El Ministerio del Interior ejecutará actuaciones de emergencia en una casa-cuartel de Toledo que se clausuró hace 13 años por el estado ruinoso que entonces ya presentaba. Con un presupuesto de 161.858,60 euros, la intervención consistirá en la ejecución de obras de apuntalamiento para asegurar la estabilidad estructural del inmueble, cuya construcción data de 1900.
Hace tiempo que dejó de ondear la bandera de España en la fachada principal del acuartelamiento de Calera y Chozas (Toledo), que cerró sus puertas en 2008 debido al deterioro que sufría para someterse a unas obras de rehabilitación que no llegaron a realizarse. Para paliar esta situación se estableció una oficina de atención al ciudadano en dependencias municipales y el resto del cuartel se trasladó hasta la localidad de Talavera de la Reina, a unos 18 kilómetros de distancia.
El paso del tiempo ha agravado la situación del edificio, como puso de manifiesto un informe técnico entregado al Mando de Apoyo de la Guardia Civil en julio de 2017. Dicho trabajo certificaba la existencia de fisuras y grietas en paramentos horizontales y verticales, desprendimiento puntual del forjado, deformación de la estructura de madera, virado de fachada y humedades generalizadas.
Meses antes, en mayo, el técnico municipal había realizado una inspección general del edificio y ya había constatado tanto el mal estado de las instalaciones como la necesidad de adoptar medidas de seguridad para garantizar la estabilidad de distintas zonas del inmueble y evitar derrumbes parciales. Éstos "ya han comenzado a producirse", según reconoce la Guardia Civil en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El riesgo de que puedan desplomarse algunas zonas de la construcción ha obligado ahora a la Secretaría de Estado de Seguridad a mover ficha. El primer paso ha sido sacar a licitación las obras de consolidación para paralizar el deterioro progresivo de los elementos existentes en la edificación, catalogada de interés monumental. Serán trabajos de apuntalamiento y apeo para garantizar la seguridad a corto y medio plazo, no abarcando la restauración o rehabilitación de la construcción.
"Gravedad extrema"
Sorprende que, pese a tener conocimiento del estado ruinoso que sufre el inmueble desde hace años, la Dirección General de la Guardia Civil no haya incluido esta actuación en el Plan de Infraestructuras para la seguridad del Estado 2019-2025, que reserva una partida de 275 millones de euros para acuartelamientos. La obra que ahora se pretende adjudicar -el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 16 de noviembre- se imputa al presupuesto de la Secretaría de Estado para 2021, sin que esté previsto que pueda imputarse a fondos de la Unión Europea.
Las actuaciones de emergencia en el cuartel de Calera y Chozas se ejecutarán siguiendo el proyecto elaborado por el arquitecto Javier García Fernández-Carrión en diciembre de 2018. En su informe, el técnico llama la atención sobre la existencia de dos "procesos patológicos" en el edificio. Uno está motivado por la "completa falta de mantenimiento y conservación". El otro, "de gravedad extrema", tiene su origen en un incipiente hundimiento de la estructura de forma generalizada.
"El estado general en que se encuentra la edificación es de carácter totalmente ruinoso. La cubierta, cuya estructura es de madera, es uno de los elementos más perjudicado, ya que presenta un estado muy deteriorado con grandes huecos producidos por desprendimientos por donde se filtra directamente el agua de lluvia, produciendo un constante exceso de humedad de los maderos [y] perdiendo con ello de forma progresiva la capacidad mecánica del elemento estructural. El desplome en algunos puntos del falso techo deja visible la precariedad generalizada de la estructura", describe el arquitecto.
El cuartel se cerró en 2008 para someterse a una rehabilitación que no se ha realizado, lo que ha agravado su deterioro
La edificación se levanta en un solar de 1.381,71 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Calera y Chozas al Estado en 1979 y se estructura en dos plantas sobre rasante -en la baja se ubicaban las dependencias policiales y la superior los cinco pabellones que servían como viviendas- que ocupan una superficie construida de unos 1.286 metros cuadrados. La actuación ahora prevista alcanza 850 metros cuadrados (el 66 %).
En concreto, la intervención consistirá en la limpieza y desbroce de la vegetación invasiva que ha ido creciendo por la falta de mantenimiento, la eliminación de dinteles y durmientes de madera y metálicos que se encuentran en mal estado, la sustitución de dinteles por viguetas autoportantes, el taponado de los puntos de la cubierta por los que entra agua de lluvia, el apuntalamiento de forjados, así como el atado y arriostramiento de los muros exteriores de la fachada que sufren riesgo progresivo de vuelco hacia la vía pública.
En la elección del contratista, el principal criterio de adjudicación será el precio (70 puntos), seguido del aumento del plazo de garantía (20) y el compromiso de reducción de emisiones de partículas (10). El plazo de ejecución de la obra será de dos meses, a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.
La Subdirección general de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha sacado también a licitación los servicios de arquitectura para llevar a cabo la dirección de obra y ejecución de los trabajos por 9.000 euros, IVA incluido. Ello hace que, en total, esta actuación de emergencia supere los 170.000 euros.
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