El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la reciente presentación del libro 'Heridos y olvidados'.
El Ministerio del Interior ha decidido conceder ahora 45 días hábiles más a la consultora externa para que rehaga el informe clave sobre la equiparación salarial, con lo que el equipo de Grande-Marlaska se garantiza que el documento que debe determinar si los 807 millones comprometidos son suficientes para alcanzar la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra de manera total no se conocerá antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Así lo ha comunicado el titular de Interior este miércoles a los representantes de la asociaciones profesionales en el pleno del Consejo de la Guardia Civil después de que le pidieran explicaciones por el hecho de que, casi un mes después de que terminara el plazo, su departamento les siga ocultando las conclusiones del trabajo realizado por Ernst&Young Abogados SLP.
Interior justifica ahora la decisión de alargar el plazo en el hecho de que el trabajo adolece de un "estudio de equiparación puesto a puesto de trabajo entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil", según han informado las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. La consultora no tendría datos suficientes de la Policía de la Generalitat de Cataluña para realizar el análisis.
El anuncio se ha producido después de la reunión celebrada entre técnicos de Ernst&Young y representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ésta se celebraba tras conocerse que Interior tiene desde hace semanas las conclusiones, que no ha informado a los representantes de los agentes y de que habría dado instrucciones a los auditores para que el trabajo se acomodara a los 807 millones ya consignados.
El departamento de Marlaska dice que el trabajo de la consultora externa incumple el objetivo del encargo
"Los responsables ministeriales han dado un mensaje político, más bien orientado a los logros de su
Ministerio que a aclarar las dudas que se ciernen sobre las últimas decisiones adoptadas con respecto al proceso de equiparación salarial y que han indignado a los guardias civiles", han informado los representantes de los agentes.
El pliego de prescripciones técnicas que reguló la contratación fijó en seis meses el plazo que tenía la citada firma profesional de servicios para entregar el informe a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, lo que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2018. Ese margen expiraba el pasado 4 de marzo, sin que se contemplara la posibilidad de prórroga.
Sorprende que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska invoque ahora que la auditora incumple el encargo cuando, según los términos del contrato, ha debido tener 'monitorizado' el trabajo. Así, la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil “dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato” y, dentro de las 12 primeras semanas, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en la Policía de la Generalitat de Cataluña.
Cláusula incumplida del acuerdo
Ernst&Young quedaba también obligada a aportar dentro de las primeras 16 semanas un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones en dos meses, así como “la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta”.
Es la primera vez que el Ministerio del Interior reconoce haber recibido el citado informe, cuya existencia había negado cuando la consultora ya lo había presentado por dos vías distintas (correo electrónico y en el registro del Ministerio). El acuerdo firmado hace un año incluye una cláusula -concretamente la primera- en la que se detalla que los sindicatos y las asociaciones profesionales participarán en dicho estudio, sin que en la práctica se haya contado con su opinión.
"No cabe duda de que la no participación de las asociaciones profesionales en el proceso de elaboración del informe, tal y como estaba previsto en el acuerdo (...), nos provocan descontento y desconfianza", ha informado la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).
Como viene informando El Independiente, Ernst&Young entregó a finales de febrero a la Secretaría de Estado de Seguridad -a cuyo frente se encuentra Ana Botella- sus conclusiones tras analizar las retribuciones y los puestos de trabajo en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos.
El acuerdo que Juan Ignacio Zoido firmó el 12 de marzo de 2018 con los responsables de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluía una cláusula por la que Interior se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que fijara criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones comprometidos para el trienio 2018-2020 suponen "la equiparación salarial total y absoluta". Fue la forma de desbloquear la negociación y acercar posturas, después de que los representantes de los agentes se hubieran levantado de la mesa tras cifrar en 1.500 millones de euros la cantidad necesaria para recortar la brecha salarial con la Policía de la Generalitat.
Pabellones de la Guardia Civil
Según han informado las asociaciones, Grande-Marlaska ha confirmado en dos ocasiones que el coste de los pabellones que guardias civiles utilizan como viviendas no computará a la hora de cuantificar la cantidad que el Cuerpo recibirá el próximo año en concepto de equiparación salarial, disipando así las dudas que empezaban a extenderse.
AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos han indicado que el titular de Interior "no ha aportado datos ni información objetiva, ni documentación" que justifique por qué se ha reducido en un 1,72 % la cantidad que le corresponde en el segundo tramo, que los agentes verán ingresados en sus nóminas en abril. Las citadas asociaciones consideran que esa decisión, adoptada "fuera de los mecanismos que establece el propio acuerdo", es "absolutamente arbitraria e injustificada" y la recurrirán en los tribunales.
De momento, Interior ha facilitado explicaciones a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil pero no a los sindicatos de la Policía Nacional. Estos han pedido este martes a la Secretaría de Estado de Seguridad que les convoque de manera urgente a una reunión para aclarar todas las dudas que está suscitando la ejecución del acuerdo de equiparación.
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