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Batet se enfrenta al criterio de PSOE y Podemos y aboga por inhabilitar a Alberto Rodríguez

El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.

El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. EFE

El debate en torno a la suspensión del escaño del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por un delito de atentado contra la autoridad, ha provocado un choque sin precedentes entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo, hasta tal punto que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha convocado una reunión extraordinaria de la Mesa del Congreso este mismo jueves para abordar la situación del dirigente morado y estudiar la posible suspensión de su acta de diputado. Después de más de dos horas y media de reunión, la Mesa ha acordado por mayoría de cinco votos (PSOE y Podemos) frente a tres (PP y Vox) solicitar una aclaración al Tribunal Supremo sobre el alcance de la inhabilitación del diputado de Podemos, una decisión de la que se ha descolgado la presidenta del órgano, Meritxell Batet.

Según ha podido saber El Independiente, la presidenta del Congreso no ha participado en la votación. La dirigente socialista se ha desmarcado del criterio de su propio partido y del de Unidas Podemos y se ha mostrado favorable a comunicar directamente a Alberto Rodríguez que perderá su escaño en cumplimiento con la sentencia del Supremo, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Como reiteran fuentes parlamentarias, la conclusión compete de forma exclusiva a Meritxell Batet al margen del criterio de la Mesa del Congreso.

PSOE y Podemos, que cuentan con mayoría en el órgano de gobierno del Congreso, aprobaron el pasado martes mantener en su escaño a Alberto Rodríguez a pesar de que fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y 15 días de prisión por dar una patada a un policía en una manifestación contra el ex ministro de Educación José Ignacio Wert en 2014 en La Laguna (Tenerife). El tribunal decidió sustituir la pena de cárcel por una indemnización económica de un total de 540 euros, motivo al que se aferró el pasado martes la Mesa del Congreso para plantear que la sentencia de la Sala Segunda del Supremo no debía tener más consecuencias para las funciones públicas del ex secretario general de Podemos.

Ante el dictamen de la Mesa, el Partido Popular se dirigió a la Junta Electoral Central (JEC) para que declarase la causa de inelegibilidad sobrevenida y que se privase Alberto Rodríguez del derecho de sufragio pasivo, es decir, la prohibición de que el dirigente de Unidas Podemos permanezca en su escaño durante el tiempo de la condena. Horas después de que se materializase la petición del primer partido de la oposición, la polémica llegó al propio Tribunal Supremo y el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió un escrito a la presidenta de la Cámara dejando claro que la inhabilitación de Rodríguez era consustancial y que no cabía reinterpretación de la sentencia por parte del órgano que preside Meritxell Batet.

Según informó Europa Press, en la Sala de lo Penal se quedaron «atónitos» ante la decisión de la Mesa del Congreso de mantener el acta del diputado de Podemos. En su misiva, Marchena exigió explicaciones a Batet sobre si la Mesa del Congreso estaba perdonando una pena impuesta por el propio Tribunal Supremo y exigió la comunicación de «la fecha del inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo» impuesta al dirigente morado.

Tanto PSOE como Podemos se aferraron al argumento de que la decisión de la Mesa de blindar a Alberto Rodríguez contaba con el paraguas de un informe favorable por parte de los letrados del Congreso. Pero tanto PP como Vox, las dos fuerzas con presencia en el órgano de gobierno del Congreso al margen de los socios de coalición, exigieron a Batet la convocatoria de una reunión urgente de la Mesa que, finalmente, se ha retrasado a este jueves.

Pero la presidenta del Congreso ha rectificado y ha abierto la puerta a retirar el escaño a Alberto Rodríguez en contra del criterio de la mayoría de la Mesa, uniéndose a la tesis que comparten tanto PP como Vox. El escrito del Supremo solicitando la fecha del inicio de la inhabilitación del diputado y exigiendo el cumplimiento de la condena estaba dirigida a la presidenta del Congreso y no a la Mesa de la Cámara, por lo que la decisión final compete únicamente a Meritxell Batet al margen del criterio del resto de partidos.

La ‘injerencia’ del Congreso en una sentencia del Supremo ha derivado en un embrollo de gran magnitud que amenazaba incluso con provocar un enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial por la reinterpretación que la Mesa de la Cámara Baja realizó el pasado martes sobre la inhabilitación de un diputado condenado. El desmarque de la Meritxell Batet y la decisión de comunicar a Alberto Rodríguez la pérdida de su escaño -que aún no es definitiva- evitaría la confrontación directa del legislativo con el alto tribunal, pero no frenará el enfrentamiento entre PSOE y Podemos ni tampoco las críticas de la oposición.

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