La investigación abierta en un juzgado de Zaragoza sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la pasada primavera para ser tratado de coronavirus pone contra las cuerdas al Gobierno. Cuando Marruecos conoció en mayo que la vecina España había recibido al presidente separatista de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) «a sus espaldas», como afirmó el ministro de Exteriores Naser Bourita, se desató una grave crisis diplomática a la que se achacó la entrada masiva de inmigrantes marroquís por Ceuta del pasado 16 de mayo.

Las condiciones en las que el Gobierno español permitió la entrada del principal enemigo de Marruecos, en secreto, sin pasar ningún control de fronteras ni identidad de pasaporte directo a la Base Aérea de Zaragoza e ingresando posteriormente en el Hospital San Pedro de La Rioja con el nombre ficticio ‘Mohamed Benbatouche’, han traspasado el ámbito político y se investigan ya en los tribunales. La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya está imputada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, también su jefe de Gabinete. Ahora, las acusaciones piden que comparezca la ex vicepresidenta Carmen Calvo para depurar responsabilidades viendo en la actuación de quien permitiera la entrada del polisario presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación y encubrimiento. Éstas son las claves de un caso que pone entre las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entrada en España a petición de Argelia: El pasado 18 de abril, Brahim Ghali voló desde Argel hasta la Base Aérea de Zaragoza con el visto bueno y gracias a las gestiones del Ministerio de Exteriores español a petición de Argelia, país con el que España negociaba el 25% del suministro de gas nacional entre las empresas Naturgy y Sonatrach.

‘Whatsapps’ entre Villarino y Fernández Sánchez

Desde Zaragoza, Ghali fue trasladado al Hospital San Millán-San Pedro de La Rioja, a donde llegó a las 22.48 horas e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con «severas complicaciones respiratorias» por Covid. El teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, confirmó al jefe de Gabinete de Laya Camilo Villarino cómo sería la llegada, según los whatsapps entre ambos que figuran en la investigación judicial y a los que ha tenido acceso El Independiente.

Fuentes del Gobierno trasladan a este diario que no hubo ningún Consejo de Ministros ni «consejillo» para la aprobación de la operación, sino que se orquestó en Exteriores. Explican que la participación de un mando militar no implica el conocimiento de los hechos por parte del Ministerio de Defensa.

Identificación ordenada por el juez Pedraz: La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) que persigue a Ghali y otros 28 militares del Frente Polisario por practicar supuestamente torturas a saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf, se enteró de que estaba ingresado en Zaragoza bajo una identidad falsa y presentó una querella en la Audiencia Nacional contra él. El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 pidió a la Policía que se trasladara al hospital riojano y comprobara la identidad del ingresado. El 4 de mayo, agentes de la Dirección General de la Policía certificaron que «sin duda, Mohamed Benbatouche es Brahim Ghali», como corroboró un responsable del centro hospitalario.

Tiene DNI español y se valoró considerarle diplomático: Brahim Ghali obtuvo, según la información proporcionada por el Ministerio del Interior que obra en el sumario judicial, la nacionalidad española en 2004 y la residencia permanente en la Delegación del Gobierno de Extremadura el mismo año. En 1999, fue nombrado representante del Frente Polisario en España hasta 2008. Según traslada la Policía en uno de los informes de la causa consultados por este diario, en algún momento «se consideró la posibilidad de considerarlo agente diplomático, pero dado que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) no es reconocida como estado por España, se optó por la consideración de residente en régimen general. Sin embargo, dado la condición de representante popular de Brahim Ghali, en el expediente se estima esta consideración por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores».

España no reconoce como estado a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

Para las acusaciones de la causa, no es entendible que teniendo la nacionalidad española Ghali no pasara por el control de pasaportes al llegar a España ni tampoco su hijo que le acompañaba. La ministra de Exteriores española defiende que Ghali entró en España «por razones humanitarias» y que no lo hizo con un pasaporte falso, sino que comenzó a utilizar una identidad ficticia en el hospital. Sin embargo, las acusaciones también destacan que esa razón humanitaria para la acogida no se reflejó en el procedimiento.

DNI español de Brahim Ghali obtenido en 2004.

Aunque estuviera muy enfermo, otra persona podría haber presentado la documentación por él y debería haberse comprobado su identidad, consideran los denunciantes. De ahí que sospechen que se buscó encubrirle con alguna intención, como no alertar de su llegada para evitar que se reabrieran sus causas judiciales (ya fueron archivadas dos querellas de ASADEDH contra él en 2013 y 2016) o para evitar una crisis diplomática con Marruecos.

Crisis con Marruecos: Precisamente después de conocer todos los detalles de la entrada, Marruecos acusó a España de «sacrificar» su relación bilateral por Ghali y consideró la acogida directamente una «agresión». El ministro de Exteriores marroquí entendió que el Gobierno se había puesto de parte de Argelia, que protege a los saharauis. Reprochó que «con los socios no se maniobra por la espalda».

-El juez le toma declaración y archiva la causa: El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomó declaración por videoconferencia desde el hospital a Ghali por la querella de genocidio y torturas de ASADEDH el 1 de junio. No le impuso medidas cautelares y Ghali salió de España el 2 de junio, de madrugada, en plena crisis del Gobierno con Marruecos sin presentar documentación nuevamente en el aeropuerto, según los denunciantes.

El juez Pedraz archivó la querella por genocidio contra Ghali por la falta de consistencia del relato de hechos. Todavía hay otra querella de un bloguero que denuncia haber sufrido tortura por parte de Ghali. No está archivada, pero la defensa del líder de la RASD, que ejerce el abogado Manuel Ollé, espera que lo esté pronto. El abogado aclara que «cuando Ghali entró en España no había ninguna causa abierta contra él, por lo que no había ningún impedimento para que el Gobierno le permitiera entrar en el país».