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El limbo legal del lobo que abandona a los ganaderos: "Queremos pagaros, pero no podemos"

El barullo judicial por la inclusión o no del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) ha dejado indefensos a los ganaderos del norte del Duero

Varios lobos en el Centro del Lobo Ibérico en la localidad de Robledo de Sanabria, en Zamora.

Varios lobos en el Centro del Lobo Ibérico en la localidad de Robledo de Sanabria, en Zamora. EP

«Queremos pagaros, pero no podemos». Esta es la respuesta que reciben los ganaderos cuando van a reclamar los daños provocados por los lobos en una Reserva de Caza al norte del río Duero, precisamente donde más presentes están los depredadores. Hasta el 20 de septiembre el lobo ibérico era una especie cinegética en ese territorio; desde entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) incluyó a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE), lo que le da una nueva denominación e impide que los ganaderos sean indemnizados por estos ataques, ya que no son obra de una especie cinegética.

Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las cuatro comunidades que se oponen a la decisión del Ministerio para gestionar ellas mismas la población del lobo ibérico, abonaban en un plazo de 15 días las compensaciones por las arremetidas del lobo. Ahora esto no sucede. «Habíamos avisado al Ministerio que este problema se iba a producir si no ponían al menos un período transitorio para adaptarnos al nuevo marco legal», señala José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León en conversación con El Independiente.

El cambio de designación del lobo -de ser cinegético a no serlo- hace que la habilitación legal que tenían las comunidades autónomas pierda validez. «Si pagásemos a alguien sería un delito porque ya no somos titulares cinegéticos. Estas cuestiones se generan porque el Ministerio no ha actuado de forma coordinada con las regiones», comenta Arranz. Joaquín Antonio, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila, acusa al Gobierno de imponer «de la noche a la mañana» un nuevo estatus al lobo «que deja a los ganaderos del norte del Duero en total indefensión». Antonio explica que en Ávila, al estar al sur del Duero, hay una orden de daños que no es la que más les satisface pero que «ahora los del norte están mucho peor».

Las cuatro comunidades autónomas mencionadas han solicitado a la Audiencia Nacional una suspensión cautelar sobre el régimen especial del lobo, que en caso de concederse permitiría a las administraciones regionales pagar a los afectados. «Hasta el 20 de septiembre éramos las comunidades autónomas las que pagábamos la totalidad de los desagravios. Ahora nadie los paga porque nosotros no tenemos el instrumento legal que nos permita utilizar el dinero público para ello», denuncia Arranz, que asegura que desde la Junta de Castilla y León estudian «cómo hacer para que los ganaderos cobren y que no sean los paganos» de esta guerra a dentelladas en el campo y en la política.

¿Quién pagará a los ganaderos por los ataques de los lobos?

La intrincada situación, tanto política como legal, que rodea al lobo deja una gran víctima: los ganaderos. Los empresarios rurales sufren las pérdidas físicas y económicas en sus explotaciones sin el amparo del Ministerio o de las gobiernos regionales, que aducen estar «atados de pies y manos» por la decisión de la cartera encabezada por Teresa Ribera. Ignacio Carricajo, el joven ganadero de Revellinos de Campos (Zamora) que sufrió recientemente un brutal ataque en su rebaño, indica a este medio que al ir a reclamar el dinero correspondiente por este daño, la Junta se lo ha negado. «Me han dicho que ha cambiado la ley y que no me pueden pagar, que si fuera por ellos lo harían inmediatamente», lamenta Ignacio, lo cual se corresponde con lo argumentado por Arranz. El perjuicio en la ganadería de Ignacio «ha sido tasado en unos 15.000 euros», comenta él mismo, que además apunta que «mínimo hasta dentro de un año y medio» no cobrará. Es decir, hasta que no se resuelva la batalla judicial entre Ministerio y autonomías, los ganaderos del norte del Duero no recibirán ni un euro como contrapartida de las acometidas del lobo.

Arranz desea que «la aprobación o no de la suspensión cautelar» tarde lo menos posible, ya que que «ir al fondo de la cuestión quizá lleve uno o dos años». «Pedimos la cautelar para evitar el descalabro que causa la aplicación de una norma totalmente ilógica. De esta manera no podemos ni pagar al ganadero ni controlar al lobo», sentencia el dirigente de la Junta de Castilla y León. La comunicación entre, por un lado los gobiernos regionales beligerantes y las Organizaciones Profesionales Agrarias, y por el otro el MITECO, es prácticamente nula.

«Desde el primer momento no nos han hecho ni caso. Ribera no ha tenido la cintura política de sentarse con nosotros», «El MITECO se ha puesto de perfil», aquejan Antonio y Arranz. Este último insiste en que las comunidades entienden que si finalmente permanece la denominación de LESPE «será el Ministerio quien tenga que asumir esos pagos»; sin embargo Arranz recalca que de conseguir la suspensión cautelar, la Junta recuperaría la autoridad judicial. «Tenemos el dinero y el sistema habilitado para pagar los daños que hacen las especies cinegéticas, pero si el lobo es LESPE no hay respaldo jurídico para hacerlo», clama Arranz.

«Han impuesto desde posiciones radicales y sin diálogo»

El presidente de ASAJA Ávila transmite el sentir de sus representados: «O la justicia actúa y se pronuncia o no tenemos ninguna esperanza. El gobierno central está erre que erre por lo escorado que está hacia Podemos». Asimismo, Arranz sostiene que este proceso ha crispado a la población, «donde había una pequeña brisa han creado un huracán».

El directivo de la Junta de Castilla y León confiesa su falta de confianza con el MITECO. «En la memoria económica que acompaña a la orden figuran 20.000 euros al año para ‘Ayudar a los estudios que hagan las comunidades autónomas’; al mismo tiempo, Ribera anuncia que habrá 20 millones de euros. Esa cifra no figura ni en la orden, ni en el borrador de estrategia del Ministerio que ha circulado. Sin tenerlo por escrito y solo en una declaración da la sensación de que son palabras para parar el choque con los ganaderos. No tenemos ninguna garantía porque no figuran. 20.000 euros no sirven para nada», concluye Arranz.

Antonio demanda que esta nebulosa «se tendría que haber resuelto hablando y con datos científicos, y no imponiendo y desde posiciones radicales y sin diálogo». El director de ASAJA ha manifestado su disconformidad en referencia a las políticas que conciernen al mundo rural. «Dicen que luchan contra la despoblación y constantemente ponen trabas al que se quiere quedar. En vez de primar a los ganaderos les ponen palos en las ruedas. Ni controlan al lobo ni pagan a los perjudicados», asevera Antonio.

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