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La Policía tiene ya 600 pistolas 'Taser' pero sigue sin formar a los agentes que las usarán

El Cuerpo Nacional ha invertido más de dos millones de euros en la compra de un millar de dispositivos, de los que ya ha recibido el 60% | Las armas siguen sin distribuirse casi un año después de recepcionarse la primeras 300 unidades

Un policía instructor, haciendo una demostración del funcionamiento de la pistola eléctrica en la sede del SUP.

Un instructor, haciendo una demostración del funcionamiento de la pistola eléctrica en la sede del SUP. EP

La Dirección General de la Policía guarda ya en sus instalaciones de armamento 600 dispositivos electrónicos de control -conocidos coloquialmente como pistolas ‘Taser’- pero sigue sin formar a los agentes entre los que se repartirá esta defensa, ya en uso en otros Cuerpos del país como las policías municipales de Madrid y Marbella y los Mossos d’Esquadra.

El pasado mes de julio, el proveedor al que se adjudicó el contrato en mayo de 2020 -la UTE formada por Axon Public Safety Germany SL y Nidec Defense Group- entregó la segunda remesa (formada por 300 unidades) de las tres que estipula el contrato, que supondrá un desembolso total de 2.099.350 euros. Las primeras 300 las había servido en octubre del año pasado y las 400 restantes tendrán que suministrarse el 29 de febrero de 2022 como muy tarde.

Pese a contar ya con el 60 % del pedido, la Dirección General no sólo no ha repartido los dispositivos entre las unidades a las que se asignará sino que no ha completado aún el proceso de formación previo. De acuerdo con las condiciones del concurso, el proveedor quedaba obligado a adiestrar a 25 instructores, que son los que posteriormente tendrán que preparar a los agentes que portarán este dispositivo incapacitante cuando estén de servicio en la calle.

Para llevar a cabo la formación, la Policía Nacional adjudicó en marzo del pasado año un nuevo contrato a Nidec SLU para que le suministrara 2.800 cartuchos de pistolas ‘Taser’, dado que el acuerdo inicial incluía tan sólo dos por dispositivo. El precio abonado para hacerse con esta munición adicional fue de 100.284,80 euros, lo que arroja un precio unitario de 35,82 euros (impuestos incluidos).

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que estos cartuchos serán los que se consumirán en las labores de adiestramiento, por lo que el Cuerpo Nacional tendrá que sacar una nueva licitación cuando la plantilla esté ya convenientemente formada e incorpore el dispositivo en su trabajo operativo diario. Se desconoce si la Policía sacará la pistola ‘Taser’ a la calle en lo que queda de año.

150 cámaras para 1.000 dispositivos

Existe otra duda no resuelta aún. En febrero próximo, el Cuerpo contará con un millar de dispositivos y tan sólo 150 videocámaras corporales de grabación salvo que saque a concurso el suministro de más unidades antes de esa fecha. En la licitación anterior no se exigió de forma expresa su suministro, sino que fue el proveedor que terminó adjudicándose el contrato el que ofreció un centenar y medio de cámaras como mejora de la oferta para hacer ésta más atractiva y tener más opciones de llevarse el encargo.

«Hemos adquirido inicialmente 150, pero no se preocupe su señoría. Va a haber cámara para todo ‘Taser’, para cada inmovilizador eléctrico va a haber ese dispositivo de grabación», garantizó el pasado 30 de diciembre el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, durante su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Fue en respuesta al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, que le había preguntado que por qué se habían comprado «menos cámaras que pistolas».

Sobre una dotación de 1.000 dispositivos ‘Taser’, sería preciso contar con 2.000 cámaras para tener completamente cubierta una jornada, puesto que éstas tienen una autonomía estimada de 12 horas (se tarda unas seis horas en recargar una batería totalmente agotada). Estos equipos de grabación se activan automáticamente al inicio de la intervención y pueden captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por lo que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

La Policía Nacional encargó el año pasado 1.000 inmovilizadores por 2,1 millones de euros y ya ha recepcionado el 60% del pedido

La tardanza del Ministerio del Interior en proporcionar las videocámaras a los policías está llevando a algunos agentes a utilizar una propia -como muchos hicieron con los chalecos antibalas- para que quede constancia de la intervención realizada ante la posibilidad de ser denunciado por cualquier ciudadano, lo que genera serias dudas jurídicas.

La Ley orgánica por la que se regula la utilización policial de videocámaras en lugares públicos exige que el «máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» conceda previamente la autorización, requisito que en la práctica se estaría soslayando. Dicha norma establece también que la utilización debe estar presidida por el «principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima».

Los funcionarios que han decidido emplear este dispositivo por su cuenta y riesgo se aferran a la literalidad del artículo 588 quinquies A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim): «La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos».

Hace unos dos años, Enrique (nombre simulado para reservar su verdadera identidad) compró una videocámara por internet, que ha empleado en varias intervenciones como patrullero de la Policía Nacional en Madrid. Él asegura que estar cubierto judicialmente y proteger su vida pesa más que la sanción disciplinaria que pudieran imponerle por su uso.

Visionado de imágenes en el juzgado

«Hasta ahora no sólo no me han puesto ningún problema sino que, durante una comparecencia mía como testigo, se ha llegado a visionar las imágenes que yo había grabado. Cuando la he utilizado, en la diligencia hago constar que soy el poseedor de una cámara con tal número de serie y tal tarjeta de memoria y queda a disposición judicial», explica este agente, que lleva 11 años en el Cuerpo y que estuvo destinado durante una etapa en las Unidades de Intervención Policial (UIP).

El funcionario asegura que fue el primero de su comisaría que dio el paso de portar cámara propia pero que hoy son ya más de una decena de su turno las que se han decantado por su uso. «Para nada soy una excepción. Es una realidad que se va a imponer como pudo ser el chaleco exterior u otros materiales que son necesarios para una Policía del siglo XXI», resalta.

El agente considera que el hecho de que se fiscalice una determinada intervención con la grabación de las imágenes obliga al policía a ser «más profesional aún en su trabajo», al tiempo que asegura que la «mayoría» del colectivo sería partidario de su implantación. «Estoy convencido de que tiene más ventajas que inconvenientes», apostilla.

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