Los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas tomaron esta semana posesión de sus cargos rompiendo con la mayoría del órgano desde hace años. Una nueva composición progresista decidirá, entre otros asuntos, si da luz verde a los avales presentados por la Generalitat para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a ex altos cargos del Govern por destinar fondos públicos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la promoción exterior del procés, la primera decisión que tienen que abordar en este asunto.
La misma tarde del jueves, cuando salieron del órgano fiscalizador de las cuentas públicas los consejeros no renovados y entraron los nuevos -propuestos por Gobierno y Partido Popular tras el acuerdo de renovación alcanzado entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea- se celebró un Pleno en el que se eligió a la Comisión de Gobierno. La consejera Enriqueta Chicano, propuesta por el partido del Gobierno, será la presidenta. Le acompañarán como presidentas de Enjuiciamiento y Fiscalización, respectivamente, Dolores Genaro (también propuesta por el PSOE) y Rebeca Laliga (propuesta por el PP).
Chicano y Genaro son las dos únicas consejeras que han resistido en el órgano provenientes del anterior mandato. El Partido Popular liderado por Pablo Casado no ha mantenido a ninguno de los miembros que propuso en su día la dirección del partido presidido por Mariano Rajoy.
Laliga presidirá la Sección de Enjuiciamiento que abordará, en primer lugar, el recurso de los independentistas contra la decisión de la instructora Esperanza García de rechazar los avales presentados por la Generalitat para cubrir las fianzas del procedimiento del procés viendo que no cumplían con la legalidad. Es decir, la Sección que preside tendrá que decidir si permite o no que las fianzas se cubran con el procedimiento al que recurrió la Generalitat. Pero tendrá que decidir junto con los magistrados Rosario García y Diego Iñíguez, propuestos por el PSOE y que completan la Sección de Enjuiciamiento.
"Los independentistas pueden salirse con la suya y el PP lo habrá permitido"
Laliga, hasta ahora subdirectora general del Notariado, cuenta con menos experiencia para abordar asuntos jurídicos (la Sección que preside es la única del Tribunal de Cuentas con función jurisdiccional) que Íñiguez (magistrado Contencioso-Administrativo) y García (también magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que el PSOE puso en la lista en el último momento, después de haberse sellado el acuerdo de renovación, en sustitución de la gerente tributaria de la Diputación de Barcelona Mari Luz Rodríguez). Consejeros salientes del órgano creen que los magistrados Íñiguez y García impondrán su criterio favorable a los intereses de los independentistas frente a Laliga cada vez que haya que tomar una decisión y que, al ser ellos mayoría, tendrá que aceptar.
Precisamente a Laliga corresponderá, en sustitución de la consejera Margarita Mariscal de Gante, enjuiciar la eventual responsabilidad contable de los altos cargos del Govern por destinar fondos públicos al referéndum del 1-O y a la promoción exterior del proceso independentista a través de Diplocat y las embajadas catalanas.
En este sentido, consejeros conservadores salientes consideran que "el PSOE ha ganado al PP" con la propuesta de perfiles propuestos para que se ocuparan de dicha Sección clave. Pero creen que no el único movimiento con el que el Gobierno toma el control del órgano a través de los miembros que ha elegido.
El Partido Popular propuso como consejero en su lista a Miguel Ángel Torres Morato (hasta ahora fiscal del Tribunal de Cuentas). El propio Pablo Casado, durante una entrevista en Onda Cero, trasladó que eso permitiría que alguien que conoce el procedimiento de presunta responsabilidad contable de los independentistas pudiera intervenir para asegurar que éstos devolverían el dinero público empleado en el procés.
Sin embargo, Torres podrá hacer poco al respecto, puesto que irá a la Sección de Fiscalización de gastos locales. Queda descartado de Enjuiciamiento (él mismo lo aceptó así) puesto que podría ser recusado por la defensa de los independentistas alegando que ha participado en el procedimiento como fiscal. Y este es otro golpe que los consejeros salientes ven que se ha llevado el PP, según trasladan con evidente enfado. "Aquí hay gente, consejeros, que se han dejado muchos pelos en la gatera para que ahora este asunto pase a no ser importante. Con este panorama, los independentistas pueden salirse con la suya y el PP lo habrá permitido".
Un nuevo fiscal tendrá que tomar la decisión de presentar o no demanda contra los independentistas después de que la consejera Mariscal de Gante enviara la pasada semana a enjuiciamiento el procedimiento como su última tarea dentro del Tribunal tendrá que tomarla un nuevo fiscal. Fuentes internas apuntaron a El Independiente que el fiscal progresista del órgano Carlos Castresana, exfiscal Anticorrupción, suena como la persona que presentará su candidatura y a la que propondrá Dolores Delgado.
Malestar en sectores del PP
El malestar entre los consejeros conservadores salientes se extiende también a algunos sectores del Partido Popular críticos con la dirección del secretario general Teodoro García Egea.
Consideran que el acuerdo de renovación alcanzado entre García Egea y Bolaños no beneficia a los intereses del Partido Popular y lo encuadran en una concesión del control del órgano fiscalizador a cambio de "introducir a sus candidatos en el Tribunal Constitucional", órgano que también ha sido renovado en el mismo acuerdo.
Este jueves tomaron posesión de su cargo en el Alto Tribunal el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la hasta ahora presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel que fueron propuestos por el PP.
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