La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido este jueves en Cerdeña (Italia), en aplicación de la orden europea de detención del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, confía en que quede en libertad los próximos días.

El letrado Gonzalo Boye confía en paralizar la extradición porque considera que la euroorden del instructor del procés contra el expresidente catalán quedó suspendida el pasado 30 de julio, cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decidió retirar la inmunidad como miembro del Parlamento Europeo a Puigdemont y los consejeros fugados con él Toni Comín y Clara Ponsatí al considerar que no había riesgo de que fueran detenidos en Europa.

Consideraban que no existía ese riesgo porque los países de la UE no accederían a entregarle hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestara a la cuestión prejudicial que planteó Llarena a la Justicia belga para saber si podía reclamarle una vez que ésta rechazó entregar al exconsejero Lluis Puig.

Cautelares tras pasar por la Corte de Apelación de Sàsser

El abogado que asiste este viernes a Puigdemont en Italia, donde pasa a disposición de la Corte de Apelación de Sàsser reclamado por la Justicia española por sedición (mismo delito por el que fueron condenados los miembros de su Gobierno) considera que podrá solicitar una medida cautelarísima para paralizar en los próximos días la entrega. La respuesta de Italia a esta petición llegaría entre las próximas 24 y 72 horas, según ha explicado este viernes en rueda de prensa junto al exconsejero Toni Comín el abogado Gonzalo Boye.

Esgrimirá las razones por las que entiende que quedó suspendida la orden de entrega que desde el Supremo aclaran que «nunca se desactivó». En este sentido, Boye defiende que el propio Estado español, a través de la Abogacía del Estado, «informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima». La defensa de Puigdemont inicia así una nueva batalla judicial en la que las relaciones entre la Justicia italiana y la española serán claves.