El PSOE ha calificado este martes de "auténtica chapuza" el informe realizado por una consultora externa (Ernst & Young Abogados SLP) que ha sido determinante en el proceso con el que el Ministerio del Interior ha tratado de equiparar salarialmente a los policías nacionales y guardias civiles con los Cuerpos autonómicos. El departamento que dirige Grande-Marlaska ha desoído hasta ahora la reclamación de sindicatos y asociaciones profesionales para que encargara un nuevo trabajo que sí llevara a cabo una comparación 'puesto a puesto' con los Mossos d'Esquadra.

"Si fuese un Trabajo fin de Grado (TFG), porque no llega a Trabajo Fin de Máster (TFM), tendría un suspenso en mayúscula", ha afirmado la diputada socialista Gemma Araujo desde la tribuna del Congreso durante su intervención en el debate sobre la proposición del PP para modificar la Ley orgánica de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Un informe contratado por el procedimiento de urgencia con muchísimas irregularidades y que este Gobierno se encontró", ha criticado la parlamentaria gaditana.

El acuerdo firmado el 12 de marzo de 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), con los representantes de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluía una cláusula por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa a fin de que fijara "criterios objetivos de análisis" para garantizar que los 807 millones de euros comprometidos permitían alcanzar la igualdad retributiva "total y absoluta".

En concreto, el adjudicatario tendría que elaborar un estudio de las retribuciones de policías nacionales, guardias civiles y policías autonómicos, así como analizar comparativamente los puestos de trabajo y las funciones asignadas a cada uno de ellos. De ese trabajo saldría una propuesta para mejorar la organización y las remuneraciones, a fin de corregir la desigualdad en las nóminas.

El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) semanas antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, resolviendo la adjudicación el equipo de Grande-Marlaska en sus primeros días en Interior. La oferta seleccionada por la mesa de contratación fue la presentada por Ernest & Young Abogados SLP (120.516 euros), que se impuso a las formalizadas por BCM Gestión de Servicios SL, Asesoramiento y Gestión Económica Social SLU, Tea Cegos SA, Everis SLU y Willis Tower Watson.

Un trabajo con dos versiones

El informe está envuelto en la polémica. Como informó El Independiente, Interior devolvió el primer trabajo que le presentó la auditora externa después de que ésta concluyera que el montante comprometido no alcanzaba para igualar las nóminas de policías nacionales y guardias civiles con las de los Mossos d’Esquadra. "En nuestra opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva", se lee en las conclusiones del primer dosier entregado por Ernst & Young a la Secretaría de Estado de Seguridad.

En opinión de la consultora, Interior incluyó en su cálculo varios conceptos de manera errónea y que, "de no haberse tenido en cuenta", habrían arrojado una cantidad superior: los pluses de vestuario y residencia y la acción social, dado que tienen un "carácter indemnizatorio" y en consecuencia "no debiera ser considerado como retribución".

Dicho trabajo fue devuelto con el argumento de que no se ajustaba al pliego de condiciones que reguló el concurso, dándole 45 días hábiles a la multinacional para que rehiciera el trabajo. La instrucción expresa que se dio entonces a los técnicos es que debían ceñirse en sus cálculos a la citada cantidad de 807 millones, lo que distorsionaba el espíritu de la cláusula primera del acuerdo: analizar las cifras puesto a puesto y fijar las correcciones que fueran necesarias a fin de que la equiparación fuera "total y absoluta".

Policías y guardias civiles desacreditan el informe tras obligar Interior a la consultora a ceñir su estudio a 807 millones

"Tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad, nuestro informe parte de la interpretación de la Administración contratante consistente en que ‘los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo’ son el ‘marco total y absoluto’ del que debe partirse para ejecutar los servicios incluidos en el pliego por parte de Ernst & Young", se detalla en la segunda y definitiva versión, sí recepcionada por Interior.

Existe una circunstancia que cuestiona que el cálculo de los 807 millones sea riguroso. Como hicieron constar los técnicos de la consultora, el informe no detalla "las percepciones retributivas individuales por puesto" dado que las solicitudes de información fueron ninguneadas por la Generalitat. De esta forma, no dispusieron de datos esenciales para llevar a cabo la comparación de manera adecuada.

Por todo ello, los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil firmantes del acuerdo de equiparación salarial presentaron alegaciones y nunca han dado por buenas las conclusiones que arrojó dicho trabajo, "viciado de origen" -en su opinión- al obligar la Administración a los técnicos que lo elaboraron a ceñirse a una cantidad determinada.

Junto al hecho de no disponer de un trabajo riguroso, los representantes de los agentes imputan a Grande-Marlaska otros dos incumplimientos del acuerdo de equiparación firmado por su antecesor. Uno es el desembolso de 300 millones de euros -a razón de 100 millones anuales entre 2018 y 2020- para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo. El otro es el compromiso de impulsar "las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones".

Falta de impulso legislativo

Esa falta de impulso legislativo es lo que ha llevado al PP a presentar una proposición en el Congreso de los Diputados con la que plantea la modificación de la Ley orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de garantizar que la remuneración que perciben los cuerpos de seguridad estatales y autonómicos sean "iguales" y que ninguna administración pueda acordar aumentos salariales que excedan el límite fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La diputada socialista Gemma Araujo considera que el texto presentado por los populares es "inconstitucional" y que la situación retributiva que plantean es "contraria a derecho". "Es una simple y burda traslación del contenido del Estatuto Básico del Empleado al ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad mostrando una ignorancia extrema en la inconstitucionalidad de determinados bloques y de la propia regulación específica de cada Cuerpo", ha planteado.

Araujo ha criticado que el PP haya presentado esta iniciativa después de que, el 28 de febrero de 2020, se abstuviera cuando el grupo del PSOE en el Senado propuso la creación de una "ponencia especial de estudio sobre la implementación de la estrategia de equiparación salarial efectiva". "Quieren seguir utilizando políticamente a estos cuerpos en una estrategia de desgaste al Gobierno", ha defendido.