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Presupuestos, PNV y Bildu: tú los presos, yo las cárceles

La negociación presupuestaria del nacionalismo vasco prioriza por primera vez cambios en la política penitenciaria. La izquierda abertzale reclama el fin de la dispersion de presos de ETA y el PNV la gestión de las prisiones.

La cuestión nunca estuvo sobre una mesa de negociación presupuestaria. Tampoco EH Bildu se sentó jamás en ella. En el PNV las compensaciones exigidas a un Gobierno por apoyos a las cuentas generales del Estado siempre fueron por otros derroteros más monetarios y competenciales. También la ecuación es nueva por su fórmula: dos vías de negociación paralela en un solo Ejecutivo —cada socio por su cuenta— y recorriendo caminos casi incompatibles. El apoyo también es la primera vez que se puede pagar con moneda hasta ahora desconocida en un acuerdo presupuestario: votos por política penitenciaria.

No se trata de negociar partidas más abultadas para mejorar infraestructuras carcelarias. Tampoco de incorporar inversiones para reforzar la asistencia. Sobre la mesa de negociación presupuestaria los dos principales partidos nacionalistas vascos han puesto un precio político, no contable: un cambio de la política carcelaria que se aplica a los presos de ETA. La izquierda abertzale ha asegurado que no se trata de «presupuestos por presos» sino de «presupuestos por derechos«. Ha dejado claro que es uno de sus ejes de negociación lograr un acuerdo para que el Gobierno dé por finalizada la política de alejamiento que desde 1989 se aplica a los presos de ETA.

En el PNV el precio para apoyar los presupuestos incluye también, dentro de una reivindicación más global, el cumplimiento del Estatuto de Gernika, una reclamación carcelaria: la transferencia a Euskadi de la gestión de las tres cárceles vascas. Es un compromiso firmado en febrero y que, pendiente de actualizar tras el impasse de la pandemia, situaba a finales de este año completar la transferencia.

A puertas del otoño, el Gobierno aparece fracturado entre la posición de Unidas Podemos de buscar la alianza de quienes auparon a Sánchez en la investidura y fijar un ‘cordón sanitario’ a Ciudadanos y la que explora el PSOE de apoyo en la formación de Arrimadas. En esta balanza, PNV y Bildu se decantan por la tesis de Iglesias.

189 presos en la cárcel

Hasta ahora los dos partidos nacionalistas han jugado a dos bandas, Bildu poniendo sobre la mesa presupuestaria el fin del acercamiento y su traslado a prisiones vascas y el PNV la asunción de la gestión de los centros penitenciarios. En el camino, estos días los dos partidos han dado pasos conjuntos que hasta ahora habían evitado. Los nacionalistas de Andoni Ortuzar siempre han abogado por poner fin a la política de alejamiento pero habían procurado desmarcarse y matizar su posición respecto EH Bildu. Esta semana, en cambio, han suscrito dos declaraciones conjuntas, una en Madrid y otra en Euskadi. En ambas solicitaban el traslado de los presos de ETA a cárceles vascas.

Si el Gobierno accede a las reclamaciones de ambas formaciones, que en el caso de Elkarrekin Podemos -la marca de la formación de Iglesias en el País Vasco- cuentan con su respaldo, en poco más de un año podrían cumplirse las previsiones y demandas de las dos formaciones. En ese escenario el País Vasco estaría no sólo gestionando las prisiones sino también la realidad penitenciaria de los 189 presos de ETA que a día de hoy cumplen condena en alguna prisión de nuestro país.

Por el momento no parece realista pensar en un cambio inmediato y total de la política penitenciaria, pese a que los avances dados por el Ejecutivo en este campo son progresivos. Los pasos dados por Sánchez han sido medidos en estos dos años. Inmerso en un juego de equilibrio entre satisfacer a sus socios de investidura y no incomodar en exceso a las víctimas, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos no ha satisfecho a ninguna de las partes. Y el listón de ambos lados de la balanza sigue elevándose. Ahora Otegi reclama «cambios notorios» en la política penitenciaria para dar su apoyo a las cuentas. Por ahora Iglesias ha evitado concretar su grado de disposición apelando a la necesidad de «discreción» en estas materias. Y entretanto, los colectivos de víctimas hablan ya de «humillación».

Acceder hoy a una aplicación generalizada de la política ordinaria a los presos de ETA debería conllevar un traslado de los reclusos de la banda a centros penitenciarios vascos. En los últimos dos años, desde que en agosto de 2018 Interior activara un cambio de política carcelaria, Marlaska ha acercado a 68 reclusos a cárceles próximas a Euskadi y en el menor de los casos a centros del País Vasco. Además, ha procedido al cambio de grado de algunos reclusos. El último paso lo dio este mismo viernes, con un nuevo acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. En esta ocasión fueron cinco, entre ellos uno de los condenados por el asesinato de Ernest Lluch y otro preso condenado por el asesinato de dos ediles del PP. Pese a ello, los pasos son insuficientes para EH Bildu y el PNV.

