La ciudad de Mataró saltó hace un año a las cabeceras de los medios nacionales por el caso de Manuel, un vecino de la capital del Maresme acusado de allanamiento por los okupas que llevaban seis años instalados en su vivienda. El propietario accedió al piso cuando los okupas se fueron de vacaciones a Ibiza, dejando convenientemente protegida su casa okupada con una alarma.

Un año después, la okupación ilegal se ha convertido en el principal problema de la policía local de Mataró. Desde enero de este año, se han producido 367 usurpaciones de inmuebles, con una media mensual de 40, frente a las 136 okupaciones del año anterior para el mismo periodo. El último año sin pandemia, 2019, se cerró con 200 okupaciones en la capital del Maresme.

Control sistematizado de las okupaciones

Pese a estos datos, el regidor de Movilidad y Seguridad de Mataró, Juan Carlos Jerez, advierte de que las cifras de okupaciones en Mataró no difieren de las ciudades del entorno metropolitano de Barcelona. Simplemente, Mataró es la única ciudad que tiene una unidad de la policía local especializada en la lucha contra las okupaciones y un protocolo específico para evitar las usurpaciones de viviendas y locales.

«Son datos difícilmente comparables», explica Jerez, porque en Mataró las autoridades locales actúan siempre, independientemente de si hay denuncia penal o por otras vías administrativas. En otras palabras, es la única ciudad que ha ensayado un «control sistematizado» de las okupaciones, con cinco servicios municipales implicados. Desde la policía local a los servicios sociales.

«La acción policial hace aflorar el fenómeno» confirma el portavoz de la Policía Local de Mataró, Xavier Santajuliana, que explica el crecimiento del número de usurpaciones por «la acumulación» tras un año de menor actividad delincuencial por la pandemia.

Tres de cada diez actuaciones de la policía local vienen provocadas por okupaciones, reconoce Santajuliana. Pero matiza que una okupación puede generar varias intervenciones por un amplio abanico de problemas de convivencia que va desde el ruido a los narcopisos. Eso explica, también, que las usurpaciones de inmuebles se hayan situado en el centro del debate vecinal.

Dos intentos de okupación al día

La buena noticia es que las actuaciones policiales y la colaboración ciudadana han evitado otras 128 usurpaciones de vivienda en los primeros nueve meses del año. La mala, que pese a ese trabajo en Mataró se produce una media de dos intentos de okupación al día.

Este miércoles, la Junta Local de Seguridad se centró prácticamente de forma exclusiva en el problema de las ocupaciones de viviendas y los problemas comporta: inseguridad, ruptura de la convivencia y otros delitos asociados. Un ejemplo: En 2021 se detectaron 92 fraudes eléctricos durante los primeros nueve meses del año, frente a los 84 de todo el año anterior o los 45 de 2019.

Son esos problemas asociados los que explican la alarma social que ha creado el fenómeno en la ciudad, explica Santajuliana. En primer lugar, relata el portavoz policial, por la existencia de grupos organizados dedicados a la okupación. En segundo, por el temor de los vecinos a delitos más peligrosos, como el tráfico de drogas. El resultado: «Nos encontramos ante un problema penal que genera problemas de convivencia y se acaban gestionando desde los ayuntamientos».

Problemas de convivencia

La tensión ya ha aflorado en algunos barrios, como mostró la manifestación de vecinos del barrio de Cerdanyola semanas atrás. También la aparición de «patrullas vecinales» aunque fuentes municipales advierten de que se trata de un fenómeno instrumentalizado por algunas opciones políticas. Pero reconocen que eso no es óbice para reconocer la inquietud de los vecinos.

Pese a tener una consideración de falta leve en el Código Penal, «a nosotros las okupaciones nos importan mucho porque preocupan a los vecinos» advierte Jerez en este sentido. El regidor advierte que «políticamente hay una percepción errónea de la realidad» y señala el problema que genera la «apariencia de impunidad» de los okupas.

