminales, alrededor del 85% sigue residiendo fuera del País Vasco y tan solo viaja hasta allí los tres o cuatro días de trabajo que le corresponden por semana para regresar después a su ciudad de origen. Comunidades limítrofes como Castilla y León, La Rioja o Cantabria son los lugares de procedencia y residencia más habituales.

Hasta ahora, en las tres prisiones vascas los funcionarios de prisiones residían casi en su mayoría en los ‘recursos habitacionales’ que Instituciones Penitenciarias brindaba a los trabajadores de las cárceles para residir cada semana durante los días que se trasladaban a Euskadi. Incluso alguno de los directores de las cárceles reside en estas viviendas. Los centros de Basauri y Martutene son los que tienen un menor número de trabajadores penitenciarios, frente a los cerca de 330 que lo hacen en la principal prisión vasca: Zaballa.

Sin embargo, desde el pasado mes de enero, meses antes de firmar el traspaso de la gestión de prisiones al Gobierno vasco, Interior ejecutó el cierre del módulo de Nanclares de Oca en el que se alojaban los funcionarios. Lo hizo aduciendo problemas de infraestructuras y riesgo de colapso de las construcciones. Estas circunstancias obligaron a los cientos de trabajadores que residían en ella a buscar alojamiento por su cuenta. En muchos casos se optó por Vitoria o por localidades cercanas fuera del País Vasco como Miranda de Ebro o Logroño. La dificultad de muchos para encontrar alojamiento llevó a los responsables de un internado cercano a ofrecer la posibilidad de alojarse en algunas de las habitaciones para estudiantes con las que cuenta el centro educativo y donde desde comienzos de año residen casi medio centenar de funcionarios de prisiones.

Estos funcionarios de la prisión de Zaballa han estado compartiendo a lo largo de este curso el uso de este internado con los escolares que se encontraban internos en él. Se trata de un internado gestionado por la orden de los Menesianos y en el que los funcionarios, a cambio del pago de una cuota, pueden hacer uso de las habitaciones. De este modo, el centro educativo San José, ubicado en una construcción con casi un siglo de antigüedad de Nanclares de Oca, suma a otro colectivo más entre sus internos. Además de los jóvenes escolares, hasta ahora también venía acogiendo a colectivos de inmigrantes.

Funcionarios y escolares

Se trata de un inmenso complejo que data de finales del siglo XIX. Cuenta con amplios patios e instalaciones deportivas, además de estar situado en un entorno natural. Inicialmente albergó un balneario de lujo pero años más tarde fue abandonado. Así permaneció hasta 1914, cuando la orden de los Hermanos Menesianos se instaló allí para ubicar su seminario. En el complejo existe incluso un cementerio donde son enterrados los hermanos de la orden que fallecen a lo largo del mundo. Tras el cierre del seminario -actualmente apenas reside media docena de frailes- se transformó en el centro educativo que es en la actualidad.

Los funcionarios de prisiones, que a partir de octubre pasarán a estar bajo la tutela del Gobierno vasco, lamentan que no se les brinde una salida más adecuada y que se vean forzados a acogerse al ofrecimiento habitacional hecho por este centro religioso. “Allí están hombre de 50 o 60 años conviviendo con chavales de 12 o 13 años que están internos”, aseguran fuentes consultadas por ‘El Independiente’.

Insisten en que el cierre de las residencias que hasta ahora se le ofertaban, por el pago de alrededor de 300 euros en concepto de alquiler, había sido una solución adecuada para el colectivo. El complejo se encontraba en las instalaciones de la antigua prisión de Nanclares de Oca, en desuso desde que en 2011 se inauguró la cárcel de Zaballa.

Aseguran que las razones arquitectónicas esgrimidas para proceder al cierre de las instalaciones no se corresponden, “con los informes y conclusiones que a nosotros nos dieron expertos arquitectónicos que vinieron a verlo”. Añaden que una prueba de que no existían problemas arquitectónicos es que el Gobierno vasco pretende habilitar en ellos el centro de régimen abierto para los internos en tercer grado –que no existe en Euskadi-, “y se van a limitar a darle una mano de pintura”. Añaden que el pago que hasta ahora han venido haciendo por hacer uso de las instalaciones que les brindaba Instituciones Penitenciaria, “en un 60% se suponía que debía ir al mantenimiento de las mismas y no sabemos dónde ha ido ese dinero”.

«Vienen, trabajan y se van»

El Gobierno vasco ya ha firmado la concesión de la transferencia por la cual gestionará los tres centros carcelarios vascos y por la que asume la titularidad de todas las infraestructuras penitenciarias, incluidas las relativas a las soluciones habitacionales que se brindaban a los funcionarios. En el caso de Álava, donde se encuentra la prisión más grande, la de Zaballa, los trabajadores de la cárcel –al contrario de los de Martutene (San Sebastián) y Basauri (Bizkaia)- carecen actualmente de esta posibilidad que se ofrece en la mayor parte de cárceles de nuestro país. Desde el colectivo de funcionarios se desconoce si el Ejecutivo vasco contempla alguna medida que permita solucionar su situación, si bien temen que no lo haga.

Por ahora apenas ha habido una primera toma de contacto con los representantes de los funcionarios pero no se han dado detalles de cómo se llevará a cabo la absorción de estos trabajadores públicos que deberían pasar a depender de la administración vasca en apenas tres meses. Uno de los principales temores que trasladan es que se establezcan cambios que terminen por precipitan la salida de funcionarios y aumenten las peticiones de traslado a otros centros carcelarios. Aspectos como los requisitos lingüísticos en torno al conocimiento de euskera o posibles variaciones de las jornadas laborales que compliquen concentrar jornadas y acortar las estancias en Euskadi, figuran entre las mayores preocupaciones. “Aquí la mayoría viene, trabaja y se vuelve a su ciudad. A León, Valladolid, Palencia, Logroño, etc. Casi todos venimos solos, sin nuestras familias y por eso procuramos concentrar las jornadas”, asegura un funcionario de prisiones de Zaballa.

Las dificultades para encontrar alquileres es en muchos casos una de las razones que complica la residencia de los funcionarios y la que contribuyó a acogerse a la solución ofrecida por el internado del Colegio San José de Nanclares de Oca. Pese a que la amenaza terrorista ya ha desaparecido, el colectivo de funcionarios de prisiones no olvida que durante mucho tiempo ha sido uno de los grupos que mayor rechazo ha generado en ámbitos radicales. ETA asesinó a lo largo de su historia a cuatro trabajadores de prisiones en Euskadi y llevó a cabo el mayor secuestro en la historia de la banda contra otro trabajador de una cárcel, José Antonio Ortega Lara.

Precisamente el Gobierno vasco se comprometió recientemente a analizar el impacto que la amenaza terrorista tuvo sobre los trabajadores de prisiones durante los años de amenaza terrorista. Lo hizo de modo especial a partir de 1989, cuando el Gobierno de Felipe Gonzáles implantó la política de dispersión sobre los presos de la banda. Al igual que hiciera con otros colectivos como los políticos, la Ertzaintza, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el próximo estudio se dedicará a analizar y evaluar el sufrimiento padecido por los funcionarios de los centros penitenciarios en Euskadi.    

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