Política

'Incendio' en Interior en vísperas de la cita del 28-A por la equiparación salarial

Policías y guardias civiles elevan el tono contra el equipo de Marlaska por ocultar y condicionar el informe de la consultora externa que debe cuantificar si los 807 millones comprometidos son suficientes para recortar la brecha con los Mossos d'Esquadra

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, departe con mandos policiales y de la Guardia Civil durante una visita a Melilla.

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, departe con mandos policiales y de la Guardia Civil durante una visita a Melilla. EP

A las puertas del inicio de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril, la ejecución del acuerdo de equiparación salarial heredado del Gobierno de Rajoy se ha convertido en un inesperado frente para Fernando Grande-Marlaska, uno de los actuales ministros de Pedro Sánchez que tiene virtualmente garantizado el escaño en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura al encabezar la lista del PSOE por Cádiz.

«Oscurantismo», «indignación», «decepción», «escamoteo»… Son algunos de los términos con los que los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han descrito este martes la situación que se está viviendo a cuenta de la decisión del Ministerio del Interior de ocultar el informe encargado a una consultora externa (Ernst&Young Abogados SLP) para que determine si los 807 millones de euros ya consignados para el trienio 2018-2020 son suficientes para recortar totalmente la brecha en los sueldos con los Mossos d’Esquadra o por el contrario es necesario corregir al alza el cálculo inicial y desembolsar más dinero.

Las reacciones se producen después de que El Independiente desvelara las presiones que la Secretaría de Estado de Seguridad -el órgano de Interior encargado del seguimiento del acuerdo para la equiparación sellado el 12 de marzo de 2018- ha ejercido sobre la auditora para que acomodara sus conclusiones a la cantidad comprometida tras analizar las retribuciones y los puestos de trabajo en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos. Las instrucciones han partido del comisario de policía José Antonio Rodríguez Lenin, director del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Un portavoz oficial ha defendido este martes que Interior «jamás ordenó maquillar informe alguno», al tiempo que asegura que siguen «trabajando con la consultora hasta que se reciba administrativa y definitivamente el informe».

Interior niega presiones y asegura que trabaja con la consultora hasta recibir «administrativa y definitivamente el informe» final

Seis de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) han anticipado que mostrarán este miércoles a Grande-Marlaska su «enorme descontento y oposición» durante la celebración del pleno ordinario del Consejo de la Guardia Civil -el primero que presidirá desde su llegada a Interior hace nueve meses- a cuenta de la «falta de transparencia en el proceso de equiparación salarial» y la «falta de confianza que genera el incumplimiento de los acuerdos firmados» para la distribución del dinero entre los dos Cuerpos.

Las organizaciones señalan que el «oscurantismo» de la Secretaría de Estado de Seguridad ha tenido como «punto culminante el escamoteo» del dosier entregado por Ernst&Young hace un mes y que «sigue sin ser entregado a las asociaciones profesionales». La negativa de Interior a facilitar el trabajo ha llevado a representantes de los agentes -como la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc)- a solicitarlo a través del Portal de la Transparencia, sin que hayan obtenido respuesta hasta el momento.

Las asociaciones de la Guardia Civil aseguran que pedirán explicaciones al titular de Interior por las «irregularidades en el proceso de equiparación» y, de no ser atendida su demanda, «anunciarán las medidas legales que emprenderán de inmediato». «Son ya demasiados los incumplimientos de los sucesivos gobiernos respecto a los derechos sociolaborales de los guardias civiles. Los trabajadores del Cuerpo, sus familiares y amigos y el resto de la sociedad española reclaman que la Guardia Civil deje de ser una policía de segunda, y que sus agentes se equiparen en todos los sentidos al resto de funcionarios que desarrollan su labor en el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», expone.

Policías y guardias civiles piden a Interior que de manera «urgente» informe sobre el contenido de la auditoría que debe garantizar la equiparación absoluta

Los sindicatos policiales también se han apresurado a urgir explicaciones a Grande-Marlaska tras las informaciones de este diario. La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, ha presentado este martes una reclamación a la Secretaría de Estado de Seguridad para que «de manera urgente» entregue copia del estudio entregado por Ernst&Young, al tiempo que advierte de que iniciarán «cuantas acciones legales sean necesarias» para que se cumplan los términos del acuerdo de equiparación firmado hace un año con Juan Ignacio Zoido.

«Presiones» a la consultora

«A día de hoy, no sólo no ha habido una respuesta oficial de la Secretaría de Estado de Seguridad a este respecto sino que los medios de comunicación, una vez más, han publicado que la consultora adjudicataria de la auditoría está recibiendo presiones e indicaciones de la propia Secretaría de Estado instando supuestamente a falsear los resultados del estudio con el fin de no incrementar esa partida económica final -caso de ser necesario- para lograr la equiparación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, pese a estar consignada y prevista económicamente en los Presupuestos Generales del Estado», denuncia.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) reclaman a Interior que convoque una «reunión urgente» con todos los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para que «ofrezca toda la documentación remitida a su departamento por la consultora». Ésta lo entregó el pasado 20 de febrero a José Antonio Rodríguez; el director del gabinete de la Secretaría de Estado, Pau López, José Antonio Rodríguez, y a Alicia de las Heras, especialista en análisis actuarial y vocal representante del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En unidad de acción, ambas organizaciones también exigen explicaciones por la «cuestionable intervención de dos gabinetes de la Secretaría de Estado de Seguridad, con sus respectivos directores al frente, en las tareas de interlocución y coordinación con la consultora encargada de elaborar la auditoría».

El «trabajo realizado» de Ernst&Young

La CEP y la UFP habían pedido por escrito a Ernst&Young una copia del informe realizado por encargo de Interior. La multinacional denegó la entrega el pasado 14 de marzo, dirigiendo a los sindicatos policiales a plantear «cualquier solicitud de información relativa al trabajo realizado» a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. El uso del verbo en pasado no deja dudas de que el encargo está entregado.

Comunicado de la CEP y la UFP con la respuesta ofrecida por Ernst&Young.

Igualmente, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha instado al ministro del Interior a convocar y presidir «con carácter de urgencia» una reunión del Consejo de Policía para aportar «todos los detalles» sobre el cumplimiento de equiparación salarial. De manera especial, la organización que preside José Antonio Calleja demanda explicaciones a Grande-Marlaska sobre «el ya famoso informe de consultoría que debe arrojar cifras definitivas sobre la diferencia retributiva real entre los funcionarios de la Policía Nacional y del Cuerpo de Mossos d’Esquadra».

El SPP considera que no se compadecen con los hechos las declaraciones del ministro sobre su compromiso con el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial y le reprochan que haya pasado un mes desde que acabó el plazo para que Ernst&Young entregara su informe y «todavía no sepamos nada del resultado».

«Pero es que hay mucho más. Durante los mencionados trabajos no se nos permitió la participación que se fijaba en el acuerdo de equiparación salarial. Pese a que hemos pedido en varias ocasiones mantener reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad no se nos ha hecho ningún caso. La titular de dicha Secretaría de Estado nos indicó el día 26 de febrero que la consultora no había entregado los trabajos comprometidos y sin embargo hemos conocido a través de los medios de comunicación que eso no fue así», ha censurado.

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