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El 40% de traslados de presos de ETA se ha autorizado durante la negociación presupuestaria

De los 115 acercamientos autorizados desde que en 2018 Sánchez asumió el poder, 47 se ha producido desde el inicio de los contactos con Bildu el 16 de septiembre y ayer, cuando concluyó la comisión presupuestaria y la coalición oficializó su sí a las cuentas.

Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska, en un pleno del Senado.

Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska, en un pleno del Senado. EP

Lo ha negado Arnaldo Otegi y lo desmiente el Gobierno, pero los datos reflejan que el ritmo cambió al mismo tiempo que lo hacía la negociación presupuestaria. Los traslados de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi se han intensificado en estos últimos dos meses como nunca antes desde que Sánchez accedió a la Moncloa. Es el periodo en el que los contactos con la izquierda abertzale y el PNV se pusieron en marcha en busca de su sí a las cuentas de 2021. El Ejecutivo tiene desde el miércoles el voto afirmativo de los seis diputados jeltzales y a última hora de ayer las bases de EH Bildu oficializaron el apoyo de sus cinco escaños.

El líder de la izquierda abertzale ha asegurado que el respaldo a las cuentas está justificado por los “tímidos” avances en materias como las políticas sociales, la resolución de conflictos territoriales y la política penitenciaria. En esta última cuestión el cambio desde la primera reunión de tanteo entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado 16 de septiembre, hasta la comisión de presupuestos celebrada ayer, ha sido muy significativo. De los 115 acercamientos autorizados por este Gobierno el 40% se ha producido entre septiembre y noviembre de este año.

En los nueve meses anteriores -de enero a mediados de septiembre- Instituciones Penitenciarias autorizó el traslado de 32 presos de ETA a prisiones vascas o próximas al País Vasco. Sólo en los últimos dos meses la cifra alcanza ya los 47 acercamientos de presos. Tres días después de la primera reunión con Iglesias se hizo público el acercamiento de cinco presos de la banda. Una medida que se ha repetido otras siete semanas más desde entonces, con acercamientos por grupos de entre cinco y seis presos.  

Una semana después de aquella ronda entre el líder de Podemos con los dirigentes de EH Bildu –además de con los de ERC- fue la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la que recibía a la coalición abertzale y al PNV para explorar su sintonía presupuestaria. Nueve días más tarde se formalizó un nuevo paquete de acercamientos de presos de ETA. Y así hasta completar siete bloques de acercamientos, cuatro de ellos en este mes de noviembre.

Fuera de las 29 enmiendas

En la mayoría de los casos los traslados se han producido a prisiones como las de Logroño, Cantabria, Zaragoza y Asturias y en menor medida a Euskadi o Navarra. En todos los casos Interior ha subrayado que los presos asumen la legislación penitenciaria y en algunos casos ha puesto en valor su desvinculación de ETA, su reconocimiento del daño causado o la renuncia a la violencia.

Terminar con la política de dispersión de los presos de la banda es una vieja reivindicación de la izquierda abertzale y en menor medida del PNV. Ambas formaciones recuerdan que se trata de una medida que no corresponde al nuevo tiempo y realidad y que se debe cumplir la ley penitenciaria que primar el cumplimiento de la pena cerca del lugar de origen. En el PNV trabajan ahora para dar otro paso en este ámbito, como es la asunción por parte del Gobierno de Urkullu de la competencia de gestión de las prisiones a partir de marzo. Sánchez se comprometió a formalizar el traspaso de esta competencia recogida en el Estatuto de Gernika antes del 31 de marzo próximo.

Otegi llegó a situar la situación de los presos entre las cuestiones que se incluirían en sus contactos con el ala morada del Gobierno. Formalmente no lo ha hecho. Entre las 29 enmiendas presentadas por EH Bildu no existe referencia alguna ni a la política penitenciaria ni a la situación carcelaria.

En este año 2020 ha quedado clara la pretensión del Gobierno de cambiar su política respecto a la situación de los presos de ETA. Tanto Podemos como amplios sectores del socialismo consideran que perpetuarla carece de sentido una vez que la banda ha desaparecido. La política de dispersión impuesta por otro Gobierno socialista, el de Felipe González en 1989, afecta ya en mucha menor medida a este colectivo. Más de la mitad de los presos han sido acercados a cárceles ubicadas en un radio inferior a 250 kilómetros de Euskadi, tal y como reclamaba el Gobierno vasco. Actualmente menos de un centenar continuarían presos en cárceles más alejadas. A los traslados se ha sumado el reconocimiento de terceros grados, 17 por el momento, que obligan al acercamiento a la prisión más cercana a su lugar de origen. Muchos de ellos son la algo más de una veintena de presos que cumple condena en las prisiones vascas y navarras.

Actitud dispar de las víctimas

El acercamiento de presos de ETA no es una medida nueva. Todos los Gobiernos, incluidos los del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy, la han tomado. En el caso de los Gobiernos populares la medida se adoptó como compensación en procesos de negociación y contacto con ETA y su entorno y ahora, en tiempos de Sánchez, la medida se aplica en cumplimiento del compromiso de Sánchez para recabar el apoyo de EH Bildu de “flexibilizar” la dispersión en vigor desde hace más de tres décadas.     

La actitud del Gobierno ha provocado una reacción dispar entre los colectivos de víctimas. Algunas organizaciones, como la mayoritaria AVT, se han mostrado especialmente críticas con el modo en el que se están autorizando los acercamientos. En una nota la asociación consideró que el Gobierno “ha perdido el norte” al “premiar” a los presos para tener unos presupuestos “a cualquier precio”. Añaden que estas medidas hacen sentirse a las víctimas “ultrajadas, desamparadas, humilladas e insultadas” y que se les acerca tras firmar un mero documento. Asociaciones como la AVT estudian incluso emprender movilizaciones en la calle para protestar contra el Gobierno.

En cambio, desde otros colectivos, como el Colectivo de Víctimas del País Vasco (COVITE), la posición no es tan crítica contra el acercamiento de los presos. Recuerdan que todos los gobiernos los han autorizado y que lo relevante es el cumplimiento de la pena, no tanto la prisión en la que se haga. Covite sí se muestra muy crítica con el proceso de ‘blanqueamiento’ que el Gobierno ha impulsado para normalizar los acuerdos con EH Bildu, “con quienes aún no condenan los asesinatos de nuestros familiares”.   

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