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El Congreso rechaza una PNL de Podemos que pedía que los nuevos funcionarios no puedan acceder a las mutuas

Pablo Echenique y Rosa Medel, intervienen en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Pablo Echenique y Rosa Medel, intervienen en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. EP

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos que reclamaba que las nuevas incorporaciones al personal público se incluyan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no en las mutuas, como ocurre hasta ahora.

La diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel ha explicado que la propuesta de Podemos es que las personas que pasan a ser funcionarios no entren a MUFACE o al Instituto Social de las Fuerzas Armada (ISFAS), sino que sigan manteniendo la cobertura pública "para avanzar en cohesión y equidad".

"No estamos diciendo que los que ya están en las mutuas se tengan que pasar. Estamos diciendo que poco a poco la nueva incorporación se pase al SNS para que no produzca ninguna cuestión difícil de asumir", ha detallado.

Medel ha calificado como "injusto e ineficiente" el sistema de mutualidad actual. "Los mutualistas eligen entre atención pública o privada cada año. La posibilidad de pasar de lo privado a lo público se hace para que la pública cubra lo más costoso. Usan la sanidad privada para patologías leves con poco gasto, pero cuando se necesitan prótesis, tratamientos costosos o una cirugía se les aconseja ir a la sanidad pública", ha argumentado.

Igualmente, Medel ha denunciado que existe una "falsa creencia sobre el buen servicio" que dan las mutuas. "Es como si se promocionara que los trabajadores públicos sean atendidos por la sanidad privada. Es desviar dinero público a un servicio privado ineficiente, es torpedear el servicio público y hacer mal uso del dinero", ha insistido.

José Ramón Ortega, del PSOE, ha indicado que su partido está "en absoluta sintonía" con la propuesta de su socio de Gobierno y ha reconocido que "es evidente que hay una cierta incoherencia en que los trabajadores públicos no sean tratados por la sanidad pública sino por la privada".

Sin embargo, ha esgrimido que no pueden apoyar esta propuesta porque "no es competencia del Ministerio de Sanidad". "Quizá habría que llevar esta PNL a la Comisión de Función Pública", le ha sugerido a Medel.

Además, ha argumentado que no es el momento para realizar esta medida ya que "estamos saliendo de una pandemia en la que el sistema ha funcionado bien". "Incluidas las mutuas, que han ayudado a que la vacunación sea un éxito en nuestro país", ha defendido.

En cualquier caso, Ortega ha avanzado que tendrán que debatir este extremo en el futuro. "El Gobierno sigue apostando por reforzar la sanidad pública, este es un tema que tendremos que afrontar pero en estos momentos no podemos mostrar nuestro voto favorable", ha sentenciado.

Gabriel Elorriaga Pisarik, del PP, también ha defendido el sistema de mutualidades, ya que "ahorra costes al sistema público", y ha cargado contra la "izquierda" por ser "alérgicos a la libre elección de las personas". "Igualar por abajo es la solución de la izquierda casi para cualquier cosa", ha acusado.

En este contexto, ha denunciado que la PNL de Podemos tiene "dos grandes prejuicios". El primero es que "siguen creyendo que la iniciativa privada no puede ofrecer servicios a través del mercado". "Y el segundo es contra los trabajadores públicos. Sus millones de usuarios aprecian notablemente las mutuas, que contribuyen a descargar el SNS", ha remachado.

Test de antígenos en farmacias

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una propuesta de VOX para la financiación pública de los test de antígenos autorizados para su dispensación en oficinas de farmacia.

En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal reclamaba la financiación "total" de las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19 autorizadas para su dispensación en oficina de farmacia, sin previa prescripción, como "medida efectiva de contención y prevención de los contagios por COVID19, mediante la exención de la aportación económica para todos los pacientes y usuarios, hasta la declaración por el Gobierno de la finalización de la crisis sanitaria en España".

Asimismo, también insistían en la necesidad de la financiación "parcial" de las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19 autorizadas para su dispensación en oficina de farmacia, sin previa prescripción, mediante aportación reducida una vez declarado el fin de la referida crisis sanitaria".

Rechazo a una autoridad de evaluación de políticas sanitarias

La Comisión tampoco ha apoyado la PNL de PDeCAT para la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias (AIEPPS), con sede en Barcelona, al existir ya otros organismos que cuentan con competencias similares.

Este organismo actuaría como "autoridad independiente para evaluar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con su impacto presupuestario".

La diputada de PDeCAT Concep Cañadell Salvia ha defendido que este organismo, que sería similar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), podría estar financiado por los Fondos Next Generation EU, que "pueden contribuir a la creación y puesta en marcha del nuevo organismo".

Cañadell ha argumentado que numerosos expertos del ámbito sanitario, investigadores académicos e instituciones han solicitado reiteradamente al Gobierno la creación de este organismo independiente para la evaluación de las prestaciones y políticas sanitarias. En este punto, ha citado como ejemplo al National Institute for Health and Care Excellence de Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés).

"El SNS mejoraría notablemente si todas las decisiones, también las políticas sobre estrategia, planificación y distribución de recursos, se basasen en criterios técnicos y en evidencia contrastada y fuesen evaluadas y sirviesen para la rendición de cuentas a la ciudadanía, anulando la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro", defendía la PNL del partido catalán.

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