Movilizaciones

Fue un Gobierno socialista quien activó en 1989 la dispersión de los presos de ETA, entonces cerca de 700, como medida para romper el llamado ‘frente de cárceles’ que la dirección de la organización terrorista controló durante décadas y situó como una vía más de su acoso al Estado. En la actualidad las cárceles de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava) sólo tienen en sus celdas a media docena de presos de ETA.

En este inicio de curso político y negociación presupuestaria la izquierda abertzale ha acelerado sus tradicionales campañas en demanda de un acercamiento de los presos, la puesta en libertad de los gravemente enfermos y la excarcelación de quienes tienen cumplidas tres cuartas partes de sus condenas. Las movilizaciones se intensificaron en verano y se suceden ahora. Y no sólo en nuestro país.

Ayer en el País Vasco francés, en Bayona, plataformas de apoyo a los presos organizaron actos para reclamar el final de la dispersión al Gobierno de Macrón. El próximo sábado día 3 de octubre la red de apoyo a los presos, Sare, también se movilizará para defender un cambio penitenciario.

En esta sucesión de acontecimientos se ha añadido estos días la aparición sin vida en su celda de Martutene del preso de ETA, Igor González Sola en lo que se apunta que pudo ser un suicidio. Las movilizaciones posteriores han vuelto a situar el foco en esta cuestión y han logrado que a ellas se sumen no sólo el PNV y otras formaciones nacionalistas sino también Podemos y la mayor parte de las centrales sindicales. Las palabras de Sánchez lamentando «profundamente» la muerte de González Sola activaron aún más el malestar y la inquietud de los colectivos de víctimas de ETA.

El precedente de Aznar

Mientras todo ello se sucede, los homenajes a presos de ETA han continuado en las calles de Euskadi, bien para recordar a miembros de la banda fallecidos, bien para dar una calurosa bienvenida a militantes de ETA tras recuperar la libertad, como sucedió con el exjefe de ETA, Ibon Gogeaskoetxea el pasado miércoles en Bilbao.

El apoyo de EH Bildu a la investidura de Sánchez vislumbró que ésta sería una cuestión delicada que el nuevo Gobierno tendría sobrevolando y le obligaría a un difícil equilibrio entre cumplir los compromisos asumidos con sus aliados parlamentarios y el respecto a los colectivos de víctimas. Las imágenes del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, recibiendo como un interlocutor dentro de la ronda de contactos presupuestarios a EH Bildu no ha gustado a las víctimas de ETA que han llegado a acusar al Ejecutivo de estar «blanqueando» a la izquierda abertzale pese a no haber condenado ni renunciado a su pasado de apoyo a ETA.

Hasta ahora el mayor movimiento de acercamiento de presos de la organización terrorista en las algo más de tres décadas transcurridas lo ordenó el PP. El primer Gobierno de José María Aznar llevó a cabo entre 1996 y 1999 el acercamiento de 190 presos en un intento por buscar una salida a la violencia. Fueron traslados a cárceles vascas incluso reclusos condenados por delitos de sangre. A ello sumó las progresiones de grado o permitir el regreso de militantes de ETA huidos.

Ahora, en una peculiar negociación presupuestaria en la que la política carcelaria puede llegar a ser determinante para el apoyo de los cinco parlamentarios de EH Bildu, el Ejecutivo de Sánchez se enfrenta a un escenario que sólo el paso del tiempo modula. Si hace dos años las cárceles españolas tenían 237 presos, en la actualidad apenas alcanzan los 200. La radiografía de este colectivo en prisión muestra que casi la mitad, el 45%, cumple condena por delitos de sangre y que en seis de cada diez casos lo hace a más de 600 kilómetros de distancia de Euskadi.

En España hay 40 cárceles en las que cumple condena algún preso de ETA. Sin duda las prisiones gaditanas son las que mayor número de reclusos etarras tienen, 18, seguidas por las de Castellón, con 12, y los centros penitenciarios madrileños, con 14. A ellos se suman otras ocho prisiones francesas en las que cumplen condena 34 presos de la banda, si bien Francia ha acercado en una mayor proporción a los reclusos al País Vasco. En siete de cada diez casos cumplen condena en las cárceles de Mont de Marsan y Lamemezan, a entre 200 y 300 kilómetros de la frontera con Irún.

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