Junts per Catalunya ha pedido "no hacer partidismo" con el abono de las fianzas de los líderes independentistas reclamadas por el Tribunal de Cuentas. Después de que el organismo rechazase el aval de la Generalitat para abonar estas cantidades, este viernes La Vanguardia ha informado de que ERC había procedido al pago de las mismas, incluidas las de Puigdemont y el resto de consejeros ex convergentes que formaban parte del Govern en 2016 y 2017. Pero no las de Artur Mas, por ejemplo.

Sin embargo, horas después la formación de Carles Puigdemont ha emitido un comunicado en el que hoy "se han presentado ante el Tribunal de Cuentas avales por valor de 3.335.143 euros para evitar embargos a los encausados".

En el texto, JxCat habla directamente sobre ERC y asegura que los republicanos han presentado avales "para salvaguardar la responsabilidad solidaria que recae sobre el consejero Raul Romeva y no ha presentado ningún otro aval individualizado". "Y en ningún momento se han puesto en contacto con el presidente Puigdemont para ninguna gestión relacionada con este tema", lanzan.

"Junts no hará partidismo en temas de solidaridad antirrepresiva", continúa el comunicado de la formación de Puigdemont, que asegura que trabaja en coordinación con la Caja de Solidaridad y pide al Tribunal de Cuentas que acepte las cantidades depositadas.

Según la información que avanzaba La Vanguardia, la ejecutiva de ERC ha adoptado la decisión este viernes, un día después de que el Tribunal de Cuentas anunciara su rechazo al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El aval de dos millones de euros, que cubre la mitad de los 5,4 millones de fianza impuestos por el tribunal a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, se ha consignado sin utilizar inmuebles de la formación "gracias al esfuerzo de la organización y la militancia".

El propio Mas anunció este jueves que ha presentado su piso como garantía para cubrir parte de las fianzas, después de el tribunal no haya aceptado los avales presentados por la Generalitat. Mas ha explicado que si el Tribunal de Cuentas acepta los bienes inmuebles de los encausados como garantía, estos serían suficientes para cubrir las fianzas que se les reclama.

Recurso y queja a instancias europeas

Paralelamente, el Govern estudia el recurso contra la decisión del Tribunal de Cuentas, que el conseller de Economía, Jaume Giró, tachó de "política de venganza". El ejecutivo catalán tiene cinco días para recurrir la decisión del tribunal, aunque este recurso no frenará el embargo de los investigados.

Por su parte, el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- ha elevado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Comisaria Europea de Derechos Humanos el rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales del procés presentados por la Generalitat.

Rafael Ribó solicita a estas instituciones que "intervengan en favor de los derechos y de la defensa del Estado de derecho", ya que considera que la decisión representa un posible atentado de derechos, ha dicho en un comunicado. En la misma nota, manifiesta su "sorpresa" de que un órgano administrativo "no respete una norma con rango de ley plenamente vigente, como es un decreto ley ya convalidado por el Parlament".