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Interior pone a punto las cárceles vascas mientras Euskadi ultima su 'modelo penitenciario'

Tras la sustitución de la vieja cárcel de Nanclares por la moderna de Zaballa en Vitoria, Grande Marlaska licita una nueva prisión en San Sebastián que adjudicará un mes antes de completar la transferencia de la gestión carcelaria a Euskadi.

Será una entrega con puesta al día incluida. En poco más de tres meses el País Vasco deberá recibir la gestión de las tres cárceles vascas ahora en manos del Ministerio del Interior. A partir de entonces se hará cargo de 1.132 celdas y una población de casi 1.300 reclusos, además del personal y las instalaciones. Un proceso que se llevará a cabo en pleno incremento del acercamiento de presos de ETA a prisiones vascas o próximas a Euskadi y que ha suscitado las críticas de determinados sectores de víctimas.

Dos de las tres prisiones que gestionará Euskadi se encontrarán entre los complejos penitenciarios más modernos de España. Zaballa, en Álava, funciona desde 2011 como un complejo con las instalaciones más novedosas frente a las a menudo obsoletas infraestructuras carcelarias de nuestro país. Ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció que en sólo tres años, a partir de 2023, otra de las cárceles vascas, la que se construirá en barrio de Zubieta de San Sebastián en sustitución de la de Martutene, se convertirá en una de las más avanzadas.

La actualización de instalaciones se debería completar con la prisión de Basauri, un complejo anticuado y saturado. Sin embargo, pese a que se han barajado nuevas ubicaciones por ahora no están previstos cambios a corto plazo.

Antes de que el mes de marzo concluya el Gobierno vasco debería recibir de manos del Ejecutivo central la  competencia de prisiones, tal y como establece el Estatuto de Gernika. El compromiso acordado fijó enero como fecha de cesión pero la crisis sanitaria ha obligado a demorarlo hasta la próxima primavera. En este tiempo el Gobierno de Iñigo Urkullu ya ha comenzado a cerrar un “modelo penitenciario vasco” que definirá el modo en el que gestionará las tres infraestructuras, su personal y la aplicación de la Ley General Penitenciaria.

Reforzar la reinserción

La Administración vasca quiere imponer cambios cuando pasen a sus manos las tres prisiones, en las que cumplen condena alrededor de una treintena de ellos miembros de ETA. Anuncia que se centrará en el modo en el que se fomentará la reinserción de los penados. Según ha avanzado ya el Ejecutivo vasco se quiere modificar el sistema aplicado hasta ahora para fomentar más las “prácticas restaurativas y de acceso a los derechos sociales”, tal y como reconoció la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Por el momento, guarda con celo mayor detalle sobre la política para gestionar los complejos carcelarios.

La asunción de la competencia no supone en ningún caso que corresponda al Gobierno vasco fijar la política penitenciaria, que seguirá en manos del Gobierno central. Sin embargo, Euskadi sí tendrá poder para gestionar y definir aspectos ordinarios de funcionamiento o incluso de valoración de los presos. Así, a partir de ahora el personal de los tres centros –Basauri, Zaballa y Zubierta- pasará a depender de la Administración vasca. Actualmente las tres cárceles cuentan con cerca de 800 funcionarios. Las futuras ampliaciones o renovaciones de personal se harán bajo los criterios que fije la Administración vasca.

Uno de los aspectos más determinantes será que los nuevos gestores de las prisiones harán la correspondiente “interpretación” de la Ley General Penitenciaria y de lo cual podrían derivar instrucciones y directrices de funcionamiento. Desde el momento de la transferencia el Gobierno vasco tendrá autonomía para la elaboración de los informes relativos a los presos. Se trata de evaluaciones muy importantes ya que de ellas dependen en gran medida decisiones como las concesiones de progresiones de grado o los beneficios penitenciarios. En caso de discrepancias con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias correspondería a un juez de vigilancia penitenciaria pronunciarse, basándose siempre en los informes emitidos.

