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Los escenarios judiciales que se abren para Carles Puigdemont

La Corte de Apelación de Sassari decidirá si entrega o no al expresidente catalán después de ser detenido por la Policía italiana en respuesta a la orden europea de detención del instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena

El expresidente catalán Carles Puigdemont. EP

La Justicia italiana y la española inician un periodo de conversaciones después de la detención de Carles Puigdemont por parte de la Policía italiana en el aeropuerto de Alguer (Cerdeña) este jueves.

Los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, que dejaron en libertad sin medidas cautelares este viernes al expresidente catalán, tendrán que decidir si le entregan a España para que sea juzgado por sedición y malversación en el Tribunal Supremo, como reclama el instructor del procés, Pablo Llarena, por impulsar el proceso de independencia catalán y el referéndum ilegal del 1 de octubre o rechazan dicha entrega como solicita su defensa.

Éstos son los escenarios judiciales que se abren para Puigdemont a partir de ahora:

Se rechaza la entrega: los abogados Gonzalo Boye y Agostinangelo Marras solicitan a los jueces italianos que no procedan a la entrega de Puigdemont. La Corte de Apelación de Sassari que tiene que decidir al respecto consideró este viernes que, hasta que decidan sobre el fondo del asunto, Puigdemont debe quedar en libertad sin medidas cautelares. Es decir, que puede viajar libremente por Europa hasta que comparezca el día 4 de octubre, cuando le han citado.

En la providencia a la que ha tenido acceso El Independiente con la que resolvieron su situación personal y respaldaron la legalidad de su detención por parte de la Polizia di Stato italiana, equivalente a la Policía Nacional española, la presidenta de la Corte, Plinia Azzena, ya consideró que su derecho a viajar a las reuniones del Parlamento Europeo está «garantizada por la inmunidad, aún intacta».

Los abogados de Puigdemont basan su solicitud para que Italia no le envíe a España en que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) consideró el pasado junio que ningún país europeo le entregaría a la Justicia española -como reclama el instructor Llarena- porque la euroorden contra él había quedado suspendida.

Vio el TGUE que, puesto que quedaba pendiente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestara al instructor Llarena sobre la cuestión prejudicial que planteó a Bélgica acerca de si podía reclamar a Puigdemont una vez se había rechazado la entrega del otro exconsejero fugado, Lluis Puig, era complicado que algún país de la Unión accediera a detenerle y entregarle y por lo tanto no veía peligrar sus derechos como parlamentario.

La defensa del expresidente interpretó que dicha decisión dejaba en suspenso la orden europea de detención y entrega. El alto tribunal, en cambio, comunicó este viernes a la Justicia italiana que ésta nunca quedó desactivada y que cualquier país europeo puede proceder a la entrega si así lo estima toda vez que la cuestión prejudicial sólo está dirigida a los jueces belgas.

La defensa de Boye dice que entregarle vulneraría sus derechos como parlamentario. Habrá que ver si la Corte de Sassiri lo entiende también así o atiende al instructor Llarena.

Italia le entrega, España le juzga: en caso de que los jueces italianos oigan al juez del procés y entiendan que Puigdemont debe ser juzgado en España, podrían acordar su entrega. No sólo la defensa de Puigdemont, sino expertos en Derecho Internacional consultados por este diario ven difícil este escenario puesto que la decisión abriría la puerta a que el expresidente catalán denuncie ante la Justicia europea que se han vulnerado sus derechos como miembro del Parlamento Europeo.

Sin embargo, desde el Tribunal Supremo el juez Llarena insiste en que «el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía», en referencia al expresidente catalán y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí.

Igualmente, el instructor del procés consideró en dicho documento enviado a Italia que la cuestión prejudicial que planteó al TJUE para saber si podía reclamar a Bélgica la entrega de Puigdemont una vez la Justicia de dicho país había rechazado la OEDE contra el exconsejero Lluis Puig, no afecta a la entrega del ex president solicitada a Italia. «Le acompaño la Cuestión Prejudicial planteada en su día ante el TJUE, cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE», se podía leer en el oficio.

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