Un juzgado de lo Social de Sevilla ha señalado para febrero de 2026 el juicio en el que se dilucidará la demanda por incapacidad permanente presentada por una mujer contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo que da una idea del atasco que sufre esta jurisdicción por la acumulación de asuntos y pone de manifiesto que las medidas de refuerzo que se han venido adoptando han sido claramente insuficientes.

Rosa Mª M.B. quedó estupefacta cuando semanas atrás abrió la carta certificada que recibió en su casa y leyó el decreto en el que la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 2 de Sevilla señalaba la fecha de la vista: las 10 horas del 23 de febrero de 2026, dentro de casi 51 meses. «Mi abogado me había dicho que tuviera paciencia y que tardaría en celebrarse unos dos años, pero se quedó corto. Jamás podía imaginarme que tendría que esperar casi cuatro años y medio. Una justicia tardía no es justicia», declara con impotencia a este diario.

Antigua responsable de la administración económica de un ayuntamiento sevillano, el INSS dictó en julio de 2019 una resolución por la que le concedió la situación de incapacidad permanente en grado absoluto por urgencia miccional tratada con fármacos, síndrome de cola de caballo crónico y radiculopatía S1 izquierda. Fue cinco años después de practicársele una discectomía L5-S1 y foraminotomías bilaterales para tratar de corregirle el problema.

El TSJA admite que el plan de refuerzo para desatascar los juzgados de lo Social de Sevilla no ha dado resultados «satisfactorios»

El pasado 9 de abril, la dirección provincial del INSS en Sevilla le comunicó que le denegaba la condición de incapacitada para trabajar después de que el equipo de valoración apreciara una «variación en su estado invalidante profesional» que determinaba la «inexistencia de grado alguno de incapacidad». Desde ese momento dejaba de ser beneficiara de la prestación económica que venía recibiendo con cargo a la Seguridad Social.

Tras no prosperar la reclamación previa en vía administrativa, Rosa Mª M.B. ha acudido a los tribunales para demostrar que la severa limitación funcional que sufre -agravada con complicaciones ginecológicas e inestabilidad emocional que ha desembocado en depresión- le impide trabajar y se revoque así la decisión basada en una revisión médica en la que -asegura- el facultativo no profundizó para poder valorar de forma correcta la situación física en la que se encuentra.

«Hay que tener en cuenta la medicación que necesito tomar de forma crónica y permanente me produce somnolencia y disminución de la concentración y atención necesarias para realizar los trabajos encomendados, que se acompaña con caídas frecuentes por inestabilidad en la marcha, tras bipedestación prolongada, por debilidad muscular y pérdida de fuerza en ambos miembros inferiores, produciendo una claudicación a la marcha a distancias cortas (100 metros), ya que no puedo estar mucho tiempo sentada ni de pie, que añadiendo la dificultad de la sedestación prolongada, hace imposible la realización de cualquier trabajo o profesión, ya que me impide realizarlos correctamente con alta probabilidad de cometer errores al tratarse de un trabajo predominantemente intelectual», expone en la demanda.

Situación económica

Sin condiciones físicas ni mentales para poder trabajar, el retraso en la resolución del pleito agravará su situación económica, reducida ahora a la percepción de un subsidio especial de 400 euros durante 18 meses. Esa ayuda expirará en enero de 2023, cuando faltarán todavía más de tres años para que se celebre el juicio en el que tratará de demostrar la incapacidad que el INSS no la ha reconocido ahora para poder cobrar la pensión que le corresponde por los años cotizados. Su marido está desempleado y tienen dos hijos a su cargo.

Los diez juzgados de lo Social de Sevilla cerraron 2020 con 25.867 asuntos pendientes (el 30 % de todos los que se tramitaban en esta jurisdicción en Andalucía, Ceuta y Melilla: 86.340). El ejercicio arrancó con 23.575 procedimientos, registrándose en el curso del año otros 12.243 -a un promedio de 33 al día- y resolviéndose 9.955, según los datos que se detallan en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Relación de asuntos en el orden social en Andalucía, Ceuta y Melilla durante el pasado año, según los datos del TSJA.

«Durante 2020 ha continuado el plan de refuerzo en Sevilla con dos jueces de adscripción territorial agrupados en una estructura organizativa que cuenta con dos letrados de la Administración de Justicia y trece funcionarios, si bien los resultados a lo largo del tiempo no han sido satisfactorios, por lo que será necesario asegurar una correcta y mayor eficiencia», expone la citada memoria. El atasco que sufren los juzgados de Málaga y Sevilla llevó la pasada primavera a poner en marcha una «medida adicional» a fin de contar con dos jueces más del orden Social en ambos partidos judiciales.

José Luis M.D. ha tenido más ‘suerte’ que Rosa Mª M.B. Este técnico informático de 48 años ‘sólo’ tendrá que esperar tres años y medio para que el Juzgado de lo Social 5 de Sevilla celebre el juicio por la demanda por incapacidad permanente parcial que interpuso contra el Instituto Nacional de Seguridad Social el pasado 21 de julio. En su caso, la vista se ha señalado para el 24 de febrero de 2025.

El demandante fue sometido en abril de 2019 a un trasplante de córnea, perdiendo el 90 % de la visión en el ojo izquierdo. El INSS, sin embargo, le ha declarado de alta para desarrollar su trabajo habitual pese a reconocer que el cotizante padece una «limitación parcial para actividades con muy altos requerimientos visuales en general».

Según el demandante, esa merma le ocasiona «una pérdida notable del rendimiento», lo que le hace acreedor de una incapacidad permanente en el grado de parcial. Cuando se celebre el juicio habrán transcurrido 1.314 días desde que llamó a la puerta de los tribunales.