Política Elecciones vascas. Programa del PNV.

El PNV plantea pactar con España una relación confederal para antes de 2024

El candidato 'jeltzale' incluye por tercera vez en su programa electoral la aprobación de un nuevo estatus vasco que supere el Estatuto de Gernika de 1978 y fije un nuevo marco jurídico-político entre Euskadi y España.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, exhibe el programa electoral del PNV para la legislatura 2020-2024.

El primer objetivo fue 2015. El segundo, antes de 2020. Ahora, el reto es alcanzarlo antes de 2024. El candidato del PNV, el lehendakari Iñigo Urkullu, afronta su carrera por un tercer mandato al frente del Gobierno vasco con el mismo sueño ambicioso con el que lo hizo en las dos ocasiones anteriores: el nuevo estatus vasco. La nueva relación de Euskadi con España ha ido modulándose con el tiempo, enriqueciéndose en detalle entre campaña y campaña e intentando sortear dificultades entre legislatura y legislatura.

El programa con el que Urkullu se presenta a las elecciones del 12 de julio contempla la aprobación de un nuevo marco político-jurídico con España que sitúe la relación entre Euskadi y el Estado dentro de un modelo confederal. El documento deberá ser revalidado primero por la sociedad vasca, a través de una “consulta habilitante”, -previa a su aprobación en Euskadi y su remisión a las Cortes-, y finalmente, tras su validación en la Cámara Baja, oficializado con un referéndum “pactado” con el Gobierno español y amparado en el marco legal vigente.

El programa electoral del 12-J del PNV se ha actualizado en gran medida en el apartado económico y social tras el duro revés que ha supuesto la epidemia. Sin embargo, en lo relativo al nuevo estatuto político mantiene la premisa del cronograma que Sabin Etxea dibuja desde hace tiempo. La frustración por la falta de avances concluyentes –se confiaba en tener ya pactado un texto articulado en el Parlamento- se espera compensar en el mandato que se activará este verano. De este modo, Urkullu se ha fijado como reto que antes de 2024 el País Vasco cuente con una actualización del marco de autogobierno en Euskadi y en el que además de dejar clara la “expresión de su identidad nacional” sea la herramienta para articular “un modelo de igualdad política, respeto institucional y reconocimiento mutuo” entre España y el País Vasco.

La base de esta aspiración ‘confederal’ la sustenta el PNV en los “derechos históricos del Pueblo Vasco” y que deben “exteriorizarse a través del derecho a decidir”. Un derecho que desea que se pueda ejercer tras un pacto con el Estado. En el programa de actuación para los próximos años subraya que se trata de un “derecho democrático” y por tanto tendrá que estar regulado legalmente para su ejercicio efectivo. Una labor de regulación legal que compete a “los actores políticos e institucionales concernidos”: “Deben negociar los ajustes necesarios en los correspondientes marcos normativos”, reclama el PNV.

Un ‘punto de encuentro’

El partido de Ortuzar asegura que en la próxima legislatura no bastará con el cumplimiento del actual Estatuto de Gernika, del que hoy se completará el traspaso de otras tres materias -seguro escolar, legislación de productos farmacéuticos y ayudas previas a la jubilación por ERE- sino que al futuro nuevo estatuto vasco se le deberá “ampliar el quantum competencial”.

Urkullu ha huido siempre de la vía catalana. La unilateralidad nunca ha figurado en su hoja de ruta hacia un mayor autogobierno vasco. El lehendakari ha recordado que existe suelo legal, como las disposiciones adicionales de la Constitución o del Estatuto de Gernika, para desarrollar suficientemente los derechos históricos que justificarían esa relación singular que demanda el PNV: “Más que imponer un resultado al Estado o viceversa”, apunta en su programa electoral, la formación que lidera Andoni Ortuzar defiende que se cree una “comisión bilateral”, a la que denomina “Comisión de Concierto Político y de Cooperación”. Serían la que articulara la relación Euskadi-España y resolviera los posibles conflictos de intereses, “planteamos un concierto político y social para vivir y convivir mejor, un punto de encuentro”.

En la legislatura que ahora ha concluido, la ponencia de autogobierno debía haber consensuado un texto articulado para la actualización del Estatuto de Gernika de 1979. Sin embargo, las diferencias de los partidos se evidenciaron con la presentación de tres textos: uno de EH Bildu, otro del PP y un tercero liderado por el PNV y apoyado parcialmente por el PSE y Elkarrekin Podemos. Ha sido precisamente esta cuestión una de las que EH Bildu ha reprochado en los últimos días a Urkullu por no haber respetado el acuerdo de bases que la izquierda abertzale y EH Bildu alcanzaron y que finalmente no se trasladó a un texto articulado conjunto entre ambas formaciones.

Consulta legal y pactada

El PNV se compromete a reanudar los trabajos en la ponencia en la nueva legislatura para poder acordar con apoyo suficiente un documento, y consensuarlo “lo más ampliamente posible”. El proyecto de ley de nuevo estatuto debería ser sometido a una “consulta habilitante” a la ciudadanía antes de su aprobación en el Parlamento Vasco. El plan que contempla Urkullu pasa por remitirlo después a las Cortes –si ha recibido el visto bueno de la mayoría de la sociedad vasca, que no se cuantifica- para enviarlo a las Cortes Generales “según establece el ordenamiento jurídico” para que sea promulgado como ley y sometido finalmente al refrendo de la ciudadanía vasca “con carácter previo a su negociación con el Estado”.

En Sabin Etxea no olvidan incluir en el programa electoral 2020-2024 el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. El PNV se aferra al calendario pactado en febrero con el Gobierno de Pedro Sánchez y que sitúa en diciembre de 2021 la culminación de las 32 materias pendientes. A las tres competencias que hoy mismo, a horas del inicio de la campaña esta medianoche, podría transferir el Gobierno a Euskadi, se sumarán este año una decena de materias, entre ellas la gestión de los centros penitenciarios. Para el primer semestre del próximo año se prevé la transferencia de 17 materias y para antes de finales de 2021 está previsto que se inicie el examen de las competencias de la gestión económica de la Seguridad Social.    

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