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Polémica en la Guardia Civil: 35 opositores logran ‘in extremis’ el apto con la nueva norma sobre tatuajes

Una decena de aspirantes al menos impugna la decisión del tribunal de aplazar la inspección de los dibujos corporales para que se llevara a cabo con la nueva normativa, menos restrictiva | Ese acuerdo, “fraudulento y arbitrario”, les ha dejado sin plazas

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, durante el examen celebrado en Málaga.

La directora general, María Gámez, durante el examen celebrado en Málaga. GUARDIA CIVIL

Una decena de opositores a guardia civil ha impugnado los acuerdos por los que el tribunal calificador pospuso la inspección de tatuajes a los aspirantes, ya que ese aplazamiento propició que entrara en vigor una nueva normativa menos restrictiva en cuanto a dibujos corporales y les apeó de conseguir las plazas que hubieran obtenido en caso de haberse llevado a cabo la revisión en el momento inicialmente previsto.

Según ha podido conocer este diario, los opositores presentaron el pasado lunes recursos de alzada en los que piden a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil que anule las resoluciones por las que se retrasó la citada inspección y se declare no apto a todos los aspirantes que no cumplían el requisito relativo a los tatuajes en la fecha en que se llevó a cabo el último reconocimiento médico, el pasado 2 de noviembre. Es el trámite que agota la vía administrativa antes de decidir si acuden a los tribunales en caso de que no prospere la reclamación.

Cuando la Dirección General de la Guardia Civil dictó el pasado 16 de junio la resolución por la que convocaba pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación como paso previo a la incorporación a la escala de cabos y guardias, el reglamento exigía -entre otros requisitos- que el aspirante no exhibiera «tatuajes, argollas, espigas, inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de uso general del Cuerpo». A la luz de las bases de la convocatoria, la revisión del cumplimiento de este requisito tenía que llevarse a cabo durante el desarrollo de las pruebas de aptitud psicofísicas (divididas en pruebas físicas, entrevista personal y reconocimiento médico).

A partir del 22 de octubre, el tribunal calificador dictó nueve acuerdos por los que aplazaba hasta el pasado 10 de noviembre la inspección del tatuaje. Esa decisión, aparentemente nimia y ahora impugnada por al menos una decena de aspirantes bajo el asesoramiento del bufete Legal Oposiciones, tendrá repercusión a la hora de la asignación de una parte de las plazas que había en liza.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 9 de noviembre un real decreto con el que se regula a partir de ahora el uso del uniforme de la Guardia Civil. La nueva disposición autoriza los tatuajes que sean visibles siempre que no reflejen motivos «contrarios a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares que puedan atentar contra la disciplina o la imagen» del Cuerpo.

El tribunal aplazó la inspección de los tatuajes para que estuviera en vigor la nueva norma, menos restrictiva

Al estar en vigor ya el día que se llevó a cabo la inspección, 35 opositores que no cumplían inicialmente las condiciones fueron declarados aptos. «Los acuerdos de aplazamiento de inspección del tatuaje han perjudicado a mis representados, pues el día 8 de noviembre de 2021 se encontraban en la lista dentro de las posiciones acreedoras de una plaza en el proceso selectivo y, como consecuencia de la inspección de 10 de noviembre, en virtud de un aplazamiento efectuado de manera fraudulenta y arbitraria, al margen de la convocatoria y de manera inmotivada, se han quedado sin plaza», detalla el escrito.

Los recurrentes entienden que el tribunal calificador «no tenía habilitación alguna para posponer la inspección del citado requisito más allá» del reconocimiento médico -la última de las pruebas psicofísicas- realizado por cada aspirante, por lo que las decisiones adoptadas resultarían «nulas o subsidiariamente anulables». A su juicio, la posibilidad de posponer esa revisión no se prevé en las bases de la convocatoria, por lo que los acuerdos carecen de «cobertura jurídica».

En este sentido, recuerdan que la jurisprudencia del Supremo ha asentado que las bases constituyen «las reglas del juego» del proceso selectivo, una suerte de «ley» que vincula a la Administración que convoca las plazas y a los aspirantes que aspiran a ocuparlas. El tribunal calificador «debe ejecutarlas sin alterarlas, modificarlas, ni introducir nuevos criterios de valoración», resaltan.

«Efectos retroactivos»

«Procede declarar la nulidad de los acuerdos de aplazamiento porque no se encuentran motivados y resultan dictados en fraude de ley, ya que lo único que persiguen es que la inspección del tatuaje se lleve a cabo una vez  entrada en vigor la nueva normativa, con efectos retroactivos a fin de que se declaren no aptos los aspirantes que lleven tatuaje, quienes podrán presentarse en su caso a la próxima convocatoria pero no a ésta», defienden.

En la presente convocatoria, la Dirección General de la Guardia Civil ha sacado 2.091 plazas, de las que 837 estaban reservadas para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicio efectivo, 175 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes y 1.079 para acceso libre. En total han sido 26.835 las personas que presentaron solicitud para tomar parte en el proceso selectivo.

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