«Los vecinos lo viven de forma muy angustiosa» explica Jerez, ante el temor de encontrarse con la electricidad «pinchada», «trapicheos» o daños en la propiedad. «No lo soportan porque no entienden que la justicia sea tan tolerante». De ahí nace la última declaración, acordada por unanimidad en el Ayuntamiento, para reclamar una reforma del Código Penal que penalice la multi reincidencia en la que incurren los miembros de grupos organizados que se dedican a okupar viviendas de forma sistemática para alquilarlas ilegalmente.

Reforma del Código Penal

Los datos recabados por el Ayuntamiento y hechos públicos tras la última Junta de Seguridad local muestran que también se ha multiplicado el número de okupas identificados. Un total de 404 okupas identificados entre enero y septiembre de este año frente a los 292 en todo el año anterior.

Con estos datos sobre la mesa, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado octubre por unanimidad una declaración en la que se reclama al Gobierno la reforma del Código Penal para incluir como agravantes la incidencia y multi reincidencia y el endurecimiento de las penas para delitos leves de hurto.

A nivel local detrás de un fenómeno delincuencial suele haber un problema social»

Reclaman además más complicidad de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional para investigar a los grupos organizados. Recuerdan que si consiguen demostrar el agravante de organización criminal la persecución de ese tipo de delincuencia sí será efectiva. En este sentido, el pleno municipal ha aprobado dos mociones en las que reclamaba a la Generalitat, junto a las policías de ámbito estatal, la elaboración con urgencia de un «Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con inmuebles usurpados»

Aún así, Santajuliana señala que «si no hubiera personas vulnerables demandando vivienda no habría okupaciones». Al final, reflexiona, «cuando se producen nichos de negocio como este aparecen reguladores informales de ese negocio». Y a nivel local, concluye, «detrás de un fenómeno delincuencial suele haber un problema social».

Unanimidad política en el Ayuntamiento

El problema no es nuevo. En 2016 se creó una comisión específica para tratar la okupación delincuencial en la que participan los responsables de seguridad y vivienda del Consistorio. Pero también la Cámara de la Propiedad, el Colegio de Abogados de Mataró o las asociaciones de vecinos.

Un año después se creaba una unidad específica en la policía local. Y un protocolo que explora vías de actuación más allá de las consignadas por la legislación catalana, que otorga la consideración de morada en cuanto los okupas cambian el paño de la puerta. Inspecciones por procesos administrativos de salubridad o habitabilidad han permitido desalojar locales okupados, y la mediación ha servido para solucionar otros casos en los que los inquilinos habían «comprado» las llaves a mafias dedicadas a la okupación, explica el regidor de Seguridad.

El derecho a la vivienda no tiene nada que ver con las usurpaciones y ese mensaje a la población de que no hace falta alquilar o comprar»

«Usamos todos los resquicios legales» reconoce Jerez. Y en el Ayuntamiento, gobernado por el PSC y con presencia de ERC, JxCat, Comunes y Cs, hay consenso de todas las fuerzas políticas en que este es un problema prioritario, porque así lo perciben los vecinos, explica Jerez.

«El derecho a la vivienda no tiene nada que ver con las usurpaciones y ese mensaje a la población de que no hace falta alquilar, comprar o apuntarse a una bolsa de vivienda social porque alguien dará una patada en la puerta y te entregará las llaves de un piso». reflexiona el regidor.

De hecho, advierte Jerez, la okupación «es el único delito en el que se pide a la policía que no restituya la legalidad». Algo que «no sucede en ningún otro país del mundo» se lamenta

Protocolo municipal

En mayo se inició el nuevo protocolo municipal de intervención en okupaciones de inmuebles que implica diferentes servicios municipales. Desde entonces, la Policía Local ha llevado a cabo 18 actuaciones con un total de 95 inmuebles desalojados.

El mayor desalojo se produjo el pasado septiembre, cuando Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Mataró desalojaron a 22 personas, cinco de las cuales menores de edad, de un local que lleva más de un año okupado. La operación contó con autorización judicial atendiendo el protocolo por la falta de condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad. En el desalojo participaron siete dotaciones de Policía Local, tres de Policía Nacional y una de Mossos.