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Lesmes carga contra el Gobierno por los indultos y la ley que limita las funciones del CGPJ

El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial insta a los partidos a "cumplir la legalidad" para renovar el órgano de Gobierno de los jueces "en las próximas semanas"

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes durante la celebración este lunes del acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo en Madrid. EFE

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha hecho este lunes una defensa de la «labor de los jueces y su independencia» y concretamente de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se opusieron a la concesión de los indultos a los líderes del proceso independentista de Cataluña que finalmente fueron concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante un contundente discurso de apertura del curso judicial, en el que ha defendido la independencia de los jueces y ha instado a los partidos políticos a cumplir la legalidad y renovar el órgano que lleva casi tres años en funciones, Lesmes ha expuesto que las resoluciones judiciales «se ponen en ocasiones en entredicho -especialmente desde algunas instancias políticas- cuando se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado».

Se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento

Aludiendo indirectamente a la estrategia política del Gobierno alrededor de los indultos, el presidente del Supremo ha lanzado un duro dardo a Pedro Sánchez y su equipo: «Sirva de ejemplo lo ocurrido recientemente, con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado determinados dirigentes políticos condenados por este Tribunal Supremo, cuando se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas».

«Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría. La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por ello, es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento», ha defendido.

Once vacantes de una plantilla de 79 magistrados

El presidente del CGPJ también se ha mostrado crítico con la solución que buscaron los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, los principales partidos de las Cortes, para la renovación de sus miembros.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por ambos partidos llevó a que el Consejo no pueda nombrar mientras esté en funciones, una medida que Lesmes ha afeado: «Ha venido a agravar la situación la reciente Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se establece el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Atendida la trascendencia que esta reforma tiene para el órgano al que la Constitución encomienda la garantía de la independencia judicial -como resulta obligado en todos los proyectos de ley que afectan a su organización y funcionamiento- y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la llamada Comisión de Venecia, así como que se oyera a todos los agentes afectados, muy especialmente a las asociaciones judiciales, siendo todas estas peticiones desatendidas», ha reprochado.

«La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria en nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales, tal y como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 191/2016, del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución», ha insistido.

Lesmes se ha referido a los efectos que está teniendo esta reforma legal en el funcionamiento del Tribunal Supremo: «Durante los últimos seis meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, lo cierto es que no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal. No en vano, a estas alturas son once las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo».

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