Las asociaciones de jueces y fiscales han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que señalan que las 200 plazas previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 destinadas al acceso a la carrera judicial y fiscal suponen una reducción del 33 por ciento respecto a años anteriores. Lamentan que es «un jarro de agua fría» que llega sin ninguna motivación.

En el comunicado se apunta que en la disposición adicional décimo quinta de los PGE se establece que la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite máximo de 200 plazas. Recuerdan que en noviembre de 2020 las cuatro asociaciones judiciales emitieron una nota en la que solicitaban ampliar de las 240 previstas a las 300, informa Europa Press.

«Sin embargo, la oferta que conocimos ayer supone una reducción del 33% respecto a años anteriores (en 2019 y en 2020 se convocaron 300 plazas en total cada año, para las carreras judicial y fiscal), sin que se ofrezca ninguna motivación para dicho recorte», añaden.

Tras esto, recuerdan que España «sigue encontrándose por debajo de la ratio media europea de jueces y fiscales por habitante» y comentan que la oferta contenida en el proyecto de Presupuestos «supone un jarro de agua fría a las expectativas de inversión para paliar esta situación».

«Confiamos en que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se modifique esta oferta de plazas, aumentándose su límite, de tal modo que, al menos, se mantenga una convocatoria con el mismo número de plazas que en años anteriores», apuntan.

Estándares de calidad mínimos

En noviembre de 2020 las cuatro asociaciones de jueces reclamaron a Justicia una convocatoria urgente de 300 plazas de oposiciones para jueces y fiscales, y que aumentara el número de vacantes previstas en los Presupuestos Generales del Estado previsto para 2022. Asimismo, pedían que las plazas que quedaban desiertas en 2020 se sumaran a la convocatoria del año 2022.

Subrayaban la necesidad de aumentar la planta judicial «para tener unos estándares de calidad mínimos para la prestación de un servicio esencial» como es la Administración de Justicia y exponían que por la pandemia no se habían podido convocar oposiciones.