La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tan sólo difunde en su portal de transparencia el 40 % de la información que le obliga la ley, omitiendo datos relevantes como las retribuciones percibidas por sus altos cargos y máximos responsables, las ayudas públicas que concede o las indemnizaciones abonadas a directivos tras abandonar el cargo.

Así lo pone de manifiesto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el informe con el que ha evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa por parte de esta sociedad pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a través de la que el Estado controla 15 empresas y tiene participaciones directas o indirectas en numerosas más.

En su artículo 6, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno detalla el tipo de información que los sujetos alcanzados por la aplicación de la norma -entre ellos las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, como la SEPI- han de ofrecer en sus portales de transparencia. Son, en concreto, cuatro tipos de bloques: información institucional, organizativa y de planificación; de relevancia jurídica; económica, presupuestaria y estadística, y patrimonial.

Remite a otras fuentes

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales está lejos de respetar sus obligaciones en materia de transparencia, al situarse su índice de cumplimiento de la información obligatoria en el 40 %. Según pone de manifiesto el CTBG, ello se explica por el hecho de que sólo se publica el 36,4 % de las informaciones sujetas a publicidad activa y porque remite a fuentes centralizadas para la difusión de otras, entre otras razones.

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En su informe, el Consejo de Transparencia formula una veintena de recomendaciones a la SEPI a fin de que corrija las «carencias» detectadas y pueda lograr «avances» en el cumplimiento de la ley. Entre la información económica, presupuestaria y estadística que debe publicar se encuentra la relativa a las retribuciones que perciben por sus altos cargos y máximos responsables. Como ha comprobado este diario, la web redirige al portal de la transparencia de la Administración General del Estado, donde solo se ofrece la remuneración percibida en 2020 por el vicepresidente de la SEPI (221.867,52 euros). La Presidencia, ocupada por Belén Gualda desde finales de marzo pasado, estaba entonces vacante.

No es la única información obligatoria que no se obtiene si se acude a la página en internet de dicho organismo. Tampoco las indemnizaciones abonadas a ex directivos, las autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas al cesar en los puestos, ni las subvenciones y ayudas públicas concedidas «con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios».

Operación bajo la lupa judicial

Esta última cuestión es de especial relevancia a la vista de las críticas recibidas por el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la falta de transparencia en la concesión de 53 millones de euros -canalizados a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones- a la aerolínea Plus Ultra con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por un consejo gestor a través de la SEPI.

Se trata de la operación que investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra Bartomolé Lora Toro, vicepresidente de la SEPI e integrante del consejo gestor del citado fondo. La magistrada Esperanza Collazos acordó el pasado 8 de abril incoar diligencias previas para determinar si se vulneró la ley en el otorgamiento de estas medidas de apoyo financiero.

En las observaciones realizadas al informe inicial remitido por el CTBG, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales trató de hacer ver que el cumplimiento de la Ley de transparencia lo lleva a cabo a través de las «indicaciones generales» que la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información -hoy Dirección General de Gobernanza Pública- traslada a todos los organismos de la Administración General del Estado, sin que SEPI -adujo- pueda «unilateralmente tomar decisiones en contra». Es el motivo por el que no ofrece la información económica, presupuestaria y estadística que echa en falta la autoridad independiente que vela por que las entidades públicas sean transparentes.

El ‘holding’ público no ofrece datos a los que está obligado, como las remuneraciones de sus directivos y las ayudas que concede

Esta alegación del holding público fue inadmitida por Transparencia, que recordó al órgano evaluado que las entidades integrantes del sector público estatal están obligadas a publicar la información sujeta a obligaciones de publicidad activa en sus webs institucionales o sedes electrónicas -como establece la Ley de transparencia en su artículo 5.4- de manera clara, estructurada, entendible para los interesados y en formatos reutilizables a ser posible.

En cuanto a la gestión del derecho de acceso a la información pública, el principal reproche que formula el CTBG radica en el hecho de que la SEPI no publique en su portal de transparencia las resoluciones denegatorias, como exige la ley -concretamente en el artículo 14.3- previa «disociación de los datos de carácter personal» que contuvieran y una vez notificados a los interesados.

En este sentido, Transparencia recomienda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que habilite un enlace a un apartado específico en el que se proporcione información tanto sobre el derecho que asiste a los ciudadanos a solicitar información pública como para publicar las resoluciones denegatorias (tres en 2020).

49 organismos públicos evaluados

La SEPI es uno de los 49 organismos integrantes del sector público institucional estatal evaluados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dio a conocer estos informes la pasada semana. En 29 casos, las entidades ni se molestaron en alegar contra los informes provisionales, por lo que éstos devinieron en firme.

El grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de esta entidad de Derecho público -40 %- está lejos de los que arrojan los exámenes a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes, con el 85,6 %), Aena (69,8 %), Cartagena Alta Velocidad (69 %), la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa, 68,3 %), Correos y Telégrafos (67 %), Enusa Industrias Avanzadas SA (64,7 %), Imprenta de Billetes SA (Imbisa, 62,5 %), la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt, 62,1 %), Navantia (60,5 %) y la Corporación Radio y Televisión Española (RTVE, 58,3 %).

En el polo opuesto se sitúan la Mutua Intercomarcal (10 %), la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (19,5 %), Fundación ValenciaPort (23,13 %), Puerto Seco de Madrid (24,8 %), el Consejo Superior de Deportes (CSD, 25,9 %), la Dirección General de Tráfico (DGT, 28,6 %), el Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned, 28,9 %), la Autoridad Portuaria de A Coruña (29,1 %) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex, 29,4 %).