En Euskadi no hay mesa. Ni de gobiernos ni de partidos. El comienzo del curso político en Cataluña poco se asemeja al que hoy arranca en la Cámara de Vitoria. La política catalana ha comenzado la andadura postestival profundizando las divisiones entre nacionalistas, agrietando la relación entre supuestos socios de Gobierno, condicionando apoyos en Madrid al resultado de la negociación de la “autodeterminación y la amnistía” y con el president dando un golpe en la mesa y llamando al orden a sus ‘aliados’ antes de abrir una crisis y a Sánchez enfriando expectativas y retrasando la recogida de resultados a al menos un lustro vista.
En el País Vasco por ahora no hay golpes en la mesa. Tampoco advertencias o deslealtades entre socios. Nadie espera a ningún presidente ni a su legión de ministros. La clase política vasca volverá hoy a poner en marcha la rueda de eje único que lleva años girando sobre si misma y que no augura ni destino ni dirección clara. Mientras en Cataluña una parte subraya el carácter histórico de haber logrado “sentar” al presidente del Gobierno español para hablar de ‘la causa catalana’, en Euskadi el siguiente paso en clave territorial parece lejos de tener avances, plazos o facilitadores en Madrid dispuestos a engrasar el proceso.
El lehendakari Iñigo Urkullu desarrollará hoy, en el Pleno de Política General, los ejes de su Gobierno para este curso. Lo hará después de repasar los logros de su primer año de legislatura y situando a la recuperación económica y la salida de la pandemia como dos de sus tres ejes de actuación prioritarios. El tercero será avanzar en el nuevo estatus vasco.
En la cesta de los éxitos citará el plan de 36 iniciativas legislativas en marcha, -algunas de ellas, como la ley antipandemia, ya aprobadas- los 16 planes estratégicos de su Gobierno, los 5.000 millones de euros en ayudas pública o la definición del Programa Euskadi Next para acceder a los fondos europeos. Será precisamente este acceso a los fondos europeos el mayor reto de gestión del Ejecutivo.
"Consenso sólido"
En el otro reto difícil, el territorial, la estrategia ya está dibujada. Se trata de una cuestión en la que no caben los órdagos, no con la Cámara vasca ni con Madrid. No al menos para Urkullu. El lehendakari hace tiempo que se desmarcó de las vías unilaterales y pulsos institucionales practicados en Cataluña y que aún hoy una parte del soberanismo pone a prueba. El lehendakari defenderá que Euskadi también quiere avanzar hacia mayores cuotas de autogobierno, hacia una relación nueva con España pero teniendo como condición esencial que se logre con un modelo sustentado en “un consenso sólido”.
Un acuerdo en el que la transversalidad es esencial. Urkullu no contempla un pacto sólo entre una parte de la sociedad vasca, sólo entre nacionalistas. En la ecuación que hoy volverá a defender desde la tribuna no cabe una alianza sólo con Bildu. Ni siquiera un acuerdo que incluyera a Elkarrekin Podemos y dejara fuera a PSE, PP y Vox.
A la transversalidad social suma la viabilidad. Lo que se acuerde debe poderse materializar y no terminar siendo papel mojado, dejando una fractura social y enfrentamiento institucional como único resultado. Urkullu no quiere un ‘procés’ en Euskadi. Y eso pasa por incorporar al consenso al PSE, su actual socio de Gobierno en el Ejecutivo autonómico y en las principales instituciones vascas. No lo tendrá fácil. Los socialistas le recordarán hoy que no es tiempo de entretenerse en aspiraciones identitarias sino de priorizar los aspectos sociales y económicos.
La actualización del Estatuto de Gernika de 1979 requiere primero su culminación. El vasco fue el primero en aprobarse pero es el único que sigue incumplido y sin haberse actualizado. Por el momento son más de una veintena las materias que aún no han sido transferidas y que Urkullu y su partido, el PNV, insisten en recordar como asignatura pendiente al Gobierno Sánchez. En esta cuestión socialistas y nacionalistas han logrado entenderse. Sólo el ritmo en el que se está cumpliendo el calendario pactado parece estar distanciándoles en vísperas de la negociación presupuestaria. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha insistido en las últimas horas que antes de hablar de las cuentas para 2022, que los nacionalistas están dispuestos a facilitar, primero “nos den lo que nos deben”, en referencia a las materias pendientes. El lunes, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, se reunió con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en un intento por volver a engrasar la comisión mixta de transferencias.
Derecho a decidir
El nuevo encaje territorial que quiere el PNV, sin embargo, sigue lejos del que desea el PSE. Urkullu evitará hoy profundizar en el aspecto que más les distancia: el derecho a decidir. Es precisamente el que más les acerca con EH Bildu. Los socialistas lo dejaron claro en su apoyo parcial al articulado presentado la pasada legislatura; el derecho a decidir no contará con su respaldo para incluirlo en el estatuto que dé el relevo al de Gernika.
El lehendakari volverá a defender su vía intermedia, la que cree que tendría cabida en el marco de la ley. Profundizar en el autogobierno de Euskadi requeriría una “reformulación” del modelo de Estado, proclamará. Apelará a la necesidad de “modernizar” la relación Euskadi-España para que conserve su singularidad. La clave la sitúa en los derechos históricos reconocidos en la Constitución y el Estatuto vasco y que considera que permiten una reconsideración de la relación Euskadi-España.
En la intervención de esta mañana no habrá llamadas a la ruptura, el enfrentamiento o la movilización. El camino hacia el derecho a decidir que dibujará se construirá con llamadas al “respeto, la lealtad y la cooperación”, o lo que Urkullu más defiende, “la concertación y el pacto bilateral”. Se trata de un modo de recorrer el camino soberanista que, por el momento, poco se parece al emprendido en Cataluña, la apuesta favorita del líder de la oposición en Euskadi: EH Bildu.
Ponencia desde 2016
Esta tarde en su réplica la izquierda abertzale le reprochará a Urkullu, al PNV, haber abandonado el itinerario pactado con ellos. Las bases para el nuevo estatus incluían sin titubeos el derecho a decidir. Pero el PNV finalmente prefirió cambiar de socio. El texto articulado que presentó su jurista experto, Mikel Legarda, lo incorporaba pero sin el apoyo ni del PSE ni de Elkarrekin Podemos. Para ninguna de las dos formaciones el futuro nuevo estatus es hoy por hoy una prioridad. Ni PSE ni Podemos remarán para acelerar el paso que EH Bildu quiere marcar al PNV.
Fue en 2016 cuando se constituyó la ponencia de autogobierno que ahora se desea reactivar. En estos cuatro año y medio ha habido avances unilaterales y pocos consensos. Los cuatro partidos de la Cámara presentaron hasta tres propuestas de articulado diferentes; la de EH Bildu, la del PP y la suscrita por PNV y apoyada parcialmente por PSE y Unidas Podemos. A tres años para el final de la legislatura, tan sólo la izquierda abertzale parece querer acelerar el ritmo de esta cuestión y aprovechar los pasos y avances que se puedan dar en Cataluña.
Han pasado ya cinco años del comienzo de los trabajos de la ponencia y todo apunta a que el terreno continúa demasiado resbaladizo para que ésta sea la legislatura –que concluye en 2024- en la que Euskadi alumbre por fin un nuevo texto articulado para el encaje renovado del País Vasco con España.
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