Euskadi ha comenzado a prepararse. El calendario establece que aún quedan once meses hasta que llegue el día pero la maquinaria ha comenzado su puesta a punto. A nadie se le escapa que el contexto político augura un horizonte de tensión y dificultades casi imprevisibles para el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la Administración vasca sueña ya con que el tiempo no lo estropee, que por fin podrá que gestionar su vieja aspiración: las cárceles. Las incluyeron en 1979 en el Estatuto de Gernika pero no ha sido hasta 40 años después cuando lo han visto factible.

Figura como una de las dos prioridades entre la treintena larga de materias pendientes de transferir que han definido los socios de Gobierno en Euskadi, PNV y PSE. Sobre una de ellas el ‘no’ parece inamovible. Sánchez ha dejado claro que el régimen económico de la Seguridad Social seguirá siendo materia estatal. Sobre la otra, la gestión de las prisiones, el gesto debía ser claro y comprometido si Sánchez quería el apoyo presupuestario del PNV. Y lo ha sido. El Ejecutivo del PSOE se ha comprometido a ceder las cárceles a Euskadi antes de fin de año, si un adelanto electoral no lo frustra.

El viernes una delegación de la comisión de Justicia y Empleo del Parlamento Vasco visitó durante espacio de cuatro horas la que es sin duda una de las prisiones más modernas de España, la cárcel de Zaballa. A la salida, su presidenta, la histórica abogada de la izquierda abertzale, Jone Goirizelaia, se felicitó de que pronto Euskadi asuma la gestión de los centros penitenciarios, “lo podremos hacer mejor y de otro modo”. También en el PNV apremiaron a no demorar la cesión de la competencia y cumplir con lo pactado en el Estatuto de Gernika.

Euskadi podrá emitir instrucciones y circulares a los funcionarios de prisiones para moldear el funcionamiento de las cárceles

El acuerdo cerrado para negociar la competencia prevé que, al igual que se hiciera con Cataluña hace 35 años, a partir de 2020 sea Euskadi la que asuma la dirección, organización e inspección de las prisiones. También tendría la competencia de “planificación y construcción de los centros, la administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos, la organización del trabajo remunerado de la población reclusa, así como la ejecución de las medidas alternativas en prisión y las actividades de reinserción”, según figura en el calendario aprobado.

‘Interpretar’ la ley penitenciaria

Sin duda la cárcel de Zaballa (Alava) será la joya de la Corona de la futura red de prisiones vasca. Inaugurada en 2011, sus instalaciones deportivas -piscina incluida-, sus celdas -de 13 metros cuadrados frente a las de 10 m2 habituales- o la desaparición de las torres de control la han convertido en un referente. Una imagen notablemente distinta tienen las otras dos prisiones que esperan ser cedidas antes de fin de año: la cárcel de Basauri (Vizcaya), con 52 años de antigüedad, y la de Martutene (San Sebastián), con 71 años de vida, y a puertas de la construcción de un nuevo complejo penitenciario ya proyectado.

Las tres prisiones de titularidad aún estatal suman 1.132 celdas -876 en Zaballa, 142 en Martutene y 114 en Basauri-, la mayor parte de ellas con capacidad para dos reclusos. La población reclusa en Euskadi ronda los 1.300 presos y entre ellos figuran apenas media docena de presos de ETA, el verdadero foco de polémica de esta cuestión.

 

De completarse la cesión para antes de enero de 2020, como ha asegurado el Gobierno, la vida no sólo de los presos de ETA sino incluso de los cerca de 1.800 presos de origen vasco que cumplen condena fuera de las prisiones de Euskadi, podría cambiar. Una transformación que no sólo vendría derivada de un previsible mayor acercamiento y traslado de reclusos a los centros penitenciarios vascos, de ETA y de delincuencia común, sino por el hecho de que la gestión de las prisiones en Euskadi estaría en manos de la administración vasca.

Los informes sobre los presos los emitirán funcionarios bajo supervisión de la administración penitenciaria vasca

Esta circunstancia supondría que a partir de ese momento correspondería a los responsables vascos controlar el funcionamiento de las cárceles y la aplicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Fuentes del colectivo de funcionarios consultadas por El Independiente aseguran que ello derivaría en que la Administración vasca tendrá libertad para hacer sus propias “interpretaciones” de la ley y derivar de ella instrucciones y circulares propias dirigidas a los trabajadores de las cárceles. En ellas podrá moldear elementos de funcionamiento, de actividad ordinaria de los reclusos .

Evoluciones de grado

Una autonomía que también adquiriría para la elaboración de informes de los presos y que pueden ser determinantes para dictaminar aspectos como progresiones de grado, suspensiones de condenas o la concesión de beneficios. Decisiones que en última instancia, y en caso de discrepancia con la Secretaria General de Instituciones Penitenciaria, dictaminaría un juez de vigilancia penitenciaria, “pero sobre los informes elaborados por el personal bajo control del Gobierno vasco”.

