España

Sanidad se persona en una causa por estafa en la compra de material contra la covid-19

La denuncia penal la ha interpuesto la empresa catalana a la que el ministerio adjudicó el suministro de 52 millones de guantes contra el fabricante turco Mannesmann | Ni la mercancía ha llegado ni se han reintegrado 17 meses después los 5,56 millones

La ministra Carolina Darias, interviniendo en el XII Congreso de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA).

La ministra Carolina Darias, en el XII Congreso de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA). EP

El Ministerio de Sanidad se ha personado como perjudicado en el procedimiento que instruye un juzgado de Barcelona a raíz de la querella por estafa que interpuso uno de los intermediarios a los que adjudicó un contrato para el suministro de guantes de nitrilo (Member of the Tribe SLU) contra el fabricante turco (Mannesmann Medical) que debía producir la mercancía. Sanidad pagó anticipadamente 5,56 millones de euros pero nunca recibió el pedido ni le han reintegrado el dinero.

En respuesta a una petición tramitada a través del Portal de la Transparencia, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -el organismo público que firmó el contrato- ha confirmado que su servicio jurídico ha solicitado que se le tome por parte en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona «en orden a tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias» que a su derecho convenga.

El pleito tiene su origen en el acuerdo por el que el INGESA encargó a la empresa catalana Member of the Tribe el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo para protección frente a la covid-19 por 5.564.000 euros. El proveedor se comprometía a servir el material «en el plazo de 10 días naturales desde la firma» del contrato, rubricado electrónicamente el 14 de mayo de 2020.

De esta forma, la empresa tendría que haber entregado el pedido como muy tarde el 24 de mayo de 2020, un plazo que no respetó. Cuando aceptó el encargo, Member of the Tribe -un mero intermediario en la operación y ahora querellante- no había firmado aún el contrato con la empresa turca Mannesmann Medical para la adquisición de los guantes. Ello no tuvo lugar hasta el 22 de mayo, dos días antes de que venciera el periodo de entrega al que se había comprometido por escrito.

Tras múltiples retrasos, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria acordó el 29 de julio de 2020 darle un margen adicional de diez días a la empresa para que cumpliera el acuerdo. En esas fechas, Sanidad había ya pagado por adelantado el 100 % del pedido: 1.669.000 euros el 29 de mayo (cantidad equivalente al 30 % en concepto de señal para el bloqueo de la mercancía) y 3.894.800 euros el 5 de junio (previa certificación de que el producto estaba preparado en la fábrica para su envío).

Aval del Consejo de Estado

Tampoco se recibió el material pese a ampliarse el margen temporal, lo que motivó que el INGESA iniciara el 16 de octubre de 2020 el expediente de resolución del contrato para tratar de recuperar el dinero. Esa decisión cuenta con el respaldo del Consejo de Estado, que -en un dictamen fechado el pasado 6 de mayo- instó también al Ministerio de Sanidad a tramitar un expediente contradictorio a fin de determinar el montante de los daños y perjuicios causados y a poner en marcha «mecanismos de comprobación interna» que determinen si el órgano de contratación cumplió las exigencias que establece la ley.

En sus alegaciones, Member of the Tribe ha defendido que no concurre causa imputable a ella que justifique la resolución del contrato, entendiendo que el incumplimiento es únicamente achacable a la empresa turca. El contratista se ofreció a cumplir parcialmente el acuerdo con el suministro de 250.000 guantes y el compromiso de entregar toda la mercancía, advirtiendo de que se vería abocada al concurso de acreedores si se rescindía el acuerdo al carecer de recursos para devolver el dinero entregado al fabricante turco y hacer frente a los daños y perjuicios con los que tendría que resarcir a la Administración.

Ni la mercancía ha llegado ni se han reintegrado los 5,56 millones de euros 17 meses después de firmarse el contrato

También invocó la situación en la que se encontraba el mercado mundial de abastecimiento de productos sanitarios y de protección frente a la covid-19 al inicio de la pandemia, argumento que tampoco ha sido acogido. «En el mes de mayo de 2020, casi dos meses después de haberse declarado el estado de alarma, cualquier empresa interesada en contratar suministros sanitarios debía ser perfectamente conocedora de las dificultades existentes para lograr el adecuado y debido abastecimiento de productos sanitarios. No haberlo previsto implica una falta de previsión y de precaución únicamente imputable a la contratista. Por todo ello, sin la concurrencia específica y concreta de la exigencia legal de la fuerza mayor, no cabe desvirtuar el funcionamiento del principio de riesgo y ventura que rige la contratación administrativa», zanjó el Consejo de Estado.

El Ministerio de Sanidad reclama la devolución de los 5.564.000 euros de principal más 161.573,72 euros de intereses de demora (al 3,75 %), correspondientes a los 283 días transcurridos entre el 24 de agosto de 2020 y el pasado 4 de junio. En relación con los posibles daños y perjuicios, el INGESA considera que, tras la valoración realizada por los técnicos y los servicios jurídicos, «no se reúnen requisitos» para iniciar un expediente de reclamación al tratarse de «un intangible no cuantificable en valor monetario».

Member of the Tribe no es la única que no ha devuelto el dinero por contratos fallidos. En respuesta a una petición de información al amparo de la Ley de transparencia, fechada el pasado 21 de abril, el INGESA reconoció que las compañías MJ Steps y Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd. tampoco habían devuelto las cuantías percibidas por las adjudicaciones de la que resultaron beneficiarias en la fase aguda de la pandemia.

En respuesta a una pregunta escrita formulada por el grupo del PP en el Senado, el Gobierno ha detallado que durante el primer semestre de 2020 se abrieron seis expedientes de resolución contractual, importando esas adjudicaciones 50.245.168,30 euros. A la fecha de dicha contestación (21 de julio de 2021), la cantidad pendiente de devolución ascendía a 7.053.185,29 euros.

Una de las empresas a las que Sanidad venía reclamando sin éxito el dinero era Hyperin Grupo Empresarial SL, con sede en Madrid y cuyo objeto social es la «fabricación de elementos de yeso para la construcción». En concreto, esta firma seguía sin devolver 1,81 millones de los 3,3 millones que le pagó por anticipado por el suministro de 144 respiradores. La compañía sólo había reembolsado un millón y medio, concretamente al día siguiente de que expirara el plazo de devolución en periodo voluntario (5 de julio de 2020).

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