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La Fiscalía cree que Juan Carlos I hizo fortuna con "comisiones en negocios internacionales"

Juan Carlos I

La Fiscalía del Tribunal Supremo ve «indicios» de que Juan Carlos I se enriqueció como comisionista internacional, tal y como informa en exclusiva el diario El Mundo.

El Ministerio Público, que se pronuncia así por primera vez en la trama monetaria del rey emérito, considera que Don Juan Carlos reunió su fortuna a través de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales», siempre según la información publicada por El Mundo.

Acorde con la comisión rogatoria enviada a Suiza para indagar en los negocios del emérito y librada por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, la Fiscalía contaría con «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación» proceden de dichas comisiones ilícitas.

También en relación a la información publicada por el medio, Juan Carlos I podría haber incurrido en una serie de delitos: «Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias».

Decidirá si actúa cuando conteste Suiza

El ministerio fiscal trasladó esta consideración en febrero a la Oficina federal de Justicia de Suiza con el fin de que las autoridades helvéticas le remitan la información de todas las cuentas de la fundación Zagatka desde 2016 a 2019.

Dicha fundación, creada por el primo lejano del emérito Álvaro De Orleans con Don Juan Carlos como beneficiario, pagó viajes y gastos personales del exjefe del Estado por valor de ocho millones de euros procedentes de fondos de cuentas suizas que no declaró a Hacienda. Por esos gastos disfrutados y no declarados, con los que incurrió en delito contra la Hacienda Pública, la defensa de Don Juan Carlos presentó una regularización por 680.000 euros para eludir una investigación.

En una nota emitida esta mañana tras la información publicada, la Fiscalía General del Estado confirma que «como ya se ha informado con anterioridad, la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas en la actualidad tres Diligencias de Investigación referidas al Rey emérito, con sus derivadas tributarias. La Fiscalía del Tribunal Supremo en el marco de las referidas Diligencias de Investigación ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones».

Y puntualiza: «Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional. Ello implica que no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación. Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación».

Dice que está comprometida en llevar las investigaciones con la obligada exhaustividad, el máximo rigor y la exigible celeridad

En dicha nota, la Fiscalía dice también que está «comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional».

Las líneas de investigación

La Fiscalía quiere saber, según el contenido de la comisión rogatoria desvelado por El Mundo, la «procedencia» de dichos fondos de los que disfrutó el emérito, aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una vez había abdicado como jefe de Estado y ya no le protegía la inmunidad del cargo.

Los fiscales trasladan a las autoridades suizas que investigan movimientos de «ocultación, transformación, transmisión, conversión y posesión de fondos» tras las operaciones de Zagatka y piden saber si dicha fundación también estuvo relacionada con la aportación de los fondos transferidos por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause al emérito a través de su ayudante de campo el coronel del ejército del Aire Nicolás Murga. Esos fondos también sirvieron para costear gastos del padre de Felipe VI y otros miembros de la Casa Real que no fueron declarados a Hacienda y por los que su defensa también pagó a Hacienda 4,4 millones de euros para evitar ser investigado.

A la espera de que Hacienda constate la «veracidad y completitud» de las dos regularizaciones presentadas por el emérito, también continúa adelante con la línea de investigación sobre la donación de 100 millones de dólares que el rey saudí Abdul Aziz Al Saud hizo en 2012 al emérito a través de la fundación Lucum, cantidad que éste donó posteriormente de manera íntegra a su examante Corinna Larsen, para ver si se trató de una comisión por mediar en la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas. Dichos hechos entrarían dentro del período en que el emérito estaba protegido por su inmunidad, por lo que es difícil que la Fiscalía pueda presentar una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por estos hechos.

Álvaro de Orleans, clave

Las peticiones de información a las autoridades suizas por la ocultación de fondos de los que disfrutó Juan Carlos I en paraísos fiscales procedentes, principalmente, de la fundación Zagatka, centran ahora las pesquisas de los fiscales del Tribunal Supremo y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. En base a la información aportada tendrán que decidir si presentan una querella contra el exjefe del Estado. Mientras tanto, el rey emérito recibe las noticias de la investigación en Emiratos Árabes, a donde se marchó dos meses después de que arrancaran las primeras pesquisas en la Fiscalía del Supremo.

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