La cesión de la competencia de salud y formación docente en las cárceles ya fue cedida a Euskadi en 2011 y supuso un cambio significativo. Los funcionarios recuerdan cómo antes en las cárceles la asistencia médica se limitaba a la presencia de varios médicos y enfermeras y ahora “se cambió el modelo y las cárceles incluyen estructuras que se asemejan más a las de un centro de salud, un centro de atención primaria”. La sanidad penitenciaria en Euskadi cuenta con una plantilla de 41 profesionales y una red de 89 camas.

El traspaso de la gestión de las cárceles en ningún caso supone cesión sobre la política penitenciaria, que seguirá siendo competencia exclusiva de Instituciones Penitenciarias. Lo que sí cederá será, además de la titularidad sobre las infraestructuras, el personal ahora bajo tutela del Estado. En Euskadi ronda los 800 el número de funcionarios que de uno u otro modo trabajan en las tres cárceles y centros existentes en el País Vasco.

Zaballa, Basauri y Martutene suman 1.132 celdas para una población de reclusos que ronda los 1.300

Todo apunta a que una vez Euskadi asuma la competencia se produzca una actualización del personal asignado a las prisiones. Actualmente muchos de los funcionarios de prisiones proceden de fuera del País Vasco, lo que hace posible que se pueda abrir un periodo de traslados y salida de trabajadores. Ello supondría dejar vacantes e ir renovando la plantilla pero ya bajo el criterio y exigencias establecidas por la Administración vasca se abriría un periodo de adecuación del personal heredado de la Administración del Estado para cumplir los nuevos criterios establecidos. Uno de los aspectos que más preocupa al funcionariado es el relativo a las exigencias en materia lingüística.

La tensión que ya ha comenzado a generar la cesión de esta transferencia -recogida en los artículos 10.1 y 12.1 del Estatuto de Gernika como competencia “exclusiva” del País Vasco-  era previsible. El tablero se antojaba quebradizo desde hace años y los integrantes de los dos frentes también eran previsibles; Gobierno Español (PSOE) y vasco (PNV-PSE) y Bildu y Podemos a un lado y populares, ciudadanos y víctimas del terrorismo al otro. En medio de la refriega, funcionarios de prisiones y presos, -de ETA y comunes-, a los que su régimen de vida carcelaria podría cambiarles en apenas once meses si se cumplen los planes.

¿’Chantaje’ o deuda?

A las acusaciones que a través de las redes han lanzado PP y Ciudadanos contra el Gobierno de Sánchez se ha sumado el rechazo que las asociaciones de víctimas han expresado ante lo que consideran que es una cesión a un “chantaje del nacionalismo”.

Su esperanza es que el camino y el tiempo frustren la operación. Antes de llegar a negociar las prisiones, ambos gobiernos tendrán que haberse puesto de acuerdo en casi una treintena de materias a transferir, tarea complicada. Hacerlo además bajo la amenaza de un adelanto electoral en los próximos once meses.  El sistema penitenciario figura como “ficha 31” en el documento elaborado en el preacuerdo y cronograma pactado. La negociación de prisiones no se abordará hasta el último trimestre del año.

El intercambio de transferencias, entre ellas las cárceles, a cambio de apoyo presupuestario parece certificado. El PNV ha dado ya por casi seguro que no será un impedimento para aprobar, en su caso, las cuentas que puedan salvar el futuro político a Sánchez.

El colectivo de víctimas, el PP y Ciudadanos han calificado de «chantaje» el compromiso de Sánchez de ceder prisiones a Euskadi

Y su Gobierno lo sabe. Esta semana la vicepresidenta Carmen Calvo se ha encargado de reiterar el compromiso a los nacionalistas y de arremeter contra quienes lo han criticado o lo han tildado de “chantaje” y concesión, o peor aún, de afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo. Calvo no ha tardado en recordar que el Estatuto de Gernika es una ley orgánica, y que la decisión viene amparada por Constitución.

Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) han denunciado lo que consideran que es una cesión al nacionalismo. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez ha denunciado que supondría “transferir el derecho de las víctimas a la legítima justicia a los “nacionalistas”. En su opinión, la insistencia del nacionalismo por convertirse ahora “en carcelero” responde únicamente a su deseo de “abrir las puertas” a la progresiva excarcelación de los presos de ETA.

Tanto el PP como Ciudadanos, así como las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han puesto el grito en el cielo acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de haber cedido al “chantaje” del nacionalismo. En el PP insisten en que “no es el momento”, según dijo el presidente en Alava, Iñaki Oyarzabal. El también senador ya ha anunciado que preguntará a la ministra Meritxell Batet sobre la cuestión. Los populares defienden que en un momento de pleno debate sobre el acercamiento de los presos de ETA y su situación carcelaria no parece lo más adecuado una medida de este tipo: “No es una prioridad, el PNV sigue la hoja de ruta de la izquierda abertzale”, denunció a través de las redes la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández.