España

Las asociaciones demandarán a los directores de colegio que no cumplan la sentencia sobre el castellano

Alumnos de un colegio catalán EFE

«Tenemos herramientas para forzar la aplicación» de la sentencia del 25% en castellano «y vamos a ser muy perseverantes hasta que se cumpla». Las entidades que durante años han perseguido el reconocimiento del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas han recibido con euforia la decisión del Tribunal Supremo, que esta semana ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los colegios a ofrecer un 25% de las materias en castellano.

Una sentencia que la Generalitat ya ha dicho que no piensa aplicar, exigiendo al Gobierno apoyo en su desobediencia. Pero la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) tiene claro que no va a permitir que esta sentencia se desoiga. Utilizarán todas las herramientas a su alcance para que se cumpla, advierte su presidenta, Ana Losada. Y la primera será exigir ante los tribunales el cumplimiento de la sentencia por la vía de denunciar a los directores de centros que la incumplan, además de al propio consejero de Educación, Josep González-Cambray.

Sentencias acatadas por la Generalitat

«Cambray puede decir ahora que desobedecerá la sentencia, pero qué les va a decir a los directores cuando les cite el juez», se pregunta Losada, que describe las declaraciones del consejero como «populismo barato». Recuerda la responsable de la AEB que, de hecho, la Generalitat no ha incumplido ninguna de las sentencias judiciales que ya han obligado a centros catalanes a impartir materias en castellano a los alumnos cuyas familias han recurrido a la justicia. Un centenar de sentencias en los últimos años que se están acatando.

El gobierno catalán ha recurrido, además, las seis sentencias que anulan otros tantos proyectos lingüísticos de centros catalanes por no incluir ese 25% en catalán. «Cuando estás dispuesto a desobedecer a la justicia no recurres las sentencias», argumenta Losada.

La Generalitat tiene dos meses para acatar la sentencia a partir del momento en que el Supremo traslade su decisión al TSJC. Pero pasado ese plazo de tiempo, cualquier entidad afectada puede exigir a la justicia el cumplimiento de la sentencia, aunque no fuera parte actuante en el proceso judicial.

Consecuencias judiciales

Por ello, tanto la AEB -cuyos estatutos recogen el objetivo de conseguir la escolarización en castellano- como cualquier padre de niños en edad escolar puede recurrir a la justicia para exigir que se haga efectiva la sentencia a partir de ese plazo, explica Losada. «Esto no es el 9N ni el 1-O», cuando los directores de centros entregaron las llaves a la consejera, entonces Clara Ponsatí, «para que nadie les incriminara».

En caso de ser requeridos por la justicia para aplicar la sentencia y negarse a ello, los responsables de los centros se enfrentarían no solo a una multa por desobediencia, sino a una posible inhabilitación. Es decir, a abandonar sus responsabilidades en los colegios.

«Esos directores saben que no les van a indultar» como a los líderes del procés, concluye Losada en referencia a los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el 1-O.

Cese de la ministra Alegría

Más allá de los recursos legales, la dirigente de la AEB es muy crítica con la postura adoptada por el Ministerio de Educación, que ha intentado esquivar cualquier responsabilidad en la sentencia, señalando que «no somos nosotros los que tenemos que instar nada», sino el TSJC, al que ahora regresarán las actuaciones tras la decisión del Supremo de rechazar el recurso de la Generalitat.

«Es vergonzoso, motivo de cese, que la ministra le diga al conseller que no se preocupe y siga con lo suyo». Losada se refiere a la conversación en la que Pilar Alegría habría dado garantías a Cambray de que no reclamarán el cumplimiento de la sentencia, según el propio consejero. Un extremo que el Ministerio no ha confirmado.

La líder de la AEB reclama al Gobierno «un discurso claro» en favor de la escuela bilingüe. Y advierte de que con esta sentencia «la presión recae sobre el Gobierno» que tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento del 25%. El Gobierno «está en una situación más delicada que la Generalitat, porque no le va a salir gratis ni en España ni ante la Unión Europea» intentar obviar esta decisión judicial.

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