La actualización de las prisiones es una vieja demanda por parte del Gobierno vasco. En el caso de la cárcel de San Sebastián la petición se justificaba en la necesidad de liberar el espacio que ahora ocupa para poder continuar con la expansión de la ciudad. Actualmente en la prisión de Martutene, que data de 1948, cumplen condena alrededor de 260 reclusos. La prisión que la sustituirá –y cuya adjudicación por un importe de 41 millones se prevé para febrero- tendrá más celdas, 234 dobles, distribuidas en seis módulos. Todo el complejo abarcará casi 36.000 metros cuadrados.

Basauri, la cárcel pendiente

Hace menos de nueve años en Álava se estrenó la cárcel de Zaballa. Sustituyó a la antigua de Nanclares, que dio nombre a la vía de reinserción que se habilitó para los presos de ETA que se desmarcaran de la banda. La prisión alavesa tiene capacidad para acoger a casi un millar de presos, muchos más de los cerca de 700 que ahora cumplen condena en ella. La modernidad de sus instalaciones, entre las que se incluye una piscina cubierta o celdas de 13 metros cuadrados frente a las de 10 metros cuadrados habituales y la eliminación de las torres de control, la convierten en una de las prisiones más innovadoras y mejor equipadas.

No es el caso de la cárcel de Basauri, donde la saturación de los presos es una denuncia reiterada. Las apenas 89 celdas de las que dispone se antojan insuficientes para albergar a los 350 presos internados en ella. Este complejo carcelario es de 1966. En todos estos años, este municipio cercano a Bilbao, de apenas 40.000 habitantes, ha visto cómo el crecimiento del entramado urbano la ha situado cerca del corazón del municipio. Los intentos de Interior por buscar ubicaciones alternativas no han dado resultado y por el momento no existen planes para construir otra prisión en Vizcaya.     

En 2011, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Euskadi asumió la competencia de gestionar la salud y la formación docente del personal de las cárceles. El cambio fue notable al incorporar unidades sanitarias específicas en cada uno de los tres complejos penitenciarios. En conjunto, el personal sanitario en Basauri, Martutene y Zaballa lo integran casi medio centenar de trabajadores y cuenta con 89 camas.

En los últimos meses el Gobierno ha procedido al acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. En la mayoría de los casos los traslados se han producido a centros penitenciarios cercanos a Euskadi, como La Rioja, Cantabria, Navarra o Burgos, y en apenas una treintena de casos a prisiones vascas. Hasta ahora los acercamientos a las cárceles de Zaballa, Basauri o Martutene se reservaban únicamente a los presos de ETA que se acogían a la vía de reinserción conocida como ‘Vía Nanclares’ y a la que se acogieron una treintena de presos de la banda que previamente se desmarcaron de ella.   

Malestar

Entre los colectivos de víctimas los últimos movimientos en política penitenciaría, así como los acuerdos alcanzados con EH Bildu, han levantado recelos y rechazo. Desde la AVT, por ejemplo, se denuncia que los traslados responden a un ‘blanqueamiento’ del entorno de ETA a cambio de su apoyo. En asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) no se cuestiona el acercamiento pero sí la insistencia del Gobierno vasco en asumir ahora la competencia de prisiones. Temen que ese movimiento responda a un intento por rebajar las exigencias a los presos de ETA y acelerar sus procesos de salida de las cárceles.

El Gobierno de Urkullu lleva varios años reclamando un cambio del tratamiento penitenciario al colectivo de presos de ETA para adecuarlo al nuevo tiempo sin violencia. El traslado semanal de presos, ayer fueron acercados otros seis, es una de las peticiones. Tanto el PNV como EH Bildu consideran que todos los reclusos deberían cumplir sus condenas en centros próximos a su lugar de residencia. Más aún, la pasada legislatura el Ejecutivo vasco reclamó a Sánchez que acercara a todos los presos de la banda a cárceles de Euskadi incluso sin que hubieran renunciado a la violencia. Consideró que el acercamiento al País Vasco facilitaría la aplicación de procesos de arrepentimiento y de reinserción social